El conflicto surgido entre el Gobierno español y las autoridades de Gibraltar después de que el Peñón lanzara bloques de hormigón al mar está creciendo en intensidad día a día a pesar de que ambos ejecutivos aseguran querer negociar y acercar posturas. Y el anuncio de un mayor control fronterizo, el cobro de futuras tasas de paso o la restricción del espacio aéreo no parecen rebajar la tensión sino avivarla.

A escasos días de las comparecencias de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y de sus predecesores en el cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, por el caso Bárcenas, el Gobierno que preside Mariano Rajoy parece estar haciendo un especial esfuerzo por que la actualidad informativa del verano se mantenga así, centrada exclusivamente en la mencionada polémica con Gibraltar.

Los tres líderes conservadores se sentarán ante el juez esta misma semana. Arenas y Álvarez Cascos lo harán el mismo martes, y Cospedal, el miércoles. Y sin embargo, el conflicto con el Peñón ha conseguido eclipsar este asunto casi por completo. Ni los periódicos abren ya con informaciones acerca de la supuesta contabilidad ilegal del PP, ni los columnistas opinan sobre los supuestos papeles del extesorero de los conservadores. Gibraltar lo ha copado todo. 

Así quedó de manifiesto el pasado viernes durante el despacho que mantuvieron Rajoy y el rey en Mallorca. El presidente del Gobierno se esforzó por dar explicaciones acerca de las medidas que tomará contra el Peñón, pero no dijo ni una palabra acerca de la declaración de su mano derecha en el partido ante el juez que investiga la supuesta trama corrupta que afecta de lleno a su formación, el PP. Este intento por desviar atención se percibe, incluso, en la zona en la que se sitúan todos los focos informativos desde hace ya varias semanas.

Manuel López, delegado de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Astecg), lo tiene claro. Acusa al Gobierno español de querer desviar la atención y advierte de que la escalada de tensión entre ambas partes puede afectar a los 10.000 trabajadores que desarrollan su actividad en el Peñón, así como a las relaciones de vecindad entre españoles y gibraltareños. Unas 30.000 personas cruzan cada día la frontera, por lo que el aumento de los controles en la misma o el anuncio de la imposición de tasas para entrar y salir de Gibraltar no parece que vaya a favorecer este flujo que es, en la mayoría de los casos, por razones comerciales.

'Lamento que se provoquen este tipo de conflictos para desviar la atención de otros temas. Se ha manipulado el lanzamiento de bloques de hormigón en aguas de la bahía por parte de Gibraltar, ya que Andalucía ha lanzado muchos más para proteger la fauna marina y de eso no se dice nada' explica Manuel.

Ecologistas en Acción también ha destacado la utilización de una 'práctica habitual en el litoral peninsular' como arma arrojadiza. 'Esto se ha llevado a cabo en distintas zonas de Andalucía para crear arrecifes artificiales que regeneren el fondo marino y los caladeros locales e impedir la pesca de arrastre, que es muy agresiva'.

La ONG ha pedido que 'no se use el medio ambiente' como justificación del conflicto y ha emplazado al Gobierno a que se fije en cuestiones más urgentes como prohibir la actividad de bunkering -suministrar combustible libre de impuestos desde buques nodriza anclados en la Bahía de Algeciras-, negocio en el que el Ministro Arias Cañete tiene especial interés como antiguo presidente de Petrolífera Ducar S.L., empresa que se dedica precisamente a almacenar y distribuir combustible. 'Los bloques no son el detonante real del conflicto, aunque la forma y el sitio escogidos por las autoridades de Gibraltar no hayan sido negociados', aseguran en un comunicado.

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apymel) de la Línea de La Concepción ha pedido desde hace días que se ponga 'punto y final' a toda la tensión porque el conflicto les está perjudicando 'notablemente'. Ha recordado que la localidad gaditana 'depende en gran medida de Gibraltar, queramos o no'. En el mismo sentido se ha manifestado la alcaldesa de la localidad, Gemma Araujo. 'El presidente de la pequeña y mediana empresa ha señalado que la facturación ha podido descender entre un 40 y un 50%'.

Solamente la imposición de las tasas supondría grandes pérdidas comerciales. Aunque el ministro Margallo ha asegurado que esta medida no afectará a los trabajadores del Peñón, desde la asociación Astecg han lanzado un comunicado donde aseguran que 'esto puede ser más grave que lo ocurrido en 1969 con el cierre de la verja'. Consideran que el conflicto es 'una estrategia planificada' por parte del Gobierno español y aunque opinan que el Ejecutivo gibraltareño no debería haber tirado los bloques de hormigón, creen que 'desde el PP habrían buscado cualquier otra excusa'.

Sin embargo, no todo es descontento entre los afectados por la disputa entre las autoridades españolas y gibraltareñas. El presidente de los armadores andaluces, Pedro Maza, ha mostrado su apoyo a las medidas tomadas por Rajoy y Margallo. Considera que los 'los arrecifes artificiales se hacen para impedir la pesca'. Ha explicado que 'en otros caladeros donde se han colocado arrecifes artificiales se ha abierto un periodo de consulta con las diferentes administraciones implicadas, pero en este caso no' e insiste en que la normativa medioambiental de Gibraltar 'se hizo para impedir que los pescadores españoles pescaran donde siempre han pescado'.

A este respecto Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar ,explicó que no tenían ningún problema con que los pescadores españoles fueran a faenar en aguas gibraltareñas, pero sí con 'los métodos que se usan para faenar, pues algunos métodos tradicionales ya están prohibidos en nuestra legislación, como ya se han prohibido algunos métodos artesanales también en la legislación españolay europea'.  'No podemos permitir que hagan ciudadanos de otros países lo que es ilegal y no permitimos hacer en nuestro país' y cree que 'una vez que se acoplen uno y otros se acabará el tema'.