Ya llevan una semana encerrados en el Rectorado de la Complutense. Y, de momento, ahí piensan quedarse hasta que consigan sus objetivos. Las asambleas de estudiantes de la universidad más grande de España, y la segunda de Europa, pretenden con esta acción protestar contra la subida de las tasas y, consecuencia directa de este recorte, la expulsión de alrededor de 3.500 alumnos que todavía no han podido pagar el importe total de sus matrículas. En la raíz del problema está, de nuevo, la deuda. La Complutense debe alrededor de 142 millones de euros. Al mismo tiempo, después de haber tenido que pasar por los tribunales en varias ocasiones, el ejecutivo de Ignacio González tiene contraídas con la Universidad dos deudas, una 43 y otra de 19,5 millones, confirman fuentes de la propia institución. Es decir, le debe más de 60 millones.
'Estudiantes y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid estamos encerrados en nuestro rectorado desde el jueves 16 de este mes como respuesta a una parte del proceso de mercantilización de la universidad'. Después de hacer circular este comunicado por las redes, la semana pasada cerca de un centenar de estudiantes decidió comenzar esta protesta después de que los jóvenes que no habían podido afrontar los pagos fueran desconectados de la Universidad, es decir, dejaron de tener acceso al campus virtual de la web. La polémica estaba servida. Ahora, ya han sido rehabilitados. Pero el encierro continúa de forma 'indefinida'.
En la protesta están implicados activamente todos los días más de un centenar de estudiantes. 'Estamos haciendo turnos a lo largo del día y la noche por eso a veces aquí no se ve a más de 30', cuenta a Público Miguel Sevilla, uno de los encerrados. A este respecto, asegura que esta es una 'época muy complicada' puesto que se acercan inexorablemente los exámenes de junio y 'es difícil conciliar el estudio y la protesta'. Y para poder hacerlo, además de los turnos, han organizado zonas de estudio con mesas en el mismo edificio.
'El principal problema es conciliar el estudio y la protesta'
'El encierro es como un plenario continuo, tenemos una o varias asambleas al día', explica Sevilla. Están siempre preparados para poder sentarse en la mesa de negociación con el rectorado, aunque todas las decisiones las toman de forma asamblearia. No tienen representantes ni líderes. Además, han organizado tres grupos de trabajo para ir organizando la ocupación. Uno de 'dinámicas', que se ocupa de la comida, los espacios de estudio y la relación con el personal de seguridad, 'que hasta ahora es muy cordial' según Sevilla. Otro grupo es el de 'objetivos', encargado de, a partir del principio básico de que no haya estudiantes que se queden sin clase por motivos económicos, desarrollar todas las demandas de manera formal para presentarlas ante las autoridades y la sociedad. Y, finalmente, el grupo de 'difusión' tiene el cometido de 'llevar el mensaje de esta lucha al resto de la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad'.
Una semana de movilización y ningún incidente. Estos jóvenes han alcanzado un compromiso oral con el rectorado de que si la protesta se mantiene pacífica no serán desalojados. Pero ellos tienen cautela. Sevilla explica cómo ésta no ha sido la tónica general de los últimos meses, pues en varias ocasiones los antidisturbios han entrado en las facultades persiguiendo a los estudiantes en huelga contra los recortes, como pasó en Somosaguas recientemente.
De aquí en adelante, con la ocupación ya asentada, la protesta tiene visos de durar. Ya hay profesores que se han ofrecido a dar las clases en el rectorado y también a celebrar debates. Además, los jóvenes están recibiendo el apoyo de muchos colectivos y han comenzado a hacer comedores. Toda esta protesta para reclamar 'una ridiculez', como lo define Sevilla. El fondo que reclaman para que nadie se quede sin poder continuar sus estudios gira en torno a los 5 millones de euros como máximo, lo que supone entre el 0,4 y el 08% del presupuesto anual de la Complutense.
Empujada por la presión de los estudiantes, la Universidad puso en marcha este miércoles la posibilidad de que los estudiantes fraccionen la deuda que tienen pendiente. En un comunicado, explicaba que ofrecerá desde el 27 de mayo al 7 de junio dos posibilidades de fraccionamiento del pago pendiente a través de una aplicación en su portal web, que contempla una opción de pago en cuatro mensualidades -a realizar los días 20 de junio, julio, agosto y septiembre- o en dos -julio y septiembre-. Además, ambas opciones, según la Complutense, son soluciones 'más allá' de las aplicables en el próximo curso, 'en las que se sigue trabajando' para combatir la 'exclusión social' que conlleva 'la subida desorbitada' de los precios públicos universitarios en la Comunidad de Madrid.
El rectorado de Carrillo, que se encuentra acorralado por un lado por la Comunidad que no paga y por otro por unos estudiantes cada vez más movilizados contra los recortes, ha decidido tender la mano a estos últimos para calmar los ánimos. Sin embargo, los jóvenes han respondido con un comunicado en el que afirman que la decisión de prorrogar el pago de las matrículas ha venido sólo tras seis días de encierros y aún así consideran la medida como 'insuficiente' mientras no se le dé alguna solución a aquéllos que no puedan hacer frente a las tasas, ni hoy ni dentro de tres meses. Y añaden que ven amparada su decisión con la firmas de miles de estudiantes y trabajadores de toda la comunidad educativa.
Los rectores madrileños advierten la 'asfixia y colapso' del sistema universitario públio
Por otra parte, los estudiantes encerrados también exigen que 'todas las herramientas que salgan adelante para este curso se mantengan en los próximos años, dejando siempre la puerta abierta a mejorar las condiciones de las mismas', puesto que 'que las tasas para el próximo curso van a sufrir una brutal subida junto con una espectacular bajada del número de becas'. Por todo ello, continúan con el encierro para exigir que tanto el rectorado como la Comunidad garanticen un fondo de becas de emergencia para estudiantes en riesgo de exclusión de la educación.
El conflicto afecta a toda la institución académica, ahogada por los recortes del ministro de Educación José Ignacio Wert. La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) advertía este mismo lunes de que de que el riesgo de 'asfixia y colapso' del sistema universitario público madrileño es cada día 'más cercano y evidente'. En un manifiesto, los siete rectores aseguraban que estos recortes en subvenciones han obligado a las universidades a realizar ajustes 'muy importantes' en sus presupuestos, incluidos los relativos a su plantilla de personal docente, investigador, de administración y servicios.
Con un 57% juvenil y una subida de los precios para poder acceder a los estudios superiores que en algunos casos llega a los 5.000 euros al año, un número creciente de jóvenes ven peligrar su futuro académico.
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