En plena crisis económica, con la reivindicación independentista en Catalunya alcanzando sus mayores cotas, las instituciones -incluida la Monarquía- y los partidos políticos en su peor momento de valoración ciudadana o la corrupción en alza como principal preocupación entre la opinión pública, la Casa Real anuncia que Juan Carlos de Borbón va a ser operado en los próximos días por quinta vez en un año, pero además, que el periodo de su rehabilitación puede extenderse hasta seis meses. Desde abril de 2012, cuando el monarca fue intervenido en la cadera derecha tras su polémica caída en Botsuana -en donde cazaba elefantes sin conocimiento de la opinión pública-, hasta que finalice la rehabilitación de ésta, su quinta intervención quirúrgica en año y medio (la octava operación en dos años y medio), España habrá tenido a un jefe del Estado sin plenas facultades durante dos años.
De momento, la Casa Real ya ha confirmado que el monarca se ausentará de sus dos responsabilidades más importantes del año: la celebración del Día de la Hispanidad el 12 de octubre y la 23ª Cumbre Iberoamericana, que este año se celebrará en Panamá (18 y 19 de octubre) A la primera acudirá el príncipe de Asturias -algo que hace igualmente con la asistencia del rey-, pero a Ciudad de Panamá, no viajará, ya que el heredero sólo ostentará las funciones de jefe del Estado si su padre abdica o las Cortes declaran la inhabilitación del monarca y el príncipe Felipe asume la Regencia, conforme al artículo 59.2 del Título II (De la Corona) de la Constitución Española.
Los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario (PP y PSOE) no se plantean reconocer la imposibilidad del rey 'para el ejercicio de su autoridad', como reza la Carta Magna que tienen que proceder para activar la Regencia, una figura de carácter transitorio, pero que, por la edad del rey (75 años), adquiriría carácter permanente de cara a la opinión público. Lo confirmaron en abril, cuando Juan Carlos de Borbón volvió al quirófano para ser operado de una hernia discal, y lo mantienen a día de hoy. Además, fuentes de ambos lados reconocen que el reconocimiento parlamentario de una inhabilitación del rey partirá del propio rey, salvo una situación imprevista, por ejemplo y en este caso concreto, que surgiese una complicación en la mesa de operaciones que dejase al monarca en coma y lo incapacitase plenamente.
Teniendo en cuenta también que la abdicación es una decisión personalísima del monarca y 'el rey manda mucho' -recuerdan en el entorno más próximo de la Casa Real-, parece difícil que, al menos en los seis meses que podría durar esta última rehabilitación de Juan Carlos de Borbón, vayan a producirse cambios. Así, las razones que desgranan reconocidos monárquicos por las que creen que el rey debería traspasar sus funciones a su hijo (la citada crisis económica; la institucional, política o monárquica; la caída de la Corona en las encuestas,...) son las mismas que el jefe del Estado considera para no renunciar a su papel de momento. Lo que sí parece inevitable, y así lo reconocen al menos fuentes socialistas, que trabajan en este tema para incluirlo en su próxima Conferencia Política, es que la ley orgánica que menciona el artículo 57.5 de la Constitución ('Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá en una ley orgánica') tiene que desarrollarse 'cuanto antes' para dar normalidad a los asuntos referidos a la sucesión de la Jefatura del Estado y que tarde o temprano habrán de abordarse. Podría hacerse en estos meses de nueva rehabilitación del rey, 'pero a ver quién le pone el cascabel al gato', describen gráficamente los consultados. Confirman así que haber evitado la cuestión durante 35 años -los mismos de oscurantismo y protección de la institución monárquica- ha traído más inconvenientes que ventajas. Junto a esta ley por desarrollar, además, están pendientes la reforma de la Constitución para igualar a la mujer y el varón en el orden sucesorio y dar luz verde a un estatuto de la familia real que diga exactamente quiénes son sus componentes, limitando la estructura al máximo para evitar 'fatales' desenlaces como el de Iñaki Urdangarin.
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