Baltasar Garzón se encuentra en Buenos Aires, donde esta misma semana declaró ante la jueza argentina que lleva la causa por los crímenes de la dictadura. En una larga charla con 'Público' el magistrado suspendido por el Tribunal Supremo analiza su condena y repasa la situación de la judicatura en España, de la que dice que 'debe cambiar en muchas de sus estructuras'.

¿Esperaba ser condenado por la causa de las escuchas del caso Gürtel?

Sí. Por eso se antepusieron los juicios, se cambiaron, se retrasaron. Todo estaba perfectamente adecuado para lo que tenía que suceder. Se creó el delito para la condena. En el caso del franquismo, era demasiado brutal que hubiera una condena para quien había intentado investigarlo.

¿Se utilizó el caso de tapadera?

No. Hubo tres causas sincronizadas, actuando como una especie de orquesta bien armonizada, con espacios, silencios, avances, adelantos. Creo que la mejor muestra es lo que aconteció, y ahí está todo dicho. En el momento en el que me condenaron en la causa Gürtel, el 9 de febrero de 2012, se archivó la causa que me abrieron por las conferencias en Estados Unidos, y me absolvieron en la del franquismo.

En el último programa televisivo de Salvados, el juez Javier Gómez Bermúez dijo que consideraba su condena justa, pero que al mismo tiempo lo habría indultado. ¿Cuál es su opinión?

Es una afirmación que él sabrá por qué la hace, pero de todo lo que ocurrió en ese caso y a la vista del juicio que se celebró, no se puede hablar de justicia en una condena cuando se prescindió de todo el contenido del juicio oral y cuando se creó un delito inexistente en España. No es que yo quiera que se extienda a otros, pero mis medidas fueron ratificadas por el juez que me sustituyó, y ampliadas. Sin embargo, nadie le abrió un procedimiento. Y los fiscales pidieron la continuación del proceso, y tampoco fueron molestados. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, cuando se habían adoptado todas las medidas para proteger, y por qué el material que se obtuvo ni siquiera se utilizó? Espero que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda decir algo.

¿Y en cuanto a su comentario sobre el indulto?

La organización Medel, que aglutina a 15.000 jueces y fiscales en toda Europa, pidió mi indulto hace ya casi un año, pero el trámite está paralizado en el Ministerio de Justicia. Tampoco me preocupa demasiado, porque mi trabajo lo sigo haciendo en el área de los derechos humanos. Si Gómez Bermúdez opina que se tiene que conceder el indulto, es su opinión. Yo no me siento necesitado de él porque no tengo conciencia de haber cometido un hecho delictivo.

'Mis medidas fueron ratificadas por el juez que me sustituyó, y ampliadas. Sin embargo, nadie le abrió un procedimiento. ¿Por qué a mí?'

¿Qué opina de este juez?

Me merece el máximo respeto. Que tengamos posiciones discrepantes en algún punto no quiere decir que no le reconozca como profesional de la Justicia. La labor que hizo en el juicio de los atentados terroristas del 11-M fue muy meritorio.

¿Y cuál es su parecer sobre Fernando Grande-Marlaska, actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional?

Lo mismo, es un buen profesional. Mi relación con él es correcta.

¿Cree que la judicatura en España es una de las instituciones más limpias del país?

Creo que es una institución en la que la independencia está bien arraigada, pero que debe cambiar en muchas de sus estructuras. Debemos avanzar hacia un sistema en el que el fiscal sea el que dirija la investigación en el ámbito penal. Debe cambiarse el modelo del Consejo del Poder Judicial. Debe haber más participación de los ciudadanos en el mismo y en el control y dirección de la Justicia. Más transparencia, más gestión desde fuera de la gestión judicial, rendición de cuentas, consejos de participación ciudadanos, implicación de estos en la lucha contra la corrupción, y todo ello en un poder judicial cuya independencia e imparcialidad esté garantizada.

¿Cuál es el mayor problema de la Justicia en España en este contexto de crisis?

Que no se dispone de los medios necesarios y de la voluntad para combatir la criminalidad económica y la corrupción. Y que algunas formaciones políticas ejercen demasiada presión contra algunos jueces que están investigando la corrupción. Es muy peligrosa la situación en España, porque los jueces tienen que tener garantizada su independencia, y los fiscales, la posibilidad de actuar. Cuando desde el Gobierno o desde una formación política se incide permanentemente en escrachar a los jueces o fiscales que investigan la corrupción, se hace muy difícil.

