El pasado 30 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy, coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, emitió un comunicado en el que resaltaba el compromiso del Ejecutivo por 'la promoción y el respeto de los derechos humanos, la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas'. En el comunicado, el Gobierno insistía en su voluntad de esclarecer 'cualquier caso de desaparición forzada' y aseguraba desplegar 'año tras año más esfuerzos en esta esfera'.

Sus palabras, sin embargo, no han debido convencer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que este lunes viaja a España para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas acaecidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil, el establecimiento de una verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante el mismo período histórico y la reparación de las víctimas, que a día de hoy, casi 38 después de la muerte del dictador, continúan batallando para poder encontrar y dar sepultura a sus familiares desaparecidos.

Motivos para la incredulidad no le faltan al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Nada más llegar al poder, Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos; eliminó la partida de los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la Justicia argentina.

Todo ello, en un país, España, donde hay entre 88.000 y 130.000 personas enterradas en cualquier cuneta, 30.000 niños robados, una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista imposible de determinar y donde la única persona que salió malparada de la causa judicial abierta contra la dictadura franquista fue el propio juez que instruyó la causa.

Por ello, con el fin de determinar si el Estado español cumple con sus obligaciones en materia internacional de respeto por los derechos humanos y de esclarecimiento del pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU visitará durante una semana Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria, donde mantendrá diversas reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos, asociaciones civiles, abogados, académicos y otros actores pertinentes.

'Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado'

'Esta visita es fundamental para nosotros. Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ante esta situación, la llegada de la ONU sirve denunciar internacionalmente que España incumple sus obligaciones y esperamos que sirva para que, al menos por vergüenza, el Estado actúe', explica a Público Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que se reunirá con el Grupo de Trabajo este lunes.

Otra de las asociaciones que ha confirmado su presencia a Público en la reunión con el Grupo de Trabajo ha sido la Asociación Recuerdo y Dignidad, cuyo presidente, Iván Aparicio, ha explicado a este diario que expondrán al grupo el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica por parte de ayuntamientos, comunidades y Gobierno central.

La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por los expertos Ariel Dulitzky y Jasminka Dzumhur acompañados por los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Ugo Cedrangolo (Secretario del Grupo de Trabajo) y Yiyao Zhang, visitará en su visita a España las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria.

A su llegada a Madrid, la delegación será recibida por familiares de víctimas del franquismo que acudirán al aeropuerto de Barajas con una gran foto de víctimas de la dictadura bajo la leyenda: 'España: 130.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes con miles de víctimas sin identificar y decenas de miles de niños robados esperan una solución que el Estado español niega a las víctimas del franquismo'.

La investigación por parte de la ONU de la impunidad de los crímenes franquistas y del incumplimiento por parte de España de la legalidad internacional, no obstante, no se limita al período de Gobierno de Mariano Rajoy. Las víctimas acudieron al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU por primera vez en el año 2002. Concretamente, las víctimas denunciaron el caso de tres ciudadanos desaparecidos en 1947, 1949 y 1950.

En su informe anual de 2004, el Grupo de Trabajo reflejó la imposibilidad de informar sobre las tres denuncias ante la falta de información aportada por las autoridades españolas. Estas afirmaciones se han sucedido hasta la actualidad con la peculiaridad de que en el año 2008 el Grupo de Trabajo recomendó a España derogar la Ley de Amnistía recordando al Estado español que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca y que una ley nacional no puede jamás borrarlos de la memoria colectiva.