En la madrugada de ayer a hoy se ha cumplido un año de la caída del rey mientras cazaba elefantes en Botswana con el desconocimiento de la opinión pública. La sucesión de acontecimientos negativos relacionados con la Corona que han tenido lugar desde entonces -incluidas la imputación de la infanta Cristina y la larga convalecencia del rey tras su última operación, que podría alargarse hasta después del verano- han intensificado un debate que la Casa Real intentó cerrar en vano hace unos meses, negando tajantemente que Juan Carlos de Borbón tuviera previsto traspasar al Príncipe de Asturias la Jefatura del Estado. 

Sin embargo, todas las encuestas hechas hasta la fecha coinciden en que la caída en picado de la valoración de la Monarquía se corresponde con el declive de la del propio rey, mientras que el Heredero aguanta el tirón mucho mejor que su padre, por lo que plantearse la abdicación se ha convertido casi en una obligación para la Corona, al considerarse en diversos ámbitos -incluido el internacional, como recogió el jueves el semanario The Economist- la opción más favorable para garantizar la continuidad de la Monarquía Parlamentaria como forma del Estado español.

Esta abdicación supondría el desarrollo inmediato de la ley orgánica sobre la Corona que contempla la Constitución Española (Art. 57.5. 'Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica') pero tendría que detenerse, además, en una cuestión delicada: ¿Qué pasa con la inmunidad de Juan Carlos I cuando deje de ser rey? ¿Podría ser imputado como su hija Cristina? Al fin y al cabo, el monarca es el siguiente escalón tras la Infanta y su nombre figura asimismo -aunque en menos ocasiones- en el intercambio de correos entre Diego Torres [en la imagen inferior], Iñaki Urdangarin o el asesor de la Casa Real, Carlos García-Revenga. Por ejemplo, como presunto enlace entre el Instituto Nóos y el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Las fuentes jurídicas consultadas coinciden todas: sin entrar en si hay razones o no para imputar al rey, habría que ver cómo se desarrolla la ley de la Corona, por lo que descartan ir más allá, aunque reconocen que si Juan Carlos I mantuviese su inmunidad a pesar del traspaso, la nueva norma tendría que recogerlo explícitamente. La Constitución es muy explícita en eso y sólo habla de inviolabilidad y de no sujeción a responsabilidad en el caso de 'la persona del Rey', no de quien deje de serlo (Art. 56.3.) 

En este punto, los partidos políticos del arco parlamentario también mantienen discrepancias sobre si el rey debería o no recuperar la normalidad como persona jurídica y como cualquier ciudadano. Desde el PP, Gabriel Elorriaga, presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, es el más contundente: 'No soy capaz de imaginar ningún hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a tan extravagante hipótesis -señala el diputado por Madrid-. Tras casi cuatro décadas de reinado, el Rey acumula trabajo en beneficio de todos los españoles, inmensos aciertos históricos y, en consecuencia, motivos para el reconocimiento público. Cualquiera que pudiera ser su decisión en el futuro no cambiaría esta percepción en la mayoría del pueblo español'. En este sentido, el diputado vasco Emilio Olabarría, portavoz de la Comisión Constitucional en la Cámara Alta, apela a la imposibilidad de responder a una hipotética imputación del monarca si abdicara si no se ostenta 'la condición de Fiscal anticorrupción, ni de Juez de instrucción, ni de Magistrado del Tribunal Supremo, considerando además que al rey se le considera inimputable constitucionalmente, sin ninguna referencia constitucional a las consecuencias jurídicas derivadas de una abdicación. Estamos ante una pregunta de imposible respuesta en estos momentos', concluye.

La izquierda del arco parlamentario es la única abiertamente a favor de abrir el debate sobre la República Por su parte, las generaciones de la postransición en los partidos consideran, por un lado, que 'los españoles somos iguales ante la ley', pero que tampoco 'hay motivos para imputar al jefe del Estado', sostiene el responsable del Área Electoral del PP y diputado de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. César Luena, secretario adjunto del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) se muestra escéptico ya con que 'se vaya a dar esa abdicación', aunque si se diera y, además, fuera imputado, Luena entiende que 'como español, tendría iguales derechos y deberes que los demás'. Nacho Uriarte, diputado del Congreso y portavoz adjunto de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Grupo Parlamentario Popular (GPP), prefiere situarse ya en el reinado de Felipe de Asturias, a quien conoce personalmente, y asegura estar 'convencido de que los españoles -especialmente los de mi generación- se sentirán muy orgullosos de la labor que desarrollará llegado el momento'. El ex presidente de Nuevas Generaciones (NN.GG.) pide 'respeto' para una decisión que 'depende únicamente de la Casa Real'. Irene Lozano, diputada de UPyD por Madrid, cree que 'por lo que conocemos hasta ahora, no hay motivos para imputar al rey en ninguna causa', pero reconoce que el 'cómo podría quedar distribuida la inviolabilidad en caso de abdicación -y hablamos ya de la conjetura sobre la hipótesis- es un asunto sobre el que se trata de tomar una decisión política y darle forma jurídica. Esa decisión corresponde al Gobierno', señala.

La izquierda del arco parlamentario es la única abiertamente a favor de abrir el debate sobre la República, pero además y puesto que -como se señala al principio- 'si el artículo 56.3 de la Constitución Española señala que La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, el rey debería responder en caso de que abdicara, ya que ese artículo -opina la diputada de ICV y miembro del Grupo La Izquierda Plural, Laia Ortiz- deja claro que sólo afecta a la persona que ostenta el cargo de rey'. La diputada catalana, sin entrar a valorar si hay motivos o no para imputar al rey, ve esta cuestión como 'un debate apasionante entre constitucionalistas para determinar si el artículo en cuestión protege al rey sobre los posibles delitos que hubiera cometido durante su reinado o bien si sólo le afectaría a lo hecho antes y después de acceder al trono'. La sola posibilidad, señala Ortiz, 'es un buen ejemplo de lo extemporánea que es la institución de la monarquía: el rey debería ser responsable de sus actos antes o después de abdicar, aunque para ello se debiera modificar la Constitución. Es evidente que alguien irresponsable no puede representar a nadie ni rendir cuentas'.