'¿Por qué en España robar una gallina para comer cuesta un año de cárcel y robar millones de euros lo perdona el Gobierno con un indulto?'. Es una de las preguntas que el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha dirigido al Gobierno a raiz de la información --publicada por este diario el pasado 5 de julio-- de la condena impuesta a un joven por robar un ejemplar de gallina tasado en 5 euros.

En su escrito, el parlamentario destaca, en contraste con la condena al joven que robó la gallina, que el Gobierno echó mano el 29 de junio de 2012 'de la Ley de Gracia de 1870 para exonerar a cuatro condenados por corrupción urbanística a penas que oscilan entre los 9 años y medio y los 5 de prisión, el exalcalde del PP del Valle de Abdalajís (Málaga), Tomás Gómez Arrabal y a tres de sus concejales'.

Y añade que, en marzo del mismo 2012, la medida de gracia también fue aplicada a culpables de corrupción. 'Concretamente al exsecretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje, y a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, empresario de UDC -el partido coaligado con la Convergencia de Artur Mas- y ex cuñado del dirigente Josep Sánchez Llibre'.

Subraya que ambos habían sido condenados en 2009 a cuatro años y medio y dos años y tres meses de cárcel respectivamente por haber desviado 7,6 millones de pesetas (unos 46.000 euros) a empresas afines a las que contrataban falsos informes. 'Pero el indulto de Rajoy convirtió esa condena en sendas multas de 3.600 euros', dice Llamazares.

El diputado expone además que el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, reveló en noviembre de 2009 que se estaban tramitando un total de 730 causas contra cargos públicos por corrupción.

'Desde la ley del Talión --señala el texto de la pregunta parlamentaria--, en el Derecho Penal moderno la pena constituye una retribución que la sociedad impone por el mal causado de modo que: a mayor mal, mayor culpabilidad, y por lo tanto mayor castigo merece el culpable. El principio de proporcionalidad responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, y para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos'. 

Por todo ello, Llamazares pregunta al Ejecutivo por las medidas que piensa promover 'para evitar que, gracias al abuso del indulto, robar una gallina en España cueste un año de prisión y robar millones de euros, nada'.