El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró este jueves que España cumplirá la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que afirma que la norma española de desahucios es contraria al derecho comunitario, y que se aprovechará para ello la tramitación del decreto que ya está en el Congreso.

Rajoy se refirió a esta sentencia en declaraciones a los periodistas a su llegada a Bruselas para participar en la reunión que horas antes de la cumbre de la UE mantienen los líderes del Partido Popular Europeo. El jefe del Ejecutivo señaló que el Gobierno está estudiando esa sentencia y que hay algunos problemas de procedimiento que se intentarán subsanar.

Recordó que la ley española sobre desahucios data ya de hace muchos años y, que, después de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE y del análisis que hagan de la misma los servicios jurídicos del Estado, se actuará en consecuencia. 'Aprovechando que ahora hay una tramitación de un real decreto ley sobre desahucios en el Congreso para mejorar la situación, procuraremos adecuarlo a lo que allí se nos pide'. 

Horas antes, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, había garantizado lo mismo: que el Gobierno modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea. Entre otras cosas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que la legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión. 'Asumimos el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea', dijo el ministro.

Gallardón no quiso pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto  inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios

Esa