El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado este viernes que el uso del casco será obligatorio para ciclistas menores de edad en vías urbanas. El anteproyecto de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que recoge está medida, ha sido aprobado este viernes en el Consejo de Ministros y entrará en vigor a principios del próximo año. En el caso de los adultos su implantación estará supeditada a las conclusiones de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, que abrirá un debate en otoño con expertos antes de tomar una decisión.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro ha señalado que la obligación del uso del caso para menores ciclistas ya se da en el caso de vías interurbanas, al tiempo que ha precisado que la legislación para los adultos se mantiene de la misma manera. En cualquier caso, el titular de Interior ha apuntado que, consciente del debate que genera esta medida, el Ejecutivo queda a disposición de la búsqueda de acuerdos sobre esta materia en una subcomisión de Tráfico y Seguridad Vial del Congreso, a través de la que se podrán introducir enmiendas (siempre que haya un acuerdo 'con suficiente consenso') hasta la culminación parlamentaria.

La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible escuchará en septiembre y octubre las opiniones de los expertos y asociaciones para debatir sobre esta cuestión. Por la Comisión pasarán distintos expertos y otras personas relacionadas con este asunto para exponer los pros y los contra, y con sus opiniones, la Comisión redactará un informe. Por su parte, asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y de automovilistas aplauden el uso del casco en ciudad, frente al rechazo de una parte importante del colectivo de los ciclistas.

A pesar de que Fernández Díaz ha resaltado que hoy 'no es un día idóneo para hablar cómodamente' de siniestralidad (en alusión al accidente de tren en Santiago de Compostela), ha insistido en la necesidad de 'seguir avanzando' en normativa de circulación para 'ser un país pionero y cada vez más seguro' en seguridad vial.

Entre las medidas recogidas en el texto, el titular de Interior ha señalado que la norma también regula la 'tolerancia cero' para la conducción bajo los efectos de las drogas, así como el sometimiento a los controles de drogas y alcohol. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones que pasan de los 500 a los 1.000 euros.

El ministro también ha adelantado que los peatones que cometan infracciones deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.

En cuanto a la retención infantil, Interior pretende que el reglamento de circulación establezca el uso de la silla para menores en los asientos traseros en función de tallas y no de edad. El ministro ha adelantado que la previsión del ministerio es que la citada talla sea de 135 centímetros 'salvo contadas excepciones'. A día de hoy, la actual ley utiliza un criterio de edad que obliga a los menores de 3 años a viajar únicamente en el asiento trasero y con silla, y a los de un rango de edad de 3 a 12 años con silla, pero en el asiento delantero y trasero. En cualquier caso, este apartado se regulará en el reglamento posterior y el actual anteproyecto sólo 'sentará las bases orientativas' en este caso.

La ley volverá a prohibir en vehículos el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso, que habían sido autorizados en 2009 al ser eliminados del reglamento durante su tramitación parlamentaria. 'Creemos que es útil y conveniente para la seguridad vial volver a la situación anterior', ha señalado el ministro, quien ha recordado que los inhibidores de radar también están prohibidos.