El escrache desarrollado por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la casa en Valencia del dirigente del PP Esteban González Pons, el pasado 20 de marzo, no supuso delito alguno sino un 'legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión', ya que fue pacífico y no registró insultos ni amenazas al político.

La juez de Instrucción número 17 de Valencia, Nieves Molina, que ha instruido la denuncia de González Pons por estos hechos, sí aprecia una falta de coacciones, pero no delito, en las dos mujeres, Ana María B.G. y Yolanda Patricia P.D., que subieron al rellano donde se encuentra la vivienda familiar del diputado y que estuvieron allí al menos diez minutos llamando al timbre y golpeando con la mano la puerta.

La magistrada cree que la actuación de estas dos personas sí fue más allá del simple ejercicio de la libertad de expresión, y no fue legitimo porque vulneró el derecho de la familia de González Pons, como cualquier otra, a gozar de tranquilidad y seguridad en su domicilio, provocando una 'situación de angustia' en los moradores de la casa. Sin embargo, no hay constancia de que profiriesen insultos o amenazas, y de hecho el resto de vecinos no notaron su presencia, por lo que las coacciones son leves y podrían constituir como máximo una falta y no un delito, penada con multa.

Sobre el grueso del escrache, desarrollado durante una hora y media en la calle, frente al domicilio de González Pons, por entre 25 y 30 personas, la juez destaca que discurrió de forma pacífica, con pegada de carteles pequeños con la cara del político en la fachada del inmueble, y algún cántico de 'sí se puede'. También subraya que no hubo alteración de orden público o interrupción de la circulación, y que los participantes obedecieron las indicaciones de la Policía. En definitiva, que no hubo ilícito penal alguno sino un ejercicio de la libertad de expresión.