Las comunidades no han comenzado a cobrar por los fármacos dispensados en las farmacias de los hospitales, a pesar de que hoy entraba en vigor una resolución del Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato por la que los pacientes deberán abonar un 10%, con un tope de 4,20 euros, por esos medicamentos.

La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 19 de septiembre, afecta a 42 medicamentos en 157 presentaciones diferentes destinados a enfermedades crónicas graves como cáncer, esterilidad o hepatitis C, que se dispensan a través de esas farmacias debido a su elevado precio o a la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento.

A raíz de publicarse en el BOE la resolución, algunas comunidades anunciaron que no iban a aplicarla, varias por problemas de infraestructura, y otras porque no estaban de acuerdo, entre ellas, Andalucía, que ha presentado un recurso de alzada contra la resolución. También Canarias va a recurrirla y, por ello, no va a aplicarla y va a solicitar la suspensión cautelar de la medida, a la que se opone porque generará poco ahorro.

Ni Euskadi ni Catalunya tienen intención de implantar el nuevo copago, en el primer caso porque consideran la medida un 'disparate', y en el segundo no lo harán hasta que el Departamento de Salud de la Generalitat elabore un protocolo que garantice que la medida no discrimina a las personas sin recursos.

El Gobierno de Balears ha rechazado su aplicación 'mientras no haya unas directrices claras, concretas y obligatorias', en tanto que Aragón asegura no disponer de herramientas para ello y, además, está analizando caso a caso la incidencia que tiene para los pacientes. En Asturias, además de alegar problemas de infraestructura, el Ejecutivo regional ya ha anunciado que presentará un requerimiento al Ministerio de Sanidad para que retire la medida.

Comunidad de Madrid y La Rioja se han mostrado a favor del copago farmacéutico hospitalario, aunque en ningún caso han confirmado que se haya puesto en marcha hoy. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ha confirmado que su comunidad lo va a aplicar porque considera que es una norma justa.

En el caso de Madrid, fuentes de la Consejería de Sanidad, han señalado que se trata de 'una norma de obligado cumplimiento', pero han precisado que implica una adaptación técnica. También consideran que es una norma estatal que hay que cumplir otras autonomías como el País Valencià, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, que han aducido problemas técnicos para no aplicarla hoy, en el momento de su entrada en vigor. Ninguna de estas comunidades ha fijado una fecha para su puesta en marcha.

Por su parte, Navarra no va a aplicar de momento el copago, ya que tiene muchas dudas sobre su cobro, que confiaba se despejasen en la reunión de la Comisión de Farmacia entre representantes autonómicos y del Ministerio, que ha tenido lugar hoy. A esa reunión se ha remitido también el Gobierno de Murcia, ya que, según fuentes de la administración regional, 'debe haber consenso para evitar desigualdades entre los ciudadanos'.

Algunas Comunidades apuntan a noviembre o enero para empezar a aplicar la medida

Fuentes del Ministerio de Sanidad han asegurado a Efe que la Comisión de Farmacia no ha acordado ningún plazo concreto en la reunión de hoy, aunque algunas comunidades han puesto sobre la mesa fechas como noviembre o enero para iniciar el cobro.

Los Servicios de Salud autonómicos tienen que ir adaptando sus sistemas para poder poner en marcha la medida, han señalado las mismas fuentes, que han precisado que el hecho de que hoy no realicen el cobro no quiere decir que estén incumpliendo la norma. De hecho, según las fuentes, el copago hospitalario entró en vigor el 1 de diciembre de 2012 mediante la publicación en el BOE de un Real Decreto que equiparaba la receta médica a la orden de dispensación hospitalaria.

Aunque en un primer momento, el departamento de Ana Mato dejaba el copago en farmacia hospitalaria en manos de las Comunidades Autónomas, hoy la número dos del Ministerio ha advertido a las insumisas que la norma es 'de obligado cumplimiento'. La secretaria general del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, ha dicho hoy que todas las autonomías 'tienen obligación de cumplir la ley'.

Farjas ha manifestado que el Ministerio ha ofrecido a las comunidades autónomas apoyo técnico por si alguna lo precisaba, y ha augurado que la 'aceleración' en el proceso de implantación de la receta electrónica se trasladará 'de forma más rápida' a los hospitales. La secretaria ha agregado que el Ministerio 'entiende' las dificultades de algunas comunidades 'que están siendo más lentas en el proceso de informatización', pero cree que 'lo superarán rápidamente'.

Farjas confía en que, 'más allá del debate político a corto plazo' y 'de miras cortas', todas las comunidades 'sabrán apostar por los pacientes y por la sostenibilidad del sistema'. 'Esta situación de opiniones la hemos vivido en otros momentos. Sabemos que al final, cuando las medidas se implantan son medidas eficaces, solventes y bien moduladas para proteger a los más débiles en el Sistema Nacional de Salud', ha dicho.