El Gobierno argentino ha habilitado a sus consulados a admitir denuncias por supuestos delitos cometidos durante la dictadura franquista y a sumarse así a la causa abierta por la Justicia del país, confirmaron  fuentes judiciales.

La Cancillería argentina informó la semana pasada al juzgado de María Servini de Cubría, que lleva la causa abierta por delitos cometidos durante el franquismo, que había habilitado la posibilidad de que las víctimas prestasen declaración ante los cónsules argentinos en el extranjero, evitando así desplazarse hasta Buenos Aires o declarar mediante videoconferencia, informaron las fuentes. Servini de Cubría resolvió en marzo atender a la petición de los abogados querellantes y solicitar a la Cancillería que habilitara esta vía de denuncia, pero el Ministerio de Exteriores no abrió la posibilidad hasta la pasada semana, cuando, según las citadas fuentes, notificó al juzgado.

La notificación de la Cancillería fue posterior a las órdenes de búsqueda y captura dictadas por la jueza contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas por supuesta participación en delitos de represión durante la dictadura. 'Por ahora no hay constancia de que ninguna demanda haya sido presentada ni rechazada', detallaron las fuentes.

En declaraciones a Efe, el abogado de la querella Máximo Castex subrayó que 'es muy importante que exista esta posibilidad, para quienes no pueden viajar o hacer una videoconferencia'. Según el letrado, no se han presentado aún denuncias en los consulados porque hasta ahora 'no había una instrucción clara' sobre cómo sería el procedimiento. Los cónsules argentinos actuarán como notarios y tomarán declaración a los denunciantes, que después será remitida a la jueza y se sumará a la causa, especificó Castex.

La semana pasada, María Servini de Cubría ordenó la detención de los antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por supuestos delitos de represión durante la dictadura franquista. Servini adoptó esta decisión en el marco de la causa abierta en Argentina en 2010 por 'delitos de genocidio y/o lesa humanidad' cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura de Franco.