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La suerte de las cerca de las 120 personas —buena parte de ellas inmigrantes— que desde hace años viven en la nave industrial de la calle Puigcerdá, en el barrio barcelonés de Poble Nou, estaba echada desde que hace algo más de un mes un juez de Barcelona decretara su desalojo.
Desde entonces era cuestión de tiempo que se ejecutara uno de los mayores desalojos que se recuerdan en Barcelona. Después de un par de aplazamientos, en la madrugada de este miércoles los Mossos d' Esquadra ejecutaron la sentencia. Un fuerte dispositivo policial —unas 50 furgonetas, según algunos testigos— se desplegó por la zona. Según informaron fuentes policiales, se estableció un perímetro de seguridad en los alrededores de la nave, en el número 127 de la calle Puigcerdà que incluyó el corte de las calles adyacentes.
El desalojo se produjo sin incidentes, según fuentes policiales. Testigos a través de Twitter señalaron que unos 40 agentes antidisturbios entraron en la nave para echar a los que estaban en su interior. Algunos de los asentados salieron voluntariamente antes del inicio del desalojo. Personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb) les ofrecieron alojamiento a la salida.
Alguno de los ocupantes de la nave que no se encontraban en el momento del desalojo pidieron acceder a la misma, pero se les negó hasta la finalización del operativo. Al se desplazaron el líder de ICV, Joan Herrera, los diputados del Parlament David Fernàndez (CUP) y David Companyon (ICV-EUiA), el diputado del Congreso Joan Tardà (ERC), el concejal Ricard Gomà (ICV-EUiA) y el presidente de la Favb, Lluis Rabell.
Se trata de la nave más poblada de la ciudad, con unas 120 personas que duermen a diario allí, según el Ayuntamiento —unas 300 según el colectivo y las entidades que les apoyan—. El Ayuntamiento ha garantizado a los habitantes del asentamiento que nadie se quedará sin techo tras el desalojo.
Las organizaciones sociales y colectivos que apoyan a los afectados, que en las últimas semanas han mantenido reuniones con las administraciones, han reprochado durante todo este tiempo 'la lentitud' en el proceso de realojo y de tramitación de documentos.
Asimismo, pidieron que el desalojo sea pacífico y no implique una redada de la Policía Nacional que pueda acabar con alguna de estas personas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, algo que las administraciones les han garantizado.
El Comisionado de Inmigración y Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona, Miquel Esteve, ha asegurado este miércoles que trabajadores del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (Cuesb) del consistorio han ofrecido una pensión de forma provisional a 68 personas tras el desalojo.
En declaraciones a los medios, ha asegurado que se les ha ofrecido la dirección de una pensión con convenio con el Ayuntamiento, vales de alimentación para los comedores sociales y una cita para realizar una entrevista personalizada con el Servicio de Atención a Inmigrantes Extranjeros y Refugiados (Saier) o el Centro Integral de Servicios (Cis), y ha reiterado que el consistorio garantiza un techo y un programa de inserción laboral a cualquier asentado.
Esteve ha negado que se esté ofreciendo alojamiento a estas personas hasta una fecha límite determinada, ya que se les garantiza techo 'el tiempo que haga falta' y siempre que no tengan otra alternativa que no sea dormir en la calle. Varios de los desalojados de la nave de Puigcerdà y miembros de la Asamblea Solidaria contra los Desalojos han asegurado a Europa Press que el alojamiento que el Cuesb ha ofrecido este miércoles es sólo para 8 días.
Esteve ha valorado que el desalojo ha sido 'absolutamente pacífico' y que el consistorio ha prestado atención mediante 23 trabajadores del Cuesb divididos en cuatro equipos, mientras que también ha intervenido Cruz Roja —que presta atención humanitaria en la nave desde enero—; la Asamblea Solidaria contra los Desalojos ha criticado que los trabajadores sociales hayan llegado más tarde que la brigada móvil de los Mossos d'Esquadra.
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