La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha avisado al Congreso de que no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues considera que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto.

Así lo ha explicado en la Comisión Constitucional de la Cámara el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva Ley de Transparencia, que va a afectar también a la patronal y a los sindicatos.

Según ha explicado, de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones) pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones). Además, ha indicado que esas subvenciones que reciben no son 'aportaciones genéricas a fondo perdido', sino que se destinan a proyectos concretos cofinanciados o a la formación.

A su juicio, el principio de transparencia debe alcanzar a esos ingresos públicos pero no a los privados, y en todo caso debe habilitarse un 'control flexible' que no obstaculice el funcionamiento de las 4.500 entidades que forman parte de la CEOE, muchas de ellas de pequeño tamaño y de un presupuesto anual que no supera los 100.000 euros.

Lázaro Montero de Espinosa ha insistido en que la CEOE respalda que se dé información sobre los convenios de ayudas públicas, porque se trata de dar la máxima transparencia al uso del dinero público, pero cree que 'no tiene sentido que una entidad privada deba informar de la ejecución del presupuestos o auditar sus cuentas obligatoriamente'. Un control idéntico al del sector público 'no sería proporcional', opina.