La Guardia Civil ha detenido ya a nueve personas, entre ellas varios exaltos cargos de la CAM como su exdirector general Roberto López Abad, y ha imputado a otras once en la operación dirigida por la Audiencia Nacional por fraude fiscal en relación con varias operaciones inmobiliarias en el Caribe. El instituto armado ha informado este jueves de que la operación Mar Nuestro, iniciada el pasado martes con varios registros en despachos de abogados y que continuó ayer con cinco detenciones, se desarrolla en Madrid, Alicante, Valencia y Palma de Mallorca.

La información recabada ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe y defraudar varios millones de euros a Hacienda. Entre los detenidos e imputados figuran empresarios que, con financiación de la CAM, la connivencia de algunos de sus directivos y el asesoramiento de varios letrados, habrían creado una estructura societaria, de la que participaba la caja, para cometer estos hechos.

La investigación se inició el año pasado a raíz de una querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que se hizo con el control de la entidad tras la intervención de la misma por el Banco de España, contra los antiguos directivos de la caja por la supuesta concesión de préstamos a empresarios levantinos eludiendo los procedimientos internos de control.

Según la Guardia Civil, estos se beneficiaron, a través de un entramado de empresas, de préstamos por más de 216 millones de dólares concedidos para la compra de dos hoteles y varios solares en México, la República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación. La CAM poseía el 30% de las acciones del grupo empresarial que explotaba los establecimientos hoteleros.

Tres de los detenidos comparecerán este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que les tomará declaración a partir de este mediodía, momento en el que levantará parcialmente el secreto de las actuaciones. Además de López Abad, están citados ante el juez el exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera y del exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz.

La querella del Frob también se dirigía contra los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ordenó la detención de los exaltos cargos de la CAM ante la sospecha de que pretendían huir a Curazao (antiguas Antillas Holandesas), 'país con el que no existe convenio de extradición', según aparece en las resoluciones en las que ordenó los arrestos. Gómez Bermúdez justifica en sus resoluciones las órdenes de detención diciendo que eran necesarias para evitar 'la eventual fuga de los presuntos responsables, pues estos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curazao'. 

El juez imputa a los implicados en la operación delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida. Gómez Bermúdez calcula que la cuota defraudada por varios ex altos cargos de la CAM y empresarios a través de operaciones inmobiliarias en el Caribe asciende a 31 millones de euros. En su auto, el juez añade que los imputados no tuvieron 'ningún reparo' en situar inversiones de la caja 'en territorio calificado de paraíso fiscal'.

La estructura fiscal creada al efecto contó con el asesoramiento 'del despacho Garrigues' y concretamente de su asesor fiscal Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de una sociedad pantalla 'con una actividad meramente aparente' domiciliada en Curazao, Jacksonport Corporation, para canalizar los beneficios.