Iñaki Urdangarin ha presentado un escrito ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que considera que la competencia para decidir sobre la instrucción, juicio y fallo del 'caso Nóos' correspondería a este órgano judicial, dada la exposición razonada del juez José Castro, quien atribuye indicios de delito al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos aforados.

Así consta en un escrito presentado por el abogado del Duque, Mario Pascual, ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 30 de julio.

Un mes después, el 30 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito ante el mismo tribunal superior valenciano pidiendo también que asuma toda la investigación, lo que supondría que el juez Castro dejara la instrucción.

El letrado de Urdangarin señala en el escrito que el pasado 26 de julio se le notificó la exposición razonada del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, al TSJCV, con los indicios que consideraba que pesaban sobre Camps y Barberá en relación a su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

En ese auto, el juez de Palma proponía a la máxima instancia judicial valenciana que asumiera la competencia para instruir esta parte del caso Nóos, ya que apuntaba a la 'decisiva e imputable intervención' de ambas autoridades, quienes debido a su condición de aforados --por ser diputados en las Cortes valencianas-- deberán ser investigados por el TSJCV, en caso de que éste finalmente admita la competencia para ello.

En el escrito de alegaciones del abogado del Duque a la exposición razonada del que ha sido instructor de esta parte del caso, se deja constancia de que, al atribuirse a Camps y Barberá un delito de falsedad en documento oficial; otro de prevaricación; de malversación de fondos públicos y fraude a la administración y ostentando ambos la condición de aforados como diputados en las Cortes valencianas, 'la competencia para decidir acerca de la instrucción y, en su caso, juicio y fallo, correspondería al TSJCV'.

Por otra parte, la Abogacía de la Generalitat ha presentado asimismo su escrito ante el TSJCV sobre la exposición razonada del juez, en el que recuerda que está personada en la causa como 'actores civiles' de acuerdo con la autorización concedida por el Consell, en fecha 8 de febrero de 2013.

En el escrito indica que considerando las atribuciones que a esta posición procesal le confiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal durante la instrucción del sumario, no procede hacer 'pronunciamiento alguno sobre cuestiones que afecten exclusivamente a la responsabilidad penal de posibles imputados' en esta pieza separada.

Sobre este hecho ya se han pronunciado otras partes personadas como la Fiscalía y PSPV, que ejerce la acusación popular. Anticorrupción ha solicitado al TSJCV la imputación de Camps y Barberá y considera que el alto tribunal valenciano debería asumir íntegramente el 'caso Nóos' si finalmente ve indicios incriminatorios contra ambos aforados y considere que efectivamente deben ser encausados.

En relación con los ediles del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, atribuyen a Camps y Barberá los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias y se suman a la petición del juez instructor para que el TSJCV asuma la competencia al considerar que existen indicios de que 'han podido tener decisiva e imputable intervención' en los hechos.