La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de acusación 13 años de cárcel para Carlos Fabra Carreras, expresidente de la Diputación de Castellón y preboste del Partido Popular en dicha provincia, así como que se le condene a pagar una multa de 1,98 millones de euros y que indemnice a la Hacienda Pública con otros 692.000 euros. Fabra se sentará en el banquillo a partir del próximo 2 de octubre en la Audiencia Provincial de Castellón.

En su escrito, con fecha de 9 de enero de 2012, pero difundido este jueves por la Fiscalía, el Ministerio Público considera a Fabra autor de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, uno continuado de tráfico de influencias, y otro, también continuado, de cohecho (soborno). Anticorrupción reclama además su inhabilitación para empleo o cargo público durante 15 años.

Fabra será juzgado por haber intermediado en favor de la concesión de licencias de fitosanitarios, a cambio de al menos 25 millones de pesetas, en favor de la empresa Naranjax S.L., de la que eran administradores únicos el matrimonio formado por Vicente Vilar Ibáñez y Montserrat Vives Plaja. Para cada uno de estos dos últimos, el fiscal pide 4 años de cárcel y multa de 600.000 euros, por un cohecho continuado.

La cuarta persona que se sentará en el banquillo es la exesposa de Fabra, Amparo Fernández Blanes --en el momento de los hechos, casada con él--. Anticorrupción la considera autora de tres delitos contra la Hacienda Pública, por lo que solicita que sea condenada a 6 años de cárcel, multa de 860.000 euros e indemnización a las arcas públicas de 427.000.

En el relato que hace el fiscal en su escrito, se consignan reuniones que Fabra mantuvo en 1999 para conseguir agilizar la autorización de los fitosanitarios de Naranjax, con los entonces ministros de Agricultura y Sanidad, Jesús Posada y Celia Villalobos, respectivamente (hoy presidente y vicepresidenta del Congreso de los Diputados), con el que era secretaria de Estado de Hacienda Juan Costa (diputado por Castellón, el feudo histórico del acusado), y el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno con José María Aznar, Alfredo Timmermans. 

Todos ellos, y otros como el actual ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, o el vicesecretario general del PP Esteban González Pons, están citados a declarar como testigos en la vista, que está previsto que se prolongue hasta el 30 octubre. Ya lo hicieron en la fase de instrucción, varios de ellos acogiéndose al privilegio del que gozan determinadas autoridades de hacerlo por escrito.

En el escrito de la Fiscalía, se acusa a Fabra de mediar para conseguir agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la empresa Naranjax dirigida por Vilar entre los años 1999 y 2002. Así, en el escrito se destaca que, en 1999, Vicente Vilar, administrador único de Naranjax S.L. y su entonces esposa, Montserrat Vives, administradora de Arcavi S.L., se pusieron en contacto con Fabra para que influyera ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de determinados productos fitosanitarios.

Según consta en el documento, Fabra medió con ambos ministerios, constando varias reuniones con responsables políticos para conseguir la licencia para la producción y comercialización del fitosanitario Abamectina (ABAC), principal producto de las empresas controladas por Vilar y Vives, que se aprobó el 18 de octubre de 1999.

'Como consecuencia del resultado de sus gestiones, el acusado Fabra requirió al acusado Vicente Vilar para que le pagara la cantidad de 25 millones de pesetas', que se le abonaron con un dinero 'procedente de un anticipo abonado por una empresa cliente de Naranjax S.L.', señala el escrito.

Posteriormente, la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, y Montserrat Vives adquirieron a medias la sociedad Artemis 2000, titular de los productos cuya distribución tenía Naranjax en exclusiva, administrada por Vilar y que 'carecía de actividad y trabajadores'.

Tras la constitución de esta sociedad, según el escrito, Fabra continuó en su tarea de intermediación ante autoridades políticas y administrativas en favor de las empresas de Vilar y Vives y también de la que su exesposa tenía a medias con Vives.

En abril de 2000, Fabra constituyó la sociedad Carmacas S.L. de la que era administrador único. 'Esta sociedad utilizó parte de su facturación para ocultar los pagos realizados por Vicente Vilar a Carlos Fabra. Carmacas S.L. facturaba a las empresas del grupo controlado por el acusado Vilar: Naranjax S.L., Industrias Químicas Arcavi S.L. y Artemis 2000 S.L.'.

Es a estas empresas donde, 'so pretexto de unos genéricos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo' se facturaron 180.000 euros entre el año 2000 y 2001.

Asimismo, en el escrito se afirma que entre 1999 y 2004, Fabra y su exmujer, Amparo Fernández, 'realizaron un elevado número de operaciones bancarias en las cuentas de las que eran titulares, tales como ingresos en efectivo, mediante cheque o transferencia, así como cobros en efectivo de cheques y otros pagos en efectivo que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados y que fueron ocultados a la Hacienda Pública'.