Tres meses después de la publicación de los resultados de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación ha vuelto a pedir a los tribunales encargados de evaluar a los candidatos informaciones sobre sus exámenes.

La portavoz de UGT Virginia Fernández asegura a Público que la institución que dirige Lucía Figar quiere hacerse con esos datos para elaborar un informe que desprestigie la profesión: 'Entendemos que quieren usar de nuevo esto para hacer un pseudo informe y hacer escarnio público del colectivo, tal y como ocurrió en 2011. Entonces se hicieron públicas anécdotas del examen con clara tendenciosidad, y no entendemos que se gasten dinero en esto', asegura.

CCOO: 'Desde el inicio han recibido presiones, llamadas en las que les decían cómo corregir los exámenes' 'Entendemos que el objetivo del informe que hace la administración es el malestar de un gran número de presidentes y presidentas de tribunales', asegura Isabel Galvín, portavoz de Comisiones Obreras. Galvín expresa la 'preocupación' de CCOO por la presión a los tribunales que corrigen estas oposiciones, 'que no es algo nuevo y se perpetúa durante todo el proceso de la oposición'. 'Desde el inicio han recibido presiones, llamadas en las que les indicaban cómo corregir los exámenes, e incluso han recibido presión sobre las notas', defiende Galvín.

En una nota fechada el 14 de octubre, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación -la institución que contrata como interinos a profesores que suspendieron su oposición - conmina a los tribunales a 'consignar la puntuación de cada pregunta de la prueba común por cada aspirante presentado en su tribunal, garantizando, en todo caso, el anonimato de los candidatos', a pesar de que los resultados de este examen fueron publicados a finales de julio.

Los tribunales deberán entregar esta información antes del 25 de octubre, pero los sindicatos denuncian que no es la primera vez que la Consejería -que no ha respondido a la petición de información de este diario- exige estos datos, solicitados previamente de manera verbal.

'Varios miembros de los tribunales consideran que es una injerencia que puede vulnerar derechos de los opositores. Los que se negaron han sufrido represalias, les han quitado el complemento de productividad', asegura la portavoz de UGT.

La Administración se escuda en el apartado 6 de la Resolución 9 del 9 de mayo de 2013 -emitida por la Dirección General de Recursos, que le brinda la 'posibilidad de solicitar de los órganos de selección, a lo largo del proceso selectivo', información sobre los exámenes.

'En la resolución pueden poner lo que quieran, pero si eso incumple una normativa de orden superior esto no sirve' asegura CCOO.

Sin embargo, el secretario de Enseñanza Pública no Universitaria de CCOO de Madrid, Héctor Adsuar, cuestiona la validez de esta resolución y anuncia que están estudiando emprender medidas judiciales. 'En la resolución pueden poner lo que quieran, pero si eso incumple una normativa de orden superior esto no sirve. El hecho de que los tribunales hagan pública esta información no es lícito, pero la Consejería insiste en hacer un nuevo intento de que les den esos datos'.

El sindicato ya presentó una denuncia ante el Consejo Selectivo por la falta de transparencia de la Consejería en este proceso. 'Denunciamos irregularidades sobre el diseño de las oposiciones, el insuficiente tiempo concedido para realizar algunas de las pruebas, que las explicaciones que daban a los tribunales no eran las que la normativa contemplaba. Se les decía que no podían dar respuesta a las reclamaciones o explicaciones sobre las correcciones', defiende Adsuar. Virginia Fernández también critica la resolución: 'En la convocatoria dicen que pueden pedir datos con carácter estadístico, pero varios tribunales aseguran que pruebas tan específicas no pueden tener uso estadístico, y que la Administración pretende pervertir los resultados.

Hacer una estadística de esta manera dará resultados engañosos y perversos, y eso ya se ha hecho, asegura la portavoz de UGT. Isabel Galvín, recuerda que 'el año pasado la administración usó este tipo de informaciones para desprestigiar a la profesión, a los profesores que se presentan a una plaza como enseñantes en un centro público', sostiene.

'La consejera inició una campaña de desprestigio de los maestros y maestras de la escuela pública', manifiesta UGT.

Galvín asegura que estos informes se elaboraron por primera vez en 2011, y al año siguiente se difundieron 'entre 10 y 12 páginas, un extracto con un resumen de las respuestas más llamativas, una especie de anecdotario. La consejera inició una campaña de desprestigio de los maestros y maestras de la escuela pública, se hizo un uso partidista del informe. La consejera decide que hay que cambiar el sistema de formación del profesorado, pero quedan fuera del punto de mira todos los profesores que trabajan en el sector privado, los famosos nativos que contratan fuera de concurso oposición, y por supuesto los profesores del resto de España', defiende.

Como aseguran las portavoces de ambos sindicatos, Héctor Adsuar sostiene que el informe no es representativo y los resultados se plantean con una intencionalidad clara. 'Las respuestas de más de 10.000 personas -los opositores- nada tienen que ver con la capacidad y el profesorado de la Comunidad de Madrid, tanto los que entran como los que la Consejería deja fuera con sus recortes y sus parados. La Consejería intenta tapar lo que está haciendo con titulares demagógicos, desprestigiando la labor de los profesionales de la enseñanza', concluye.