Entre 'las reformas estructurales' que son prioritarias para el Gobierno se encuentra 'una ley de desindexación de la economía española' cuya función será básicamente la de permitir el uso de un índice diferente al del IPC para los contratos de las administraciones públicas. Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno no aclaró si con esta reforma se acabará con la práctica de revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC.

Aunque tanto la vicepresidenta como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negaron cualquier vínculo con las pensiones, en el ambiente flota la sensación de que en el fondo esta ley de indexación prepara el terreno para que en un futuro las pensiones se desvinculen del IPC. Es casi inevitable pensarlo tras escuchar a Montoro decir que 'subidas alocadas de las pensiones' perjudican a los jubilados.

Montoro destacó que el Gobierno está trabajando en dar 'seguridad y fiabilidad' a los pensionistas y que no pueden producirse 'subidas nominales de manera alocada', porque ello perjudica su bienestar social. En todo caso y tras asegurar que el Ejecutivo tiene intención de consensuar el factor de sostenibilidad con agentes sociales y partidos políticos, Montoro subrayó que el 70% de los pensionistas, es decir, aquellos que cobran las pensiones más bajas, ganarán este año poder adquisitivo. Al respecto, Montoro indicó que en 2013 las pensiones del 70% de los perceptores de las más bajas se han revalorizado un 2% y a final de año la inflación puede estar en el 1% o menos, lo que va a permitir una recuperación del poder adquisitivo de millones de españoles.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha señalado que el informe que el Gobierno envió a los grupos parlamentarios sobre el factor de sostenibilidad 'es un informe de derecho comparado' e insistió en que algunas de las cosas que se han publicado, como el posible alargamiento de la edad de jubilación legal hasta los 70 años, 'no van a ser así'. 

La vicepresidenta dio a entender que desvincular la actualización de las pensiones del IPC es un tema que se vería en el debate sobre el llamado factor de sostenibildad.

Sáenz de Santamaría negó que la ley de desindexación vaya a afectar a las pensiones, pero recurriendo a un lenguaje farragoso en el que dio a entender que desvincular las pensiones de IPC se hará igualmente. Según explicó la vicepresidenta, 'hay que diferenciar dos planos. Con la aplicación del factor de sostenibilidad, el marco de las pensiones será muy específico a partir de su aprobación', dijo la vicepresidenta que, con estas palabras, dio a entender que desvincular la actualización de las pensiones del IPC es un tema que se vería en el debate sobre el llamado factor de sostenibildad.

Sáenz de Santamaría insistió en que el principal efecto de esta Ley de Desindexación se va a producir sobre los contratos públicos, por ejemplo en los de obras, pues su vinculación con la inflación produce una actualización permanente de determinados componentes, como los materiales, que encarece los contratos.

Eso, sumado a la subida del IVA, hace que el coste para las administracones públicas sea demasiado elevado, según la vicepresidenta.

La vicepresidenta ha indicado que, aunque esta nueva ley no afectará a los pensionistas, 'algunos' ganarán poder adquisitivo este año por el control de la inflación.

De hecho, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, subrayó que 'no desecha' la posibilidad de que el IPC se sitúe después del verano 'claramente por debajo del 1%'.

'Por eso, en el caso de la revisión de las pensiones, habrá ganancias simplemente con las subidas establecidas a principios de este año, del 1% y del 2%', afirmó De Guindos.