Los derechos de los ciudadanos encerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son papel mojado. El profesor Miguel Ángel Ramiro Avilés ha dirigido una investigación de la Universidad Carlos III que refleja la 'desoladora realidad' que viven las personas retenidas por estar en situación administrativa irregular.

¿En qué condiciones se encuentran?

No pudimos ver nada con nuestros propios ojos porque no nos dejaron entrar en el CIE de Aluche. Presentamos una solicitud a su director, al secretario de Estado de Seguridad y a la vicepresidenta del Gobierno, pero no nos contestaron. Para elaborar el informe, nos hemos basado en estudios de ONG, en el análisis de autos judiciales y en la legislación española. Sobre el papel, la situación está bien, porque teóricamente los ingresados tienen una serie de derechos. En cambio, las investigaciones muestran una panorámica completamente distinta. El derecho crea una realidad, pero la propia realidad se encarga de desmontarla. Por ejemplo, en ningún sitio está escrito que un interno no pueda tener un teléfono móvil. Sin embargo, lo primero que hacen cuando ingresa es quitárselo, lo que dificulta la comunicación con su abogado.

¿Por qué no están garantizados sus derechos?

En España, ser extranjero no comunitario y pobre es, entre comillas, un pecado y un delito. La doctrina del Tribunal Constitucional permite el trato diferenciado entre los nativos y los extranjeros. La Constitución también dice que todos los españoles son iguales ante la ley, pero excluye a los extranjeros. Todo ello ha creado una jurisprudencia en la que se establecen distintas categorías. Un europeo es como un español, pero el de fuera de la UE tiene todas las de perder.

¿Falta voluntad política? ¿Por qué?

La directiva del retorno, calificada como la directiva de la vergüenza, es el origen de todos los males. Hay que controlar los flujos migratorios y, desde entonces, los centros de internamiento cobran más importancia. Lo que sucede es que no están detenidos, porque no han cometido ningún delito. Ingresar a un extranjero en un CIE es como matar moscas a cañonazos.

¿Qué alternativas existen al encierro?

Puede ir a firmar puntualmente a un juzgado, retirársele el pasaporte, exigirle una fianza y otras medidas cautelares. Entre otros motivos, porque muchos de ellos tienen arraigo: familia, trabajo, domicilio fijo... Por lo tanto, no es necesario encerrarlo en un CIE, porque así se destruye la red social que tiene a su alrededor. Hay que pensar que no existen CIE en todas las provincias, lo que fomenta la dispersión de las familias.

¿Cuál es la solución para acabar con ese 'limbo impropio de un Estado de derecho'?

El Estado no debe ver al extranjero como un peligro y éste tiene que gozar de plenos derechos . Una actitud contraria a la de los gobernantes que equiparan inmigración con delincuencia.

¿En qué circunstancias se están ejecutando las expulsiones?

Sin las mínimas garantías. Ahora avisan con 24 horas de antelación, pero hasta hace poco se realizaban prácticamente con nocturnidad y alevosía.

¿Han detectado casos de personas cuya vida peligra en su país de origen?

Claro. Hay gente que incluso ha mentido sobre su nacionalidad. Por ejemplo, hemos detectado casos de ciudadanos colombianos que dijeron que eran mexicanos para no regresar a su país. El Gobierno, en ese sentido, no tiene en cuenta que algunas personas son muy vulnerables.