¿Su caso es un ejemplo?

Cuando se inició la investigación de Gürtel, todo el PP y los círculos mediáticos de su entorno salieron en tromba contra mí. Luego ha habido declaraciones que demuestran que se intentó hacer lo mismo con el juez siguiente, y el fiscal del caso Arena dijo públicamente ante el tribunal que juzgaba ese caso que el PP estaba presionando a los fiscales que investigaban los casos de corrupción. Lo grave es que no se proteja la independencia de los jueces para investigar esos temas, porque ello impide la regeneración del propio sistema democrático, sobre todo cuando se refiere a casos de corrupción política. A eso se suma la investigación en el ámbito económico y financiero que afecta a entidades bancarias, y a temas específicos como las acciones preferentes. La respuesta de los ciudadanos tiene que ser inmediata y eficaz, porque el perjuicio es irreparable.

¿La Justicia tiene ahora más frentes abiertos de los que puede cubrir?

Cuando la crisis económica aflora y se ven actividades que exceden lo que es legal o productos financieros que son posibles estafas o delitos societarios, la Justicia tiene que responder. Y si no lo hiciera, sería muy grave. Más cuando el mecanismo diseñado ante las hipotecas no establece ningún sistema de protección de los afectados, cuando ves que los desahucios injustos, aunque pueden ser formalmente legales, no reciben ningún tratamiento por parte de la clase política y tiene que haber varios suicidios para que se pongan en marcha esos mecanismos. La gente empieza a preguntarse entonces qué hacen las instituciones que, atentas a la formalidad y a sus propios problemas, no protegen a los ciudadanos. Se presentan muchos recursos ante la Justicia porque están fallando otros ámbitos en ese equilibrio de poderes. Al acudir a los jueces de forma masiva, se pueden bloquear los procedimientos. Si a ello le añades la presión mediática, institucional y de corporaciones que pueden verse afectadas, la situación es bastante peligrosa.

¿Cómo se ejerce esa presión?

Habría que preguntarle a ellos. Otra cosa es que tú te dejes presionar. Pero no es algo difícil de comprobar: sistemáticos ataques sin ningún fundamento a jueces y fiscales que están investigando; permanentes acusaciones contra los mismos. Las descalificaciones de las investigaciones hace que los jueces y fiscales se sientan presionados como personas humanas que son. Hay una obligación proteger esa esfera, y las instituciones tienen la obligación de respetar y de propiciar esas investigaciones. No pueden partir de decir: 'Esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es muy liviano' o 'estos papeles no valen porque son fotocopias'. Tiene que haber una actitud proactiva. Si hay una acusación muy fuerte, como es en el caso Gürtel, lo que hay que hacer es colaborar al máximo.

'Los partidos políticos tienen que tener claro que aunque les afecte tienen que estar a favor de las investigaciones y no de su obstaculización'

¿Debemos esperar la ayuda de la UE?

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo emitió una resolución en la que hacía referencia, tras un recurso interpuesto por un juez de Barcelona, a que no estaba garantizado el derecho de defensa ante los desahucios, y exigía que fuera así. También ayuda la posición de los jueces del País Vasco y de otros lugares. Esa actitud más abierta y masiva de los jueces ha conseguido que se defienda lo que es un clarísimo atropello a las personas y a la dignidad humana mediante unas escrituras de hipotecas que son leoninas y unos interesas abusivos que se concretan en la pérdida del bien y en la persecución de la persona incluso después de la pérdida de ese bien. Ahí la Justicia ha intervenido, como también en las preferentes. Son muchos miles de millones de euros los que se han volatilizado.

Una de las soluciones que ha mencionado es la de incidir en la política.

Los partidos políticos tienen que tener claro que aunque les afecte tienen que estar a favor de las investigaciones y no de su obstaculización. Son personas jurídicas especiales que tienen un plus de transmisión ética hacia los ciudadanos porque los representan. No pueden ser oscuros, tienen que ser abiertos aunque alguno de sus representantes pueda estar implicado. Si eso no se hace así, todo se desnaturaliza.