La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre el tumulto de declaraciones desatadas a raíz de las palabras de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y otros miembros del PP que comparaba los escraches a diptados con actos de kale borroka, no se detiene en la pelea mediática y continúa ofreciendo soluciones a los afectados por las ejecuciones hipotecarias.

Así, la PAH  ha presentado este martes en los principales juzgados de España los escritos que ha elaborado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para solicitar la anulación de todos los procedimientos de desahucio que se están tramitando.

En Barcelona, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde se han congregado unos 200 miembros de la PAH, la portavoz del movimiento, Ada Colau, ha explicado que la sentencia del TJUE demuestra la ilegalidad de la normativa hipotecaria y ha resaltado la 'emergencia social' que los desahucios están provocando.

Más de un centenar de trabajadores de los juzgados de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat han expresado su apoyo, incluso con la exhibición de pancartas, a los miembros de la PAH y a las personas afectadas que han ido presentando esta mañana los escritos en cada uno de los juzgados en los que se están tramitando sus casos.

Según ha informado la abogada de la PAH, Eva Corredoira, esta mañana se ha formalizado la entrega de 22 escritos en juzgados de Barcelona, 4 en los de L'Hospitalet de Llobregat y 2 en Cornellà, en la primera jornada de presentación de estas peticiones, que seguirán en los próximos días en todos los juzgados.

En Madrid, decenas de personas con procedimientos de desahucio en marcha también han presentado en los Juzgados de Primera Instancia el escrito elabaroado por los abogados d ela PAH.

El asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, que visto que ni los jueces, ni la Fiscalía, ni el Gobierno 'actúan', son los propios afectados los que han ido al Juzgado para pedir que'se dejen de violar sistemáticamente los derechos humanos por la aplicación de una norma ilegal'

Mayoral ha sostenido que la sentencia del Tribunal de UE del pasado 14 de marzo 'deja claro' que la norma española que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria 'está fuera de la ley' y 'no se ajusta a la legislación europea'.

'Por lo tanto, todo lo actuado al amparo de una norma declarada ilegal es nulo de pleno derecho, es muy sencillo de entender', ha subrayado.

Mayoral hatambién se ha referido a las declaraciones de Cifuentes, a las que ha calificado de 'irresponsables' y le ha exigido que 'deje de mentir'.

'Sus declaraciones son un menosprecio a las víctimas de los procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales', ha opinado Mayoral, quien ha instado a Cifuentes a no poner a las fuerzas de seguridad 'a disposición' de los desalojos.

Los afectados que se han concentrado ante los Juzgados han portado una pancarta con la frase 'Banqueros robando y jueces ayudando' y han coreado consignas como 'no consentimos ni un desahucio más', 'sí hay dinero, lo tienen los banqueros' o 'qué pasa, qué pasa, que nos roban la casa'.

Daisy Silva, una madre soltera ecuatoriana, que se encuentra en el paro y no puede hacer frente a su hipoteca, ha señalado que ha acudido a la protesta porque ya es hora de que la gente 'tire de las orejas a la justicia española' y se hagan eco de ello en Europa.

Pese a su situación de 'precariedad' el banco con el que tiene la hipoteca 'siempre le ha cerrado las puertas a la negociación', a pesar de que desde el principio el propio banco era consciente de que el crédito que le concedió era de riesgo.

La misma acción ha tenido lugar en todas las provincias del país, ya que el equipo jurídico de la PAH había preparado el escrito, que desde el lunes ha sido distribuido por Internet, para que todas las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha los presenten en su juzgado.

El escrito se basa en la sentencia del TJUE del pasado 14 de marzo que declara que el procedimiento español de ejecución hipotecaria 'infringe la normativa comunitaria'.

El escrito recuerda que la sentencia 'ha declarado que el procedimiento de ejecución hipotecaria español es contrario' a una Directiva de la Unión Europea.

'Ello supone que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Constitución, los tribunales no puedan aplicar una norma ilegal; de ser así se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Carta Magna en su vertiente de respeto del principio de legalidad y de resoluciones fundadas en Derecho', alegan los escritos presentados hoy.

La portavoz de la PAH, Ada Colau, ha recalcado que los procedimientos de ejecución hipotecaria 'se están tramitado de acuerdo con una norma contraria al derecho comunitario y, por tanto, ilegal' por lo que 'deben ser declarados nulos'.

En sus escritos, los afectados, además de solicitar la anulación del proceso judicial, piden también 'la reparación del daño causado'.

Según los abogados de la PAH, 'la continuación del procedimiento supondría además una violación flagrante del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 1950, susceptible de demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos'.

El escrito subraya también que 'en la sociedad existe una auténtica alarma social en esta materia, dados los más de 400.000 desahucios que se han producido en los años de la crisis económica, y en los miles que se están tramitando en la actualidad'.

'Esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la hora de interpretar las normas vigentes pues, conforme a lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo 'a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas', lo que en el tiempo presente exige una clara visión favorable a los afectados', argumenta el escrito.

Otro motivo de nulidad es la existencia de cláusulas abusivas para el consumidor, tal como reconoce también la sentencia del TJUE, por lo que la PAH pide a los jueces que revisen 'la existencia de cláusulas abusivas (control jurisdiccional)'.

El escrito solicita igualmente que la presentación de estos escritos 'no suponga mayores perjuicios derivados de la continuidad en el devengo de los intereses moratorios'.