Los gobiernos del PP adjudicaron obras por un importe total de 12.281 millones de euros a las constructoras que figuran como donantes de dinero al partido en los denominados papeles de Bárcenas. Es una de las conclusiones del informe de 130 folios que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, a raiz del cual ha citado a declarar como imputados a ocho de los directivos de esas empresas.

El documento policial, al que ha tenido acceso Público, recuerda que responsables de esas doce empresas beneficiadas por las adjudicaciones de gobiernos –nacional, autonómico o local– del Partido Popular, hicieron donaciones a dicha formación política por importe de 4,59 millones de euros a lo largo del mismo periodo en que se otorgaron los contratos –2001-2012–.

Las leyes de financiación de los partidos políticos, tanto de 1987 como de 2007, que son citadas en el informe policial, prohibían a las formaciones  recibir directa o indirectamente aportaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para alguna administración pública.

En seis de los casos, los de las empresas Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, se ha comprobado una continuidad en las donaciones a lo largo del periodo en que se obtienen las adjudicaciones. En otros, que corresponden a Sedesa, Copasa, Copisa, FCC Construcción, Urazca y Rubau, las entregas de dinero al partido se concentran en un año, que se ha comprobado que coincide o está próximo a un ejercicio de elevado volumen de contratación.

El informe de la Policía ha analizado de forma exhaustiva posibles coincidencias de los denominados papeles de Bárcenas publicados por el diario El País, que recogían una supuesta contabilidad B del PP en la etapa en que Luis Bárcenas era gerente o tesorero; con la documentación obrante en el caso Gúrtel y también con la contabilidad oficial ó A del partido.

En ese sentido, la Policía ha encontrado significativas coincidencias entre los papeles de Bárcenas y la contabilidad oficial del PP, en concreto entre enero de 2003 y marzo de 2008, y en lo relativo a las cuentas relativas a donaciones. Sin embargo, la Policía ha observado 'una actuación persistente en el tiempo consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite legal (60.000 euros), en ingresos en la cuenta de donativos anónimos dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior'.

Según el informe de la UDEF, la empresa más beneficiada por las administraciones del Partido Popular (en este caso entre 2002 y 2009), fue la constructora Obrascon Huarte, que obtuvo 215 contratos por un total de 4.652 millones de euros (el 6o% del volumen de contratación de la empresa en el periodo). En los 'papeles de Bárcenas', el presidente de la compañia, Juan Miguel Villar Mir, figura como donante de 533.000 euros.

En la segunda posición de este ránking está FCC Construcción. Tuvo entre los años 2002 y 2012 un total de 587 contratos con gobiernos del PP, por un importe global de 4.132  millones de euros. Su presidente, José María Mayor Oreja (hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja), habría hecho donaciones al partido por 165.000 euros, siempre según los estadillos contables atribuidos a la mano de Bárcenas.

La tercera constructora destacada es Sacyr Vallehermoso, que obtuvo entre 2002 y 2012, 117 contratos con administraciones gobernadas por el PP por valor de 1.064 millones de pesetas. Luis del Rivero, su presidente, hizo ingresos como donaciones en el partido de 480.000 euros, de acuerdo a los papeles del extesorero.

Las otras nueve empresas analizadas se situó por debajo de los 1.000 millones de euros de montante total adjudicado. Constructora Hispánica consiguió obras por importe total de 525 millones de euros, y su presidente, Alfonso García Pozuelo, donó 258.000 euros al PP; Copasa, 482 millones; Azvi, 343 millones, y sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras, que donaron 858.000 euros; y Sando, 264 millones, mientras su presidente, José Luis Sánchez Domínguez, donaba por valor de 1,2 millones de euros. Los investigadores policiales destacan de este empresario la regularidad en sus entregas y la repetición del importe (100.000 euros) en doce de ellas.

Sedesa Obras y Servicios consiguió entre 2001 y 2011 adjudicaciones por valor de 272 millones de euros, y Juan Cotino, vinculado a la empresa, habría hecho donaciones al PP, según la contabilidad atribuida a Bárcenas, por 200.000 euros. Esta sociedad relacionada con Cotino, actual presidente del Parlamento valenciano, dirigente del PP de aquella región y exdirector general de la Policía en la etapa de Mayor Oreja como ministro del Interior, tuvo la mayoría de los contratos del gobierno autonómico y de los locales en la comunidad valenciana. El informe recoge que los 200.000 euros se donaron en el año 2004, cuando el Consorcio Valencia 2007 realiza una adjudicación a una UTE integrada entre otras empresas por Sedes por importe de 44,6 millones de euros.

Aldesa logró 76 contratos por 282 millones de euros, y su consejero Juan Manuel Fernández Rubio y la propia empresa donó por un total de 330.000 euros; mientras que Copisa Constructora Pirenaica obtuvo entre 2002 y 2011 un total de 22 contratos con gobiernos del PP por 76,9 millones de euros, y habría realizado donaciones por valor de 254.000 euros. Por su parte, Rubau S.A. se hizo con contratos por 144,5 millones de euros entre 2002 y 2012 –su apoderado Antonio Vilella Jerez donó al PP 100.000 euros en dos entregas en el año 2004–, y Urazca por 39,9 millones. Su representante Ignacio Ugarteche hizo una entrega de 90.000 euros en 2007, según los papeles de Bárcenas.

La información sobre los contratos ha sido aportada por la Dirección General del Patrimonio del Estado, según destaca el informe.

El documento policial recoge parte de la declaración de Alvaro Lapuerta –tesorero del PP entre 1993 y 2008– ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 7 de febrero. El compareciente aseguró que los contratistas del Estado no podían hacer donaciones, y que cuando se trataba de personas que hacían aportaciones anónimas, él les advertía de que no podían interés con el Estado. 'Ellos decían que no', relató Lapuerta al fiscal.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recordado que cuando la Policía actúa como policía judicial, como en el caso de la investigación de los documentos del extesorero del PP, 'está a las órdenes del juez y no del ministro del Interior'.

También ha asegurado que no le consta que haya ningún informe de la Policía que 'establezca una relación de causa efecto entre una cosa y la otra (las donaciones y los contratos)'. 'Eso lo desmiento tajantemente', ha apostillado.