El juzgado de Instrucción número 33 de Madrid ha citado a declarar el próximo 18 de julio en calidad de imputado al agente de la Policía Nacional al mando del operativo que disolvió una de las asambleas preparatorias de la manifestación del pasado 25 de septiembre, cuando miles de personas rodearon por primera vez el Congreso de los Diputados.La imputación llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenase a este juzgado la reapertura del caso, que había sido archivado.

La mañana del 16 de septiembre, varias decenas de personas se reunieron en el parque del Retiro de Madrid en una de las asambleas previas a la manifestación. Al poco tiempo, dos furgones de la Policía Nacional irrumpieron en la asamblea y desalojaron a los reunidos, que fueron previamente identificados. Ante estos hechos, los activistas presentaron una demanda colectiva al entender que se estaba vulnerando el derecho de reunión.

A los pocos días, el caso fue archivado y se procedió a su sobreseimiento. Sin embargo, tres magistrados del tribunal provincial han ordenado su reapertura al considerar 'precipitada' la resolución del juzgado, ya que según entienden los magistrado de esta audiencia, 'no se han practicado las mínimas diligencias indispensables para tomar cabal conocimiento de la forma exacta en el ocurrieron los hechos', afirma el auto de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso Público.

La disolución de esta asamblea podría ser constitutivo de una delito previsto en el artículo 540 del Código Penal, según el cual, 'la autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y multa de seis a nueve meses'.

'Consideramos muy positiva esta resolución porque incide en que no se pueden archivar casos sin investigarlos' Pero la Audiencia va más allá y asegura que 'no están suficientemente esclarecidos los motivos de las identificaciones realizadas' por los agentes, algo que 'debe ser especialmente investigado'y 'deberá esclarecerse el uso que haya podido hacerse de las identidades de los manifestantes' para saber si quedaron registrados en una base de datos, algo que los jueces del tribunal madrileño consideran 'particularmente relevante' al ser una 'importante forma de controlar a las personas que ejercitan el derecho de reunión', sostiene el auto.

'Consideramos muy positiva esta resolución porque incide en que no se pueden archivar casos sin investigarlos', ha dicho Juan Moreno, abogado encargado de la demanda conjunta, que también considera 'sorprendente y muy importante' que la Audiencia Provincial incida que hay que investigar el motivo de las identificaciones. Según el letrado, 'esto supone el primer varapalo a la política de Cristina Cifuentes', delegada del Gobierno en Madrid, que lleva dos años enviando a la Policía para que realice identificaciones masivas en las protestas ciudadanas, algo que ya fue denunciado por varios colectivos de activistas, abogados e incluso formaciones políticas, como Izquierda Unida en una querella contra de la delegada del Gobierno que no se admitió a trámite, pero que se encuentra pendiente de recurso.

En palabras de Moreno, esta investigación sobre posibles bases de datos de activistas puede influir positivamente para que se reabra la querella presentada por IU.