La macroestafa en la conservación de células madre destapada hace un año en ocho provincias españolas será investigada finalmente por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El Tribunal Supremo ha acordado que es el órgano competente, y no un juez de Alicante, al tratarse de un delito continuado de estafa, que afecta a una generalidad de personas (hubo 400 familias que denunciaron haber sido víctimas del fraude), que se extiende a varios territorios, y que tiene conexiones internacionales.

El caso estalló en marzo de 2012, cuando la Guardia Civil detuvo en varias localidades de Alicante al presunto cerebro de la trama, dedicado al sector de las células madre, a su esposa y a otra mujer.

Las pesquisas se desencadenaron a raiz de la existencia de 400 denuncias de personas que habían contratado los servicios de la red para la obtención de sangre del cordón umbilical, y su congelación y conservación en laboratorios de diferentes países. Sin embargo, según destaca ahora el Supremo, 'los laboratorios donde se dice que se iban a conservar esas muestras son inexistentes o no aceptan las muestras remitidas por los imputados'.

El precio que cobraban los detenidos oscilaba entre los 1.800 y los 2.500 euros, según las investigaciones de la Guardia Civil, que detectaron que aparte de los 400 casos denunciados hubo otros 300 en los que las muestras sí llegaron a laboratorios de varios países europeos y de Estados Unidos, aunque en algunos casos los mismos tampoco han cobrado por sus servicios.

Las provincias de donde proceden las denuncias son Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Salamanca y Granada. Los detenidos están acusados también de falsificación de documentos, en relación a los falsos contratos de servicios y certificados de almacenaje y criogenización de las muestras.

El presunto cabecilla de la trama trabajó en una empresa del sector hasta febrero de 2011, y después lo hizo por su cuenta a través de dos marcas comerciales --Instituto Celular y Cryocell-- que disponían de páginas web en Internet.

Al revés de lo ocurrido en el caso de los papeles de Bárcenas, donde dos juzgados de la Audiencia Nacional pugnaron por ser ellos los que instruyesen la causa, en este asunto ni el juez Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ni el juez de Instrucción número 3 de Alicante, se consideraban competentes para la investigación.

Se desató entonces una cuestión de competencia negativa, que el Supremo, con apoyo de la Fiscalía, ha resuelto en favor de la Audiencia Nacional, argumentando que, además de afectar a una pluralidad de personas y a varias provincias, existen conexiones extranjeras que hacen más compleja la investigación, que 'resultará más abordable por una jurisdicción especializada con competencia nacional'.