Hacienda atribuye a 'casualidades' los 13 errores que contenían sus bases de datos sobre la infanta Cristina, y descarga toda la responsabilidad en notarios, registradores y un funcionario de la propia Agencia Tributaria, que ya se ha jubilado. El secretario de Estado Miguel Ferre destacó que el envío de datos al juez José Castro siguió estrictamente el mecanismo que tiene acordado la Agencia Tributaria con el Consejo del Poder Judicial: suministro de los apuntes procedentes de terceros sin comprobación previa alguna.

Fuentes de Hacienda replicaron este miércoles a lo que califican de 'especulaciones increíbles' en torno a la venta de 13 fincas por 1,43 millones de euros, en los años 2005 y 2006, que el informe de la Agencia Tributaria atribuía equivocadamente a la hija pequeña del rey.

Aseguraron que en la Agencia Tributaria no existen 'agujeros negros' para dejar fuera de su control a determinados colectivos --en este caso, la familia real--. Añadieron que todos los ciudadanos están sometidos a los mismos sistemas de análisis y de riesgos a partir de los cuales se producen las comprobaciones e inspecciones. Es decir, que todos sin excepción son susceptibles del control fiscal.

En ese sentido, no descartan que los datos incorrectos que atribuían a la infanta la venta de las fincas diesen origen en su día a una inspección de Hacienda, que habría acabado con el cierre de la misma tras comprobarse que eran un error. No obstante, ello no hubiese implicado necesariamente la corrección de los datos equivocados, ya que al proceder de terceros 'sólo pueden ser corregidas por terceros'.

Esa lógica lleva a Hacienda a señalar que, en caso de que un juez volviese a pedir datos de la infanta, tendrían que volver a mandar un informe con los mismos errores hasta que los terceros que proporcionaron los datos --es decir, registradores y notarios-- no los corrijan.

En cuanto a que el informe no recoja la venta de un chalé y un garaje en el barrio barcelonés de Pedralbes, que sí realizó la infanta, las mismas fuentes señalan que esa enajenación no consta en sus bases de datos ni por tanto le ha sido facilitado el dato por notarios y registradores. Sin embargo, recordaron que en ese caso la propia infanta manifestó la venta en su declaración de IRPF y tributó por ello.

El secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, compareció este miércoles ante la prensa para explicar el contenido de la investigación interna que han realizado por los errores contenidos en su informe sobre la infanta, que concluye que 11 de ellos eran datos que enviaron notarios y registradores, y 2 se produjeron en el tratamiento de los mismos en la propia Agencia, donde 'bailaron' o 'se deslizaron' dígitos que colocaron a Cristina como vendedora de las fincas.

Fuentes de Hacienda señalaron que, en estos 2 últimos casos, el error fue manual al introducir los datos correspondientes, y fue cometido por un funcionario que ya está jubilado.

Ferre explicó que la Agencia Tributaria, en el caso del juez Castro y la infanta, actuó como marca la Ley General Tributaria y la orden ministerial de 1999 que establece el mecanismo de remisión de los datos que solicite la justicia. Del mismo modo, esa colaboración se rige por un convenio de 2010 entre la Agencia y el Consejo General del Poder Judicial, que establece que los datos que se envíen sean los que obren en las bases de Hacienda sin verificación previa.

Otra cosa es cuando el juez solicita la vía del auxilio judicial, es decir, que peritos de Hacienda --hay dos dedicados al 'caso Nóos'-- realicen informes elaborados a partir de los datos. En el envío de los datos al juez Castro, Ferre recordó que se especificaba que se trataba de información procedente de terceros --registradores, notarios--, no verificada previamente. Se trata de indicios que el juez puede usar como crea conveniente, segun Ferre.

En este caso, los datos fueron reunidos por la oficina de comunicación con los juzgados de la Agencia, y enviada al juez por el delegado de Catalunya. Ferre destacó que se componían de 'pantallazos' del ordenador en las páginas de las bases de datos donde figuraba la infanta.

Respecto a los 2 errores cometidos en Hacienda, el secretario de Estado dijo que en 2005 y 2006 aún se tramitaban ciertos datos manualmente, y se produjo un 'deslizamiento' o 'baile' que atribuyó erróneamente una transmisión al dni número 14, correspondiente a Cristina. Ferre destacó que desde 2007 una equivocación de esas características es más complicada, porque desde entonces no basta con cumplimentar el nif sino que es necesario también incluir el nombre y apellidos, además de que la carga de información es automática y no manual.

Para el número dos de Hacienda, lo ocurrido es 'un error administrativo y de gestión de información', que han lamentado desde Rajoy a Montoro, pasando por él mismo. Agregó que este tipo de equivocaciones no repercutirá en la campaña del IRPF, ya que la información de las bases de datos, cuando se emprende una paralela o una inspección, se depura y verifica y no se usa para exigir directamente el pago de impuestos a nadie.

Las fuentes de Hacienda citadas no dudaron también en recalcar que la grabación de los datos erróneos en sus bases se produjo en los años 2005 y 2006, es decir, en la etapa de Gobierno socialista, motivo que alegaron para no confirmar a ciencia cierta si se abrió una inspección o verificación de los datos atribuidos a Cristina por incremento patrimonial no declarado --derivado de las ventas que no se llevaron a cabo--.

Hacienda se mostró dispuesta a aclarar su informe y enviar los nuevos datos que les requiera el juez Castro, que este mismo martes les reclamó explicaciones 'comprensibles y documentadas' sobre lo ocurrido, tanto por incluir ventas no reales como poromitir las que sí se llevaron a cabo.

Las fuentes señaladas indicaron que la Agencia Tributaria opera con mil millones de datos que le proporcionan terceros, desde bancos a registradores o notarios, lo que puede producir errores.