El presidente del Gobierno ha iniciado hoy en el Palacio de La Moncloa la campaña para vender la reforma de las Administraciones Públicas que quiere el Gobierno, con 217 medidas fijadas con el baremos de 'hacer las cosas mejor', ha asegurado Mariano Rajoy ante representantes de Presidencia de 14 comunidades autonónomas y Ceuta y la ausencia de los representantes de Euskadi, Navarra, La Rioja y Melilla. La presentación de este texto de más de 2.000 páginas culmina el viernes con su aprobación por el Consejo de Ministros, que dará luz verde inmediata a la aprobación de las medidas que contiene en las próximas semanas y a la búsqueda del máximo consenso con las comunidades autónomas para trabajar en ellas.

El jefe del Ejecutivo ha elogiado la labor de la comisión para la reforma de la administración pública (CORA) -integrada por expertos y presidida por la vicepresidenta- que ha trabajado durante más de un año para elaborar este informe que supone, en palabras de Rajoy, abordar 'una nueva cultura de la gestión pública' desde una mayor eficacia, eficiencia, ahorro y, sobre todo, aprovechamiento al máximo de las nuevas tecnologías. En este sentido, el presidente ha subrayado que de todas las sugerencias que Presidencia ha recibido de los ciudadanos, la más habitual ha sido la referente a la implantación de una administración electrónica 'real'.

El Consejo de Ministros analizará y aprobará previsiblemente este viernes 21 las cinco primeras medidas de las 217 que contiene el informe de la reforma de las administraciones públicas, ha asegurado el presidente: la ley del régimen jurídico, la del procedimiento administrativo, la de subvenciones, la factura electrónica y el esfuerzo contra la morosidad en las administraciones públicas serán las inciativas primeras a las que irán destinados los trabajos del Ejecutivo, a las que se sumarán otro tipo de medidas que no requieran reformas legales, ha explicado Rajoy. Otro de los proyectos que el Gobierno quiere abordar con la máxima prioridad en la reforma administrativa está relacionado con el diseño de los presupuestos generales, que pasarán de ser elaborados conforme a lo que se ha gastado en ejercicios anteriores a ser asignados conforme a lo que se debe gastar ('presupuesto de base cero'). Sobre todo, la actuación sobre los PGE se centrará en los capítulos 2 y 6, gastos corrientes e inversiones reales, respectivamente, para lograr 'un ahorro sustantivo y permanente', en palabras del presidente.

El jefe del Ejecutivo ha tenido palabras para la tarea de tomar 'decisiones difíciles y muy dolorosas', como las que hasta ahora han supuesto un ahorro de 22.000 millones (2 puntos del PIB) y la reducción de empleados públicos hasta en 375.000. También ha querido dar algunas pinceladas sobre la concreción de las medias que se tomarán, que en algunos casos, supone meras recomendaciones para las comunidades autónomas, ya que el Gobierno no puede imponer su aplicación.

Rajoy ha mencionado las agencias metereológicas y los organismos de defensa de la competencia de los que disponen algunas comunidades y que, en su opinión, son perfectamente prescindibles, pues las autonomías que carecen de ellos recurren al Estado para que les resuelva los asuntos propios de ellas y lo hace con éxito. De hecho, y en este sentido, el presidente ha informado de que de las 217 medidas, 120 han sido redactadas para eliminar duplicidades entre las administraciones central y autonómica. Rajoy no ha citado la reforma de la administración local en ningún momento, a pesar de estar allí el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

El jefe del Ejecutivo ha aludido también a la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores de ofrecer a las comunidades autonómos que sus oficinas en el exterior se ubiquen en los edificios de las embajadas, apelando asimismo a la ambición estrella de José Manuel García-Margallo, 'la unidad de acción exterior', que está incluida en el informe de la CORA.