El pasado martes el Gobierno del Partido Popular se negó a declarar el 18 de julio Día de condena del franquismo. Una semana antes, la delegada del gobierno en Catalunya acudió a un acto de homenaje de la División Azul y 15 días atrás, el ministerio de Exteriores impidió que víctimas del franquismo declararan ante la Justicia argentina. Tres acciones que, para muchos, retratan la ideología de un Gobierno y que podrían suponer la gota que colma el vaso si este no se hubiera derramado mucho tiempo atrás.

El movimiento memorialista, que arrancó en la década del 2000 en España y que tiene a Emilio Silva (presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) como uno de sus principales referentes, lleva ya más de diez años luchando contra la 'hipocresía' y la 'doble moral' de los diferentes gobiernos de la democracia y la pasividad de la Justicia respecto a los crímenes de la dictadura franquista. 'Todos los gobiernos, en mayor o menos medida, han mantenido una política de la ignorancia sobre el pasado dictatorial basado en un pacto de la transición que llenó todo de amnesia', denuncia Silva.

Una década en la que más allá de haber visibilizado una realidad latente como es la impunidad del franquismo, el movimiento ha conseguido, entre otros logros, sacar de las cunetas a cientos de víctimas y abrir una causa judicial contra el régimen en Argentina. La obra Qué hacemos por la memoria histórica (Akal) en la que participa Emilio Silva junto a Rafael Escudero, Patricia Campelo (colaboradora de Público) y Carmen Pérez pretende ser una radiografía de todo este movimiento memorialista, de sus éxitos y sus fracasos, de la ley de Memoria Histórica del PSOE y 'las políticas de no-memoria del PP'.

'La importancia fundamental del libro reside en tratar de mantener vivo un debate que parece que está perdiendo importancia en la agenda pública. Si nos comparamos con Guatemala vemos que la justicia llega cuando las víctimas junto a la sociedad mantienen viva la lucha pese al paso del tiempo y las dificultades. En España, las víctimas siguen con las heridas abiertos. Hay cerca de 113.000 víctimas en las cunetas', señala a Público Patricia Campelo

La obra,asimismo, también es reflejo de las actuaciones de los partidos políticos, del sistema judicial, de los medios de comunicación y de los movimientos a nivel europeo y mundial para que España investigue los crímenes del franquismo. A nivel local, el libro destaca como la 'crisis económica se ha convertido en una perfecta excusa' para sacar de la agenda pública la recuperación de la memoria y 'borrar del espacio público ese pasado dictatorial que tanto le molesta'.

Así lo demuestra la decisión del Gobierno de dejar a cero el presupuesto para apoyar la exhumación de víctimas de la represión franquista. 'La excusa de la crisis es una forma de camuflar las decisiones políticas. El Gobierno se acaba de gastar 300.000 euros en reparar el Valle de los Caídos. Sin embargo, alega que no hay dinero para exhumaciones. Son decisiones arbitrarias marcadas por la ideología. Es muy triste que tengamos en España una derecha política incapaz de entender nuestras reclamaciones', alega Emilio Silva.

Asimismo, la obra también hace especial hincapié en el desacato del Gobierno de las advertencias del Comité de Derechos Humanos de la ONU que recordó al Estado español que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que, por tanto, la Ley de amnistía de 1977 no tiene base jurídica legal instándole a considerar la derogación de dicha ley y a tomar las medidas que fueran necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes. 'Aquí está la hipocresía del Gobierno. Por un lado, el pasado verano hizo una declaración pública en la que parecía erigirse como el adalid de la lucha contra la desapariciones forzadas. Por otra, nos deja sin fondos para desarrollar este trabajo', apunta el presidente de la ARMH.

Pero no todo es repasar el pasado. La obra analiza cuáles son los principales vías de actuación que se ha propuesto el movimiento, las viejas que aún quedan por cumplir y las nuevas vías abiertas gracias al trabajo de estos años.

'Seguimos reclamando que sea el Estado el que se haga cargo de la exhumación de los cadáveres de las víctimas de la Guerra Civil y no las familias, como hasta ahora. Además, el cerco internacional contra la impunidad se está estrechando. Este año llega a España una comisión del grupo de trabajo de la ONU contra las desapariciones forzadas; en Argentina, la querella avanza lentamente, pero avanza; y en Bruselas hemos conseguido, pese a la negativo del Parlamento Europeo, realizar una exposición que muestra la brutalidad de la represión franquista que continuará girando por Europa', señala Silva, que se muestra optimista con la posibilidad de que en el futuro el franquismo sea condenado tanto fuera como dentro del Estado español.

'Lo que no podemos hacer es seguir esperando. La gente que viene a nosotros a pedirnos ayuda para que exhumemos los restos de sus familiares es gente muy mayor. La frase más repetida cuando estas personas consiguen dar un sepelio digno a sus familiares es que ya se pueden morir tranquilos', asegura Silva, que denuncia que su asociación, la ARMH, ha presentado más de 300 demandas en los juzgados antes de proceder a las exhumaciones encontrando, en su inmensa mayoría, una única respuesta: 'el silencio más absoluto'. 'No podemos esperar a los jueces. Las familias no pueden esperar a los jueces', concluye.

Este libro se enmarca dentro de la colección Qué hacemos, un colectivo editorial y de reflexión formado por, entre otros, Olga Abasolo, Ignacio Escolar, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva, que pretende 'responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado', según la editorial en su propia página web.