El Partido Popular sacó adelante el pasado mes de abril un decreto ley contra los desahucios que, en palabras de uno de sus diputados, era 'un paso de gigante'. Más allá de que el Ejecutivo admitiera a trámite para enterrar después en el fondo de un cajón la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que contó con 1,4 millones de firmas de apoyo, el Gobierno que dirige Mariano Rajoy ha demostrado por escrito no ya que su norma pueda considerarse un mero parche, sino su total desconocimiento del tema. Y lo hace en respuesta a una solicitud de informes y documentación presentada por Cayo Lara el pasado 4 de marzo a la que Público ha tenido acceso. (Consulta el PDF)

El coordinador federal de Izquierda Unida pidió al Gobierno en nombre del Grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-Cha) el 'número de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos efectuados desde enero de 2006 hasta la actualidad, desglosado por años y Comunidades Autónomas y con detalle de los que afectan o han afectado a viviendas que se encontraban habitadas'. Tres meses después, los únicos datos que el Gobierno ha sido capaz de recopilar se refieren a las ejecuciones hipotecarias resueltas en el periodo 2006-2012 en cada comunidad.

El Ejecutivo del PP no sabe cuántos lanzamientos (desalojo forzado tras la ejecución) ha habido desde el inicio de la crisis, qué comunidades son las más afectadas, ni cuántas familias se han quedado en la calle porque ignora si los desalojos corresponden a viviendas habituales, naves industriales o terrenos agrícolas. No existe una cifra porque, según señala en su respuesta, los secretarios judiciales no estaban obligados a comunicarlos de manera individualizada. Sin embargo, según explica el texto, 'el Ministerio de Justicia está trabajando, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Competitividad y con el Instituto Nacional de Estadística para que, en el año 2013, estos datos aparezcan reflejados y así poder llevar un control sobre los mismos'.

Los datos, según la contestación a Lara, han sido proporcionados por el Punto Neutro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 17 de abril de este año. Y es aquí donde empiezan a surgir las dudas porque justamente este organismo ha publicado hoy en un informe una cifra general exacta de desahucios y otra aproximada sobre viviendas habituales. En 2012 se habrían producido un total de 43.858 lanzamientos, mientras que el CGPJ calcula, teniendo en cuenta los datos del Colegio de Registradores y del Banco de España, que las familias que perdieron su domicilio el año pasado fueron entre 32.000 y 49.000.

El Gobierno especifica en su respuesta que las ejecuciones hipotecarias resueltas se han multiplicado por 4,6 entre 2006 y 2012, pasando de las 16.097 del primer año, a las 75.375 del último. También que, por comunidades, la más castigada es el País Valencià, donde en ese periodo ha habido un total de 55.155. Le siguen Andalucía, con 52.910; Catalunya, con 49.923; y Madrid con 33.953. En todas ellas, la mitad o más de la mitad se produjeron en los dos últimos años, siendo la comunidad catalana la más castigada el pasado año con 13.914.

Aquí, nuevamente, hay un aspecto que hace desconfiar: los datos no tienen en consideración las ejecuciones hipotecarias que aún se están tramitando y que, según ese organismo ascendían, a finales de 2012, a un total de 198.116. Tampoco ayuda en nada el hecho de que las ejecuciones hipotecarias resueltas no implican que se haya producido el lanzamiento o desahucio. Según el Gobierno, en estas cifras 'se computan aquellos procedimientos que, tramitados en los Juzgados de Primera Instancia, permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad'. 

Y por último, lo más preocupante: ni siquiera todos los datos sobre ejecuciones hipotecarias resueltas que le proporcionó a Lara el Ejecutivo 'se refieren a viviendas habituales, pueden ser de cualquier tipo de bien inmueble; vivienda habitual, segunda vivienda, plaza de garaje, local comercial, nave industrial, finca rústica, solar, edificio en fase de construcción', etc.

El Ejecutivo de Rajoy sólo puso en marcha su norma tras varios suicidios consecutivos de personas que iban a quedarse en la calle y ahora promete que a partir de 2013 va a reflejar los lanzamientos que se produzcan en viviendas habituales. Las cifras, en comparación con los años anteriores ─ si es que llega a recopilarlas─ , disminuirán notablemente por dos motivos: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró abusivas las cláusulas de los contratos hipotecarios y que muchos juzgados ya están aplicando en todo el Estado; y que una de las características del decreto ley del Ejecutivo es que paraliza durante dos años el lanzamiento siempre y cuando se cumplan unos requisitos económicos muy duros.

Esa del Tribunal europeo de Justicia no ha sido el único varapalo que le ha llegado al Gobierno desde la UE. Hoy mismo el Parlamento Europeo ha llamado a los Gobiernos a aprobar la dación en pago para proteger a las familias más desprotegidas frente a la crisis. Rajoy y sus ministros se negaron a aceptar esos términos, incluidos en la ILP, porque pondría en peligro a la banca.

Respuesta del Gobierno a Cayo Lara sobre ejecuciones hipotecarias desde 2006 by publico2013