Han sido los causantes de una de las mayores crisis diplomáticas entre España y Reino Unido en los últimos años. Los bloques de hormigón que el Gobierno de Gibraltar lleva instalando desde principios de mes en las aguas cercanas al aeropuerto del Peñón, y que conforman un arrecife artificial que tiene como objetivo regenerar las especies de la bahía de Algeciras, fueron los que a principios de mes hicieron despertar las históricas trifulcas entre uno y otro país sobre la soberanía de la pequeña localidad fronteriza.

Los pescadores de la zona aprovecharon la instalación de los bloques para volver a exigir al Ejecutivo una mayor dureza con Gibraltar. Y el equipo de Mariano Rajoy, un Gobierno tocado desde hace meses por la supuesta financiación irregular que afecta al partido que lo sostiene, no dudó en atender esa petición endureciendo los controles de acceso al Peñón para ahondar en la desesperación de trabajadores españoles y gibraltareños.

La Moncloa y, en especial, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, hicieron suyas las reclamaciones de esos pescadores asegurando que los bloques -el Gobierno se ha cuidado de no mencionar el recién creado arrecife artificial- impiden faenar a los trabajadores españoles en aquellas aguas por el riesgo de que sus redes pudieran engancharse en esas nuevas instalaciones que las autoridades gibraltareñas se niegan a retirar. Y sin embargo, el propio Ejecutivo español recomienda la instalación de esos arrecifes artificiales para favorecer y garantizar la actividad de la pesca. 

Según recoge la web del Ministerio de Agricultura y Pesca que dirige Miguel Arias Cañete, la política pesquera española contempla esas instalaciones 'como una medida de protección directa de los hábitats de interés pesquero y, por tanto, de regeneración de los recursos'.

'Desde el punto de vista pesquero, un arrecife artificial es un instrumento de ordenación que permite la protección de los recursos y de los ecosistemas de interés pesquero, y que localmente puede lograr el desarrollo de estos mismos recursos reduciendo la mortalidad de las fases juveniles antes de su reproducción, facilitando fuentes de alimentación para determinadas especies y haciendo posible la supervivencia de adultos reproductores en zonas nuevas, permitiendo además la mejora en la gestión de los usos de estos recursos', explica el departamento.

Tanto es así, que el Ejecutivo asegura que 'durante la década de los 90 y a la vista de su eficacia', estos arrecifes artificiales compuestos por bloques como los que han provocado la polémica con Gibraltar 'se consolidan como medida de gestión pesquera'. Desde 1995 es el propio Ministerio de Agricultura y Pesca el que inicia su participación directa como promotor de este tipo de iniciativas y a día de hoy reconoce ya la existencia de 130 en el conjunto del Estado (consultar el listado en PDF). Unos lo son 'disuasorios frente a las pescas de arrastre', y otros, diseñados para 'proporcionar abrigo y albergar en sus huecos especies pesqueras'.

Lo que reconocen fuentes del departamento que dirige Cañete consultadas por Público es que 'técnicamente' todos ellos 'son similares' a los instalados por Gibraltar desde principios de mes. Entonces, ¿por qué el Gobierno apoya y mantiene arrecifes artificiales, pero ha provocado semejante crisis diplomática cuando quien los ha instalado ha sido el Peñón? 'La diferencia es que los españoles no hacen daño a las comunidades de pescadores, porque están en zonas que no afectan a la pesca, y en el caso de Gibraltar sí dañan la economía de la zona', explican desde Agricultura. 

Sin embargo, a unos pocos metros de la zona donde el Ejecutivo del Peñón ha instalado los famosos bloques, la Junta de Andalucía ya colocó unos módulos idénticos en 2006. Frente a las costas de la Línea de la Concepción contiguas a las aguas británicas, la administración autonómica obtuvo el beneplácito del Gobierno central -entonces en manos del PSOE- para poner en marcha ese dispositivo integrado por 88 bloques disuasorios(63) y productivos (25). Se da la circunstancia de que fueron los propios pescadores de la zona los que reclamaron su colocación 'para garantizar el desarrollo de los recursos marinos'.