El Gobierno ha vuelto a dar muestras de su extraordinaria diligencia en el borrado de archivos cuando se le pregunta por Luis Bárcenas. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo no niega que el extesorero del PP, estando imputado en delito fiscal, fuese asesorado en la Oficina Nacional de Investigación Antifraude (ONIF) sobre cómo acogerse a la amnitía fiscal de 2012, y se limita a decir que la ley les impone destruir el nombre de los visitantes a sus edificios oficiales.

El diputado de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Alvaro Anchuelo dirigió una pregunta por escrito al Gobierno el pasado mes de julio para saber si era cierto que Bárcenas, estando ya imputado en delitos contra la Hacienda Püblica (el juez Ruz le inculpa actualmente por diez), se reunió con inspectores de la ONIF, quienes le habrían asesorado sobre cómo acogerse a la aministía fiscal.

Bárcenas se apuntó a ese proceso,  puesto en marcha por el ministro Cristobal Montoro en el año 2012, a través de una de sus sociedades, y regularizó más de 10 millones de euros por lo que pagó casi 1,2 millones. Hacienda, tras ir conociéndose que guardaba aún más dinero en Suiza, declaró nula la amnistía por la 'inveracidad' de los datos aportados por el extesorero del PP.

El diputado Anchuelo agregaba que la ONIF es la oficina de la Agencia Tributaria que realiza las tareas de auxilio judicial en el caso Bárcenas y en el caso Gürtel, y cuyo jefe, Santiago Menéndez,  fue ascendido hace unos meses a director general de la Agencia. Para aclarar todas esos extremos, el parlamentario preguntó al Gobierno: '¿Aparece en el libro de visitas de la ONIF alguna de don Luis Bárcenas o persona que le represente? De ser así, ¿en qué fechas?'

El Ejecutivo no entra en ninguna de las cuestiones previas planteadas por el diputado en relación al supuesto asesoramiento a Bárcenas, y contesta escuetamente: 'La Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre Ficheros Automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios, de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas, establece, en la Norma Quinta de la misma, que los datos personales recogidos en el acceso no podrán ser conservados transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueran recabados'.

Fue exactamente la misma respuesta que el Partido Popular dió al juez Pablo Ruz el pasado mes de julio cuando le comunicó que había destruido los libros de visitas de la sede del partido en la madrileña calle Génova entre 2001 y 2008. El juez quería saber si era frecuentada por los constructores que hacían generosas donaciones, presuntamente ilegales, a la formación de Mariano Rajoy.

El PP se amparó también en la Ley de Protección de Datos para justificar la destrucción de la lista de visitantes a la sede de Génova.