Raquel tiene tres años y medio y una parálisis cerebral provocada por una infección durante el embarazo de su madre (citomegalovirus congénito). El año pasado su familia decidió escolarizarla en el mismo colegio de Getafe al que va su hermana, un centro ordinario preparado para atender las necesidades de niños y niñas con problemas motrices. Allí conoció a Tania, su fisioterapeuta, quien tras mucho trabajo junto a un logopeda y un técnico, ha conseguido que la pequeña gane movilidad y coma con normalidad. Pero Tania ya no continuará el trabajo con ella este curso. El motivo: llevar más de 24 meses contratada por obra y servicio por la Comunidad de Madrid.

Del mismo modo que sucede con los integradores sociales en las aulas especiales para niños con TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), la Administración no contará con los fisioterapeutas y enfermeros que hayan superado este periodo de contratación. La consejería se escuda en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a hacer fijo a cualquier trabajador que encadene más de 24 meses de trabajo a lo largo de 30 meses en dos o más contratos. Para evitar contratarles indefinidamente, Educación dejará en la calle a decenas de profesionales que llevan años atendiendo a niños con problemas motores en centros públicos ordinarios o de educación especial y que están especializados en este campo de la fisioterapia. Saltándose el orden de la bolsa de trabajo que se creó en 2002, la consejería llamará a personas que estén inscritas en el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) o que lleven poco tiempo trabajando para la Comunidad de Madrid.

Tania Rodríguez de Castro, la fisioterapeuta de Raquel, lleva cuatro años encadenando contratos de obra y servicio, de septiembre a junio. Ha estado con Raquel un año entero y alerta de las 'graves consecuencias en el desarrollo de la niña' que supondrá el cambio de profesionales que la atienden. 'Hacerte a un niño con necesidades especiales y que él se haga a ti no se consigue fácilmente, nos suele llevar tres o cuatro meses poder llegar a comunicarnos con ellos. Sólo a partir de entonces se consiguen resultados', cuenta Tania.

De las 64 plazas eventuales de fisioterapeutas que hay en la comunidad, sólo 15 se han cubierto con la bolsa de trabajo, es decir, con personas que no superaban los 24 meses trabajando. Para cubrir el resto de vacantes, la comunidad tirará de parados. Según muestran los profesionales afectados, la oferta en el Sepe sólo pide un mes de experiencia. 'Todos tenemos derecho a aprender y a empezar, pero no es fácil tratar a Raquel y un cambio de fisioterapeuta supone un paso atrás, supone perder un trimestre en que ambas se conozcan y se adapten la una a la otra', cuenta Mar. 'Para nosotros es una faena perder a Tania, nuestra experiencia con ella no puede ser mejor. Hemos pasado de estar tranquilos porque creíamos que la niña seguiría con ella a esta incertidumbre por no saber qué va a venir ahora', añade. 

El colectivo de fisioterapeutas afectados por este cambio ha mandado una carta a la Consejería de Educación en la que acusan al departamento que dirige Lucía Figar de tratarles 'simple y llanamente como mercancía laboral', 'despreciando' su 'amplia experiencia, formación y dedicación'. Denuncian que la consejería 'ignora la complejidad de la mayoría de los tratamientos que requieren los alumnos afectados' y 'la merma que sufrirá la efectividad de sus tratamientos' si se contrata a personas sin experiencia. 'Suponemos que no son conscientes de todos estos aspectos, porque de otra manera la conclusión que se obtiene es su total despreocupación por la atención del alumnado discapacitado', reza la carta. Los profesionales piden que se respeten las bases de la bolsa de trabajo vigente y se realicen los llamamientos de acuerdo a la normativa, por riguroso orden de la puntuación obtenida en el proceso de selección'.

De hecho, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminaron que 'la consejería no puede hacer contrato de obra y servicio a estos trabajadores', ya que realizan funciones cuya 'necesidad es permanente', explica el abogado del colectivo, Miguel Ángel Santalices, informa Efe. 'En vez de corregir el tipo de contrato, pasándolo a fijo discontinuo, la consejería prefiere contratar a gente del paro', por lo que los afectados 'están abocados a presentar demanda por despido' y serán los juzgados de lo Social los que primero se pronuncien, según Santalices, para quien 'lo lógico sería hacerles contrato interino hasta que se cubra la plaza mediante oposición'.

La Consejería de Educación, a través de un comunicado, 'garantiza que los colegios públicos de la Comunidad de Madrid seguirán contando este próximo curso con alrededor de 700 fisioterapeutas, enfermeros, integradores sociales y otros trabajadores eventuales que prestan sus servicios atendiendo a alumnos con necesidades especiales' y asegura que 'seleccionará a los trabajadores que necesite para prestar este servicio en las bolsas de trabajo vigentes en la comunidad, atendiendo a su titulación profesional y experiencia'.