Ambos trabajan en la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos del departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Martha L. es pedagoga y desde hace 25 años atiende a menores 'víctimas del sistema'. Eduardo J. es psicólogo y lleva 11 años trabajando con 'víctimas de delitos', incluyendo la violencia machista. Los dos denuncian los estragos de los recortes en la atención a este colectivo y las propias insuficiencias del sistema.
La experiencia de Eduardo J. le permite hacer un diagnóstico no muy alentador de la situación: 'No se tiene en cuenta la reparación del daño ni la victimización secundaria, si algunas agresiones carecen de pruebas físicas, informes de secuelas o testigos, la declaración de la víctima queda en un cajón'.
'Como trabajamos en Justicia creemos que tal como dicen las leyes debe haber justicia por igual para todos pero claro, cuando ves que ni a los usuarios ni a los trabajadores se nos trata con esa justicia pues... algo chirría', reflexiona Martha L. Añade que desde hace un tiempo 'prescriben muchas causas a consecuencia de la demora de los juicios' y advierte del peligro que esto supone dado que no hay una respuesta sancionadora eficaz contra los menores que cometen un delito: 'El 'tú haz lo que quieras que no pasa nada' repercute en el vox populi'.
Ahora a Eduardo J. le llegan menos casos de robo con violencia e intimidación y, según dice, 'corren rumores de que hay instrucciones a los Mossos d'esquadra para que no pongan tantas denuncias. Si pillan a un chico destrozando el mobiliario urbano, le ordenan 'oye no lo vuelvas a hacer, vete para casa''.
Hay un punto en todo esto que Eduardo J., como trabajador público afectado por los recortes, intenta comprender. Pero le duele ver algunas las comisarías con goteras, sin papel higiénico, ni grapas para los atestados. Denuncia que si se da el caso de mujeres que tienen que denunciar violencia de género y no hay pruebas, ni informe de lesiones, la mandan a su casa. 'Aquí veo una vuelta a los años ochenta', concluye.
Aunque 'todos los técnicos tenemos que hacer de todo' y desde hace meses la Generaliat está interesada en hacer ver que en Justicia el volumen de trabajo se ha reducido, cada vez que puede, Eduardo J. practica la desobediencia: 'Si veo un caso que requiere tres años de atención yo se los voy a dar, pero desde la administración de Justicia me dicen que es suficiente con tres entrevistas'.
'¡Pero qué terapia dura tres entrevistas!', protesta Martha L., que se ofusca cada vez que rememora el caso de dos chicos que tenían previsto permanecer varios meses 'en un centro de menores en Girona con todo un plan de trabajo estructurado de formación que incluía terapias'. 'Aunque venía dando resultado, como se consideraban casos menos graves, antes del tiempo previsto los echaron del centro; son órdenes de la dirección general', añade esta pedagoga.
En el servicio se atienden a jóvenes a partir de 14 años y en cierta manera a Martha L. le parece perjudicial atender casos de personas tan jóvenes pues se trata 'de un primer contacto con la Justicia donde también se juzga a adultos; si encima el joven tiene un año de libertad vigilada se ve obligado a venir cada 15 días a un ambiente que representa el peso de la Justicia'. Martha L. entiende que a algunos les va bien porque eso les hace reaccionar, pero, en muchos casos, los que han cometido un delito de escasa gravedad son etiquetados como parte del colectivo de la cultura delincuencial.
La inmensa mayoría de los jóvenes que pasan por el servicio está sin trabajo: si antes los que carecían de estudios tenían la construcción, ahora la única salida es el mundo del trapicheo. 'Esto es una bomba de relojería, aunque también es verdad que las consecuencias tardan años en emerger', dice Eduardo J. Martha L. está convencida de que 'si a esos chavales tu les das oportunidades reales, la gran mayoría salen del mundo marginal'.
La realidad, no obstante, parece decir otra cosa: trabajo no hay y aunque se habla de un incremento acelerado de jóvenes que emigran 'lo hacen sólo quienes tienen medios; los pobres se quedan y ya no buscan trabajo, aunque algunos se ganan la vida como pueden, pero el caso es que ya no reciben las ayudas a las que ellos y sus padres antaño tenían derecho'. Martha L. también ha tratado con familias que por no tener para comer se han separado: unos a casa de la abuela, otros a casa del tío.
Por tipo de delitos, hay uno que preocupa especialmente a estos dos funcionarios: la violencia de género. Eduardo J. apunta que es cierto que 'en lo referente a la violencia machista las denuncias han descendido'. Sin embargo, tiene una explicación para este dato: 'Existe más conflicto debido a la precariedad y al desempleo, pero resulta más difícil divorciarse y hay menos autonomía en los dos miembros de la pareja. Hay mujeres que me han dicho: 'A mí me golpea pero si me divorcio me quedo sin comer''.
Eduardo J. es tajante cuando dice que 'hoy por hoy el machismo sigue enquistado en España, se refleja tanto en la derecha como en la izquierda porque la gente piensa que cuando hablamos de machismo es de derechas, fascista y conservador. Pero hay un machismo de izquierdas en casas ocupas y movimientos sociales. Desde que nacemos nos dicen como debe ser un hombre y cómo una mujer, existe también una tradición católica brutal, una pedagogía del franquismo, de 40 años de la sección femenina de la falange', sentencia.
Martha L. se hace una pregunta en voz alta: '¿Cuántos transgresores hay en comparación a chicas? Es un 90% de chicos frente a un 10% de chicas'. En los casos que atiende se repite el patrón: 'El papá hace las funciones de su casa hacia afuera, trabaja, trae las garrafas, es quien bebe; la chica tiene en casa a la mamá que cocina, cría a los niños. Crecen con este otro rol. La mayoría de delitos que tenemos con chicas son de agresiones, peleas con la madre, cómplices de robo, o robo de móvil,' apunta.
En los casos que atiende Eduardo J. las mujeres agredidas preguntan, 'por qué me pasa esto, por qué no me di cuenta antes'. Él les explica que 'la manipulación no ataca la inteligencia, sino a las emociones. Hay un vínculo con esa persona, tu marido, tu pareja, tu padre, y en esos casos es más complicado entender que esa persona, aún cuando dice que te quiere, intente controlarte'.
Martha L. destaca la importancia de la educación. Cuenta un cas en el que trabajó hace un timpo: un chico rumano de 15 años que pegaba a su mujer de 14, por no limpiar bien, ni cuidar de la casa. 'Después de unas cuantas preguntas el chico se sinceró y confesó: 'si no le pego me pega mi padre y mi suegro'. Me lo contaba llorando', relata Martha L., quien destaca que en el fondo el chico no quería pegar a su mujer pues 'preguntaba qué podía hacer para cambiar'.
Aunque aquel chaval provenía de otra cultura, Martha L. tiene algo muy claro: 'Los hombres que pegan a sus mujeres hoy en día buscan el reconocimiento de su masculinidad'.
Martha L. también se encuentra con situaciones donde padres denuncian a sus hijos menores porque les han dado empujones con consecuencias más o menos serias. 'Estamos viendo casos de chicos que han sido maltratados toda su vida físicamente y en la edad de la adolescencia es cuando la devuelven. Los hijos no son capaces de denunciar a sus padres cuando ellos son las víctimas porque dependen económicamente de ellos'.
'La gente no se toma la justicia como un derecho y la educación y la sanidad sí'
Para Martha L. cada caso es una realidad distinta. Hay que ir con mucho cuidado: 'Determinados chicos cuando cogen confianza cuentan: 'claro que he pegado a mi padre, pero es que en casa nos pegamos todos'. Eso ya es el sistema de relación en esa familia'.
Con la nueva reforma del Código Penal, la introducción de las nuevas tasas judiciales ha hecho bajar el número de denuncias, y lo más complejo, prosigue Martha L. es que 'hoy por hoy, tengo madres que quieren denunciar a su ex marido por impago de manutención de su hijo y aun cuando perciben un sueldo de 900 euros tienen que pagar a un abogado. Si no hay derecho a la Justicia gratuita no hay denuncia'. Eduardo J. lo corrobora: 'Los criterios para justificar que te corresponde un abogado de oficio se han endurecido para que la gente se canse'.
'No es lo mismo una mujer maltratada que gane 2.500 euros al mes una que gane 300 euros fregando escaleras, y no es lo mismo si es negra o blanca. El maltrato es igual pero luego están los efectos secundarios. ¿O acaso las empresas tienen una sensibilidad mayor cuando se encuentran un caso de violencia de género? ¿La van a dejar ir al psicólogo, buscar al abogado en su horario laboral o declarar en el juzgado?', se pregunta con indignación Eduardo J.
Desde hace dos años los miércoles a las 10:00 horas, durante los 20 minutos de descanso Eduardo J. y otros compañeros de la (ATCJ) se manifiestan en contra de los recortes y coacciones que sufren en su trabajo diario. 'Si seguís por este camino ateneros a las consecuencias', les espetó un superior. Pero a este psicólogo la criminalización de la protesta social le tiene sin cuidado.
Eduardo comenta que, día sí día no, entre los compañeros se escucha: 'Hombre pero es que somos privilegiados, tenemos trabajo, tal como está la cosa'.
'¿Y por eso ya te tienes que rendir y resignarte?', se pregunta, convencido de que 'si yo no me metiese en este tipo de agitación para canalizar mi rabia y frustración trabajaría peor y acabaría de baja psiquiátrica'.
Eduardo no entiende por qué 'la gente no se toma la justicia como un derecho y la educación y la sanidad sí'. Él mismo se da una psoible respuesta: 'Quizá porque la costra de anestesia social es muy grande'.
Pese a las dificultades, Martha parece optimista: 'Es un tema de actitud, si solo utilizamos el intelecto todo esto pinta a peor. Sin embargo, como muchos somos emocionales yo necesito creer que esto tiene que acabar. Hay un efecto dominó en pequeñas actuaciones, hay que tomar las cosas poco a poco'. Ella y Eduardo coinciden en que la suma de las individualidades por fortuna: 'tienen un efecto multiplicador'.
016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura teléfonica.
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