La visita a España del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha servido para llamar la atención al Gobierno y reconocer, al nivel más alto de la UE, lo que muchos colectivos y víctimas llevan tiempo denunciando en España: que las autoridades recurren a un 'uso excesivo de la fuerza' contra las manifestaciones ciudadanas, importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados.

En su informe, publicado este miércoles, los funcionarios europeos dan unas recomendaciones muy claras de cara a impedir que en España los derechos humanos sigan siendo violados por parte de las autoridades: condenar 'con firmeza y públicamente todos los casos de malos tratos y abusos cometidos por agentes del orden'; abolir la detención incomunicada, 'donde más violaciones de los derechos humanos se producen'; combatir los comportamientos discriminatorios entre los miembros de la fuerza pública; adoptar, cuando antes, una clara regulación del uso de la fuerza por parte de los agentes antidisturbios en manifestaciones, especialmente el uso de las pelotas de goma, y que, en todo caso, los policías vayan identificados, como no ocurre en la actualidad.

'Los indultos en los casos relacionados con violaciones de derechos humano son motivo de grave preocupación'

La situación que se vive en las calles, así como en comisarías, prisiones y Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), que ha recogido el Comisionado ha sorprendido a los enviados europeos. 'La investigación indica un excesivo uso de la fuerza por parte de las agentes de seguridad en las manifestaciones contra la austeridad de 2011 y 2012, que sacaron a la luz violaciones de los derechos humanos que se cometían desde hace años', comienza relatando el documento en el apartado dedicado a esta cuestión. A continuación, ponen el acento en un aspecto que para ellos es condición necesaria para que todo esto pueda ocurrir: 'la concesión de indultos por el Gobierno, incluso en los casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, tales como los indultos otorgados en noviembre de 2012 a cuatro agentes de Policía que había sido condenado por la tortura, ha sido motivo de grave preocupación para el Comisario'.

Recuerdan cómo, desde 1991, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) ha venido llamando la atención del problema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional en 'casos de detención por sospecha de pertenencia o relación a grupos armados o terroristas', algo que desde colectivos vascos se ha denunciando durante años mientras todas las autoridades miraban para otro lado. En opinión del Comisionado, 'la propia naturaleza de la incomunicación durante las detenciones favorece las violaciones de derechos humanos'. Y también se hacen eco de otra denuncia del CPT desde hace largo tiempo: los interrogatorios a activistas, tanto en Euskadi como en el resto del Estado, los llevan a cabo agentes encapuchados. En cuatro casos se ha considerado que España había violado el artículo 3 del Comisionado Europeo de Derechos Humanos, debido a la falta de investigaciones efectivas sobre las denuncias de malos tratos cometidos en el contexto de régimen de incomunicación.

El documento también recuerda cómo, desde 2011, el número de manifestaciones contra las medidas de austeridad han crecido exponencialmente en España. En 2012 la Policía Nacional registró un total de cerca de 6.000 manifestaciones, un incremento del 50% respecto a 2011. Y también explican cómo las protestas han adquirido nuevas formas: ocupaciones de espacios públicos durante periodos prolongados, desobediencia civil para parar los desahucios, ocupación de edificios abandonados, escraches... Aunque reconocen que esto, sin duda, dificulta la actuación de la fuerza pública, el Comisionado se muestra rotundo a la hora de señalar que 'es de vital importancia garantizar que las libertades de expresión y de reunión pacífica sean plenamente respetadas y protegidas'.

Denuncian la 'falta de normas claras sobre el uso de las nuevas armas de proyectiles'

Entre los episodios más negros del historial de la represión y la violación de derechos humanos en España en los últimos años sin duda están los casos de la manifestación del 15 de mayo de 2011 de Madrid, el desalojo de Plaça Catalunya que tuvo lugar días después y las cargas policiales contra la manifestación que rodeaba el Congreso de los Diputados el 25 de septiembre de 2012, donde, según ha recogido el Comisario, 25 de las 37 personas detenidas ese día presentaron quejas de malos tratos a manos de agentes de la Policía Nacional durante su detención. Y recuerdan que en Madrid, se han puesto 1117 multas administrativas a manifestantes que habían sido identificados por participar en protestas, 230 sólo entre enero y abril de 2012.

También hacen especial hincapié en el uso que hacen los agentes antidisturbios de las balas de goma para atacar a los manifestantes, puesto que 'el uso de tales armas presenta un peligro claro como lo demuestra la muerte de una persona afectada por una bala de goma en Bilbao en abril 2012' y las tres personas que en Barcelona perdieron la visión de un ojo sólo en 2012. Y denuncian la 'falta de normas claras sobre el uso de las nuevas armas de proyectiles'. ¿Una forma fácil para que estos abusos dejen de ocurrir? Como han repetido muchos colectivos: que los agentes antidisturbios vayan identificados.