El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho hoy que, según las estimaciones preliminares, en el primer año de vigencia del Código de Buenas Prácticas -aprobado en marzo de 2012- se han producido 291 daciones en pago de entre las cerca de 90.000 ejecuciones hipotecarias que se dieron en 2012, es decir, que la dación en pago se ha dado en aproximadamente un 0.3 de los casos. 

Según datos oficiales del observatorio de las comunidades de propietarios las ejecuciones hipotecarias instadas por el banco se situaron en 2012 en los 90.000 , un 24% más en 2011. 

El dirigente económico ha anunciado además, que desde que se aprobó el Código de Buenas práctica se han producido 601 reestructuraciones  efectivas de deuda. 

Estos datos demuestran, según De Guindos, que '1.000 familias se están beneficiando de las medidas aprobadas por el gobierno para proteger al deudor', es decir, que sólo un 1% de las familias que se han visto afectadas por las ejecuciones hipotecaria han encontrado desahogo en las medidas del ejecutivo.  El Gobierno logra de este modo el objetivo del Código de Buenas prácticas y dificulta al máximo saldar las deudas hipotecarias con la entrega de la vivienda, mientras Europa acuerda una directiva para mejorar la protección de los consumidores que contempla la dación en pago. 

Sin embargo, el Ministro se ha mostrado optimista y confiado en su medida durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y ha manifestado que 'habrá un aumento importante de familias que se podrán beneficiar de su medida'. 

En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Leire Iglesias sobre si el Gobierno tiene previsto aprobar las normas pendientes para facilitar que los ciudadanos puedan hacer frente a sus préstamos hipotecarios, el ministro ha recordado que además de estas medidas, el Ejecutivo espera ampliar los umbrales para entrar dentro del Código de Buenas Prácticas.

En este sentido, De Guindos ha recordado que la semana pasada se aprobó un 'importante' conjunto de decisiones para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, que incluye medidas contra los desahucios como la reestructuración de deuda y el alquiler social.