30.000. Esa es la cifra de mujeres de entre 50 y 69 años que este año aún no han participado en los cribados de cáncer de mama de la Comunidad de Madrid. Según ha admitido hoy el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, el programa público de detección de la enfermedad se ha retrasado hasta siete meses 'por dificultades administrativas'.

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (DEPRECAM) se lleva a cabo a través de conciertos con clínicas privadas donde las mujeres en edad de riesgo de padecer la enfermedad se realizan mamografías preventivas que paga la Comunidad. Según ha adelantado la Cadena Ser, la patronal de dichos centros de salud culpa a la Consejería de Lasquetty de haber roto el contrato en marzo 'para sacar uno nuevo'. 'Al final no lo ha conseguido por problemas presupuestarios', señalan fuentes de las clínicas a la citada cadena.

Tras hacerse pública la noticia, el titular de Sanidad ha admitido -tras participar en un acto sobre lesiones medulares crónicas- este retraso de siete meses en las pruebas preventivas, pero ha insistido en que ' estas pacientes no se han quedado sin la mamografía, sino que sólo se ha dado es un retraso en los últimos meses', informa Efe.

El consejero de Sanidad ha recalcado que, en lo que va de año, se han realizado 70.000 mamografías preventivas y hay otras 10.000 citadas para las próximas semanas. Además, ha defendido que el retraso del programa en las clínicas privadas supone 'la parte menor' del programa de prevención. Ha agregado que Sanidad tiene que sacar a licitación el nuevo concurso, que según ha indicado 'está a punto de salir'. 'Ahora hay que acelerar el trabajo y trabajar con más intensidad para recuperar el tiempo perdido', ha apostillado Lasquetty.

El retraso en la realización de las pruebas en las clínicas privadas ha sido criticado hoy por Izquierda Unida, cuyo portavoz de Sanidad, Rubén Bejarano, ha reclamado la comparecencia de Fernández Lasquetty en la Asamblea de Madrid para que explique el estado del programa de detección precoz.

Bejarano ha achacado la paralización durante siete meses del programa a la 'insistencia' del Gobierno de la Comunidad de Madrid en 'prestar asistencia pública en clínicas privadas', lo que en su opinión 'ni es más económico, ni más transparente ni ayuda a resolver los problemas'.