El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, admitió este jueves su militancia en el Partido Popular entre 2008 y 2011, y que durante unos meses simultaneó la afiliación al partido con su cargo de magistrado del alto tribunal. Sin embargo, en una reunión a la que convocó a los otros 11 miembros del TC, defendió que la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permiten esa situación.

Tres asocaciones de jueces, el Partido Socialista de Madrid e IU pidieron su dimisión, mientras que el PP avaló su postura y recordó que en el pasado otro magistrado, Luis López Guerra, también tenía carné pero del PSOE.

En la reunión del Constitucional, ningún magistrado pidió la renuncia de Pérez de los Cobos, tras desvelar 'El País' este jueves que había pagado las cuotas de afiliado al PP en 2008, 2009, 2010 y 2011, según documentos de la Agencia Tributaria obrantes en el sumario de los 'papeles de Bárcenas'. Pérez de los Cobos, que es catedrático de Derecho del Trabajo, fue elegido magistrado del TC en noviembre de 2010, y elegido presidente el pasado mes de junio, tras pasar la institución a manos de una mayoría conservadora.

A primera hora de la tarde de este jueves, el TC hizo pública una nota informativa en la que subraya que ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen incompatibilidad alguna entre ser magistrado del alto tribunal y 'pertenecer o haber pertenecido' a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales. Recuerdan que el TC no forma parte del poder judicial --cuyos miembros sí tienen prohibido afiliarse a partidos o sindicatos--, y que la Constitución lo que les veta es desempeñar funciones directivas en partidos, pero no la mera afiliación.

Es decir, que según el Tribunal Constitucional, sus miembros en activo pueden pertenecer a partidos políticos y pagar las cuotas correspondientes, pese a ser la institución que dirime muchos recursos planteados por los grupos políticos o conflictos entre administraciones gobernadas por partidos.El TC cita en favor de su interpretación un auto del propio tribunal del año 1988.

No es de la misma opinión, por ejemplo, la asociación progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Joaquim Bosch señaló a Público que la pertenencia a un partido político es incompatible legalmente con el puesto de magistrado del TC, y sostiene además que Pérez de los Cobos deberá abstenerse de todos los recursos planteados en los que tenga interés el partido conservador, desde la Ley del aborto a la reforma laboral.

Bosch argumenta que el artículo 159.4 de la Constitución prohíbe a los miembros del alto tribunal el desempeño de funciones directivas en un partido, pero añade la coletilla de que 'en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial'. Entre estas últimas sí figura la de pertenencia a un partido político o a un sindicato.

Del mismo modo ocurre con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. No prohíbe expresamente la afiliación a partidos de los magistrados, sino los puestos directivos en los mismos. Pero al final añade también: 'En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial'.

Tanto JpD como las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente consideran que el presidente del TC debería dimitir, y lo mismo han pedido Izquierda Unida y el Partido Socialista de Madrid, mientras que el PNV ha dicho que sería 'difícil' mantenerlo en su cargo si se confirma que militó hasta 2011. ERC ha adelantado que presentará la recusación de Pérez de los Cobos para resolver el recurso que tienen planteado contra la decisión del Congreso de vetarles formar parte de la Comisión de Secretos.

Desde el PSOE, Soraya Rodríguez, ha dicho que el PSOE va a pedir la comparecencia en el Parlamento del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, para que explique por qué ocultó su condición de militante del PP a la Comisión del Senado que examinó su idoneidad para ser miembro del TC a finales de 2010.

Por su parte, el vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, avaló este jueves a Pérez de los Cobos y destacó que la Constitución no prohíbe la afiliación política de los magistrados del Constitucional.  Ha añadido que en el actual TC hay tres ex altos cargos de gobiernos socialistas, por lo que entiende que también puede haber algún magistrado que no sea del PSOE. 'En este país, al ritmo que vamos, parece que va a acabar siendo punible ser, creer, pertenecer o haber votado alguna vez al PP', ha dicho.

Desde el partido socialista, Tomás Gómez, líder de la formación en Madrid,  exigió la 'dimisión automática' de Pérez de los Cobos porque 'un militante tiene un compromiso con su partido y se debe a una disciplina de partido'. El PSOE ha registrado este mismo jueves una petición de comparecencia de Pérez de los Cobos en el Congreso por este asunto.

Joaquim Bosch, portavoz de JpD, insistió en que 'no puede ser compatible pertenecer al PP y ser presidente o magistrado del Constitucional. Este tipo de situación afecta a la credibilidad, la independencia y la imparcialidad del alto tribunal, que en este momento tiene que resolver bastantes asuntos impulsados por el PP, por el Gobierno del PP o de otras fuerzas políticas'.

Bosch recordó que el TC ha tenido, durante la historia de la democracia, un prestigio y ha resuelto cuestiones importantes. Pero se empieza a observar en el tribunal 'un deterioro cada vez mayor de imagen'. En ese sentido, recordó que antes de conocerse la militancia en el PP de Pérez de los Cobos ha sido polémico el nombramiento como magistrado, por el cupo del Gobierno, de Enrique López, que ha impartido más de 50 ponencias para la fundación FAES, vinculada al PP.

Para el portavoz de JpD, aplicando la doctrina por la que el exmagistrado Pablo Pérez Tremps fue apartado de conocer del recurso contra el Estatut de Catalunya, Pérez de los Cobos, en razón de su afiliación al PP, no podrá participar en la resolución de cualquier asunto en el que tenga interés directo o indirecto el Partido Popular. Es decir, Ley del Aborto (recurso presentado por el PP), reforma laboral o amnistía fiscal (recursos del PSOE contra acuerdos del Gobierno del PP), o declaración soberanista de Catalunya (planteado por el Gobierno del PP contra decisión del Parlamento de Catalunya).