María tiene cuatro hijos que mantener. Cuando se quedó embarazada una vez más hizo cuentas y no le alcanzaron. Su situación de desempleo no la favorece, tampoco unas ayudas que antes recibía y que ahora han ido mermando: primero fueron las becas de los libros de los mayores, luego las del comedor de los pequeños... Sumó y restó y el saldo le salió negativo. Y María decidió abortar.

En torno a un 30% de mujeres abortan en nuestro país por causas económicas o laborales. Lo que quiere decir que más de 35.500 Marías no podrán abortar si la ley de Gallardón ve la luz, porque este supuesto no está aparentemente contemplado en la nueva legislación.

Casi un 90% de las menores de 16 y 17 años (el 87%, concretamente) informan a sus padres cuando les sobreviene un embarazo no deseado y deciden interrumpirlo. Es más, la mayoría vienen acompañadas por ellos a los centros para interrumpir la gestación. Sin embargo, Virginia, Clara, Rosalyn, Ainoa, Raquel...no podrán hacerlo si llega a aprobarse la ley del titular de Justicia. En estos casos recurrirán a un aborto clandestino, arriesgando su salud o su vida, porque estas mujeres jóvenes abortarán igualmente. E igualmente no podrán contárselo a sus tutores: Virginia, porque se quedó embarazada como consecuencia de abusos en el seno familiar; Clara, porque sus padres cumplen pena de prisión; Rosalyn, porque es una menor inmigrante que está sola en nuestro país; Ainoa, porque sus progenitores sufren una enfermedad invalidante; Raquel, porque preferiría estar muerta antes que contárselo a una madre absolutamente contraria al aborto. Por eso, si se aprueba la ley Gallardón, estimamos que aproximadamente unas 500 menores de 16 y 17 años quedarán en tierra de nadie. Podría parecer que no son demasiadas, pero sus casos son especialmente dolorosos, pues son menores en desamparo, menores que provienen de familias desestructuradas, menores violadas, menores solas, menores que no recurrirán a un tutor, a unos padres, a un juez..., sino al aborto clandestino e inseguro.

¿Quiénes somos para juzgar, para sopesar lo que una mujer, su compañero, su familia es capaz de soportar vitalmente?. ¿Quiénes somos para establecer el grado de sufrimiento que una mujer puede sobrellevar frente a la discapacidad grave de su hijo o hija enfermo/a?. Parece ser que el titular de Justicia y unos expertos que no conocemos sí están capacitados para establecer las medidas del sufrimiento, del dolor vital y el grado de discapacidad con el que se puede vivir o morir. Por eso 3.234 mujeres -previsiblemente, según datos de Acai y el Ministerio de Sanidad- no podrán interrumpir su gestación porque la patología que padece el feto aun siendo grave, no es incompatible con la vida, que es la condición que el titular de Justicia y unos expertos desconocidos parecen haber establecido como requisito previo en su regla del dolor.

Esperanza no podía tener ese hijo porque no estaba preparada para ser madre, Alba simplemente no quería tenerlo, no podía tenerlo, Eva tenía ya bastantes problemas en su vida como para afrontar un embarazo no deseado. Y así hasta un total de 66.107 mujeres. Mujeres que abortan por causas que no tienen origen ni económico, ni laboral, ni afectivo. Porque más de un 60% de las mujeres que abortan en nuestro país no abortan por esas causas, sino porque por un motivo íntimo y personal no pueden afrontar su maternidad. ¿Qué hará la legislación con esas mujeres? ¿En qué supuesto las ocultará?

Si han ido sumando, coincidirán con nosotras y nosotros en que más de 100.000 mujeres (105.341) de las 118.359 que abortan en nuestro país, son invisibles en la Ley Gallardón. ¿Qué hará con ellas señor ministro?. ¿Bajo qué supuesto ocultará su legítimo derecho?. ¿Su necesidad vital?. ¿Su decisión libre y autónoma?. ¿La decisión que, con o sin su cobertura legal, llevarán a cabo?. Probablemente no tenga usted respuesta, porque usted, señor ministro, aún no ha asimilado que una mujer, con ley o sin ella, interrumpirá su embarazo si está decidida a hacerlo.

* Empar Pineda es vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai)