El 18 de julio de 1936 no sólo significó el inicio de una cruenta Guerra Civil que desangraría  España y la condenaría al atraso económico, político y social con una dictadura nacional-católica que se prolongaría durante 36 años. El alzamiento militar supuso también el fin del ambicioso proyecto político y social que había iniciado el régimen republicano. Los grandes proyectos renovadores de la República como fueron la descentralización del Estado, la igualdad de la mujer, la reforma agraria, la laicidad del Estado y la educación pública y gratuita tuvieron que ser aparcados por la irrupción de la fuerza de las armas y la sin razón bélica.

Pero el 18 de julio, no obstante, no sólo simboliza el alzamiento en armas de parte del ejército español con el apoyo de las élites terratenientes y económicas y de la jerarquía eclesiástica. Para Mirta Nuñez, directora de la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid, el aniversario del alzamiento militar que provocó una Guerra Civil también es el símbolo de la resistencia y de la lucha del pueblo “que no se entregó a aquellos que utilizaron la violencia y que pretendieron imponerse mediante las armas”.“Es importante recordar que a partir de aquel 18 de julio, España se convirtió en el primer país que le plantó cara al fascismo internacional y consiguió frenarlo durante tres años con un contexto internacional hostil a la primera experiencia democrática española”, señala Mirta Nuñez a Público.

"El 18 de julio también fue símbolo de la resistencia del pueblo"  Lo que pudo haber sido España de no haberse producido el alzamiento militar del 18 de julio es imposible de averiguar. “Eso sería historia ficción”, afirma Nuñez. Sin embargo, sí que se puede recordar cuáles fueron las principales luchas y esfuerzos legislativos de la II República y comparar lo propuesto entre 1931 y 1936 con la situación actual del país. “La experiencia republicana simboliza un gran paso adelante frente al gran paso atrás que estamos dando ahora. El mensaje que nos debe quedar de aquel período es de la lucha por las reformas desde la paz, la legalidad y con el Parlamento en el centro de la vida política”, señala la historiadora.

A la pregunta de qué fue y qué significó la II República contestó Antonio Machado, como nadie más ha sabido hacer, en un texto publicado el 14 de abril de 1937: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”. 1. El proyecto educativo

“En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso, jamás. Yo lo siento mucho; pero esta es la verdadera defensa de la República”. Con estas férreas palabras, Manuel Azaña defendió en el Parlamento de la II República la laicidad de la enseñanza.

“La experiencia republicana simboliza un gran paso adelante frente al gran paso atrás que estamos dando ahora", señala Mirta Nuñez La apuesta de la II República por una Educación laica, pública y sin discriminaciones puede considerarse como su “proyecto estrella”, apunta la historia Mirta Nuñez. A través del Patronato de Misiones Pedagógicas, el Estado republicano mostró su voluntad de fomentar la cultura y extender la enseñanza a todos los rincones del país en un momento histórico en el que más de un tercio de la población española era analfabeta.

En términos monetarios, se puede calcular la importancia de la educación para los gobiernos de centro-izquierda de la República si se compara los 20 millones de pesetas que el Estado republicano invirtió en Educación en 1937, en plena Guerra Civil,  con los escasos ocho millones que había invertido el último Gobierno monárquico en las escuelas de toda España. Resulta fundamental, recuerda la historiadora, recuperar el modelo educativo republicano en un momento en el que el Gobierno del Partido Popular está impulsando una ley que “pone palos en la rueda de la evolución”.2. La reforma agraria

Para el historiador José Luis Ledesma, profesor de Historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, la reforma agraria es el símbolo de toda la experiencia reformista de la II República. “Asustó más a las clases privilegiadas por lo que tenía en apariencia que por lo que tenía realmente de cambio de estructuras”, asegura a Público.

Una Educación laica, pública y sin discriminaciones fue el "proyecto estrella" de la República El Gobierno provisional declaró en mayo de 1931 su voluntad de acometer una reforma agraria integral que facilitara la transformación social, política e industrial de España y la “posibilidad de una democracia aldeana”. Una reforma que se antojaba fundamental si se tiene en cuenta que casi el 50% de la población activa española se dedicaba a trabajar la tierra. El objetivo marcado, por tanto, no era colectivizar la tierra, sino expropiar los latifundios y asentar campesinos en ella según ciertas normas, evaluando las diferentes causas por las que las tierras estaban sin explotar, o deficientemente cultivadas, y compensando económicamente al terrateniente expropiado.

No obstante, según el catedrático de Historia Económica de la Universidad de Salamanca, la II República sólo logró expropiar el 16% del medio millón de hectáreas de los grandes de España. Entre los motivos de este escaso éxito, señala Ledesma, se encuentran las dificultades para conseguir financiación en un momento de crisis económica internacional. “El proyecto era muy ambicioso pero no pudo llevarse a cabo por esas carencias financieras. A estas dificultades hay que añadir además la parálisis que se vivió durante el bienio radical-cedista”, agrega.

La Reforma Agraria fue uno de los puntos de fractura que encendió la mecha de la Guerra Civil De esta manera, uno de los proyectos que más ilusión había despertado entre las masas jornaleras no pudo desarrollarse tanto por la falta de financiación como por la lentitud de los trámites para expropiar. No obstante, asegura Ledesma, entre marzo y julio de  1936 el Gobierno de la República consiguió asentar a 120.000 campesinos en terrenos expropiados, principalmente Toledo, Cáceres, Salamanca y Zaragoza.

Asimismo, Ledesma señala que fue la tergiversación de la reforma agraria por parte de las derechas, que aseguraban que los pequeños propietarios y la clase media también sería expropiada, la que generó uno de los principales puntos de fractura en la sociedad y que llevó a grandes terratenientes y clases medias a apoyar el alzamiento militar.3. Laicismo del Estado

En el momento culminante del debate en las Cortes Constituyentes de lo que entonces de llamaba la “cuestión religiosa”, la madrugada del 14 de octubre de 1931, Azaña pronunció un discurso dentro del cual soltó la famosa frase: “España ha dejado de ser católica”. En él defendió que la nueva Constitución tenía que ser laica por definición. Así, la República decretó la disolución de la Compañía de Jesús, la regulación de las demás congregaciones por medio de una ley y la prohibición de ejercer la enseñanza a toda orden religiosa.

“España ha dejado de ser católica”, defendió Azaña en las Cortes La Iglesia respondió con una declaración conjunta de los obispos rechazando la Constitución. La aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas en junio de 1933, cuya principal consecuencia fue regular la prohibición de ejercer la enseñanza a los religiosos, supuso la ruptura definitiva del diálogo entre el poder religioso y el gobierno del primer bienio y la condena de Pio XI del régimen republicano.

“La Iglesia no sufrió desde el primer día una persecución sistemática, primer acto de un deliberado plan de exterminio que condujera a la feroz violencia anticlerical de 1936. Lo que hubo fue el proyecto de avanzar en un terreno, la separación Iglesia-Estado y la secularización, en el que se iba muy por detrás de otros países católicos como Francia, Italia o Portugal. A partir de ahí, aparecen dos grandes actuaciones que no cabe meter en el mismo saco: desde arriba, las políticas laicistas a golpe de leyes, decretos y artículos de la Constitución de 1931; desde abajo, movilizaciones y agresiones anticlericales, que se tiñeron de sangre en octubre del 34”, escribió José Antonio Ledesma para Público.4. Igualdad mujer/hombre

El Gobierno reformista republicano-socialista dictaminó un amplio conjunto de leyes que amparaba los derechos políticos y civiles de las mujeres y su incorporación en la vida política. Entre ellas, sufragio universal y el principio de igualdad de género. Por primera vez, las mujeres españolas eran ciudadanas de pleno derecho. “La República empujó a la mujer a tener y a buscar una presencia autónoma y no subordinada en la esfera pública. La llevó a buscar y a lograr un trabajo asalariado con el que poder subsistir autónomamente y trató de inculcar la igualdad desde la educación”, analiza la historiadora Mirta Nuñez.

Entre 1931 y 1935, 741.771 trabajadoras tuvieron acceso al Seguro Obligatorio de Maternidad Esta voluntad igualitaria de la II República se reflejó en numerosas reformas legales en los ámbitos de la maternidad, la familia, el trabajo y la educación que consolidaron los derechos de las mujeres. Un dato estadístico que habla de esta decidida apuesta de los gobiernos de centro-izquierda de la República es la afiliación de 741.771 trabajadoras al Seguro Obligatorio de Maternidad que introdujo un servicio estatal de atención sanitaria, de descanso maternal y de subsidios a las madres trabajadoras entre 1931 y 1935, según aporta Mary Nash, catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona.

Además, la Constitución recogía que “el matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos”. De esta manera, la Carta Magna introducía el nuevo principio de la igualdad en la familia. También cabe destacar que se reguló la igualdad de trato entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y se otorgó el derecho a la investigación de la paternidad. Por último, la Ley del Divorcio de 1932 fue otra medida significativa al admitir la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo y asentarse en el principio de la igualdad entre los cónyuges.5. La descentralización del Estado

El artículo de la Constitución española de 1931 recogía: “La República constituye un Estado integral, compatible con la Autonomía de los Municipios y las Regiones”. Por consiguiente, la Carta Magna apostó por un modelo descentralizado con regiones autónomas y descartó el federalismo. El 9 de septiembre de 1932 el Estatuto de Autonomía de Catalunya fue aprobado en el Parlamento por 334 votos a favor y sólo 24 en contra.

“La República constituye un Estado integral, compatible con la Autonomía de los Municipios y las Regiones” Antes, había sido votado en referéndum con una aprobación multitudinaria: de un censo de 792.574, 595.205 votaron a favor y sólo 3.286 en contra, según datos de Andreu Mayayo i Artal, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona. Al Estatuto catalán, le siguió el de Euskadi, que se aprobó en octubre de 1936 con José Antonio Aguirre como primer lehendakari. En Galicia se aprobó en 1932, pero tras ser frenado por el bienio negro, fue presentado a las Cortes en julio de 1936. En Andalucía, tras diferentes parones, se retomaron las gestiones en junio de 1936. La sublevación militar impidió la puesta en marcha de ambos.

“La experiencia republicana influyó en la transición a la democracia tras la muerte del dictador. En primer lugar, para subrayar el carácter plurinacional de España se incorporó el concepto de “nacionalidades y regiones” (luego plasmado en la Constitución de 1978) en los acuerdos entre las diversas plataformas de la oposición democrática. En segundo lugar, se empezó primero por la Constitución para luego acoplar los proyectos de estatutos”, escribió Mayayo para Público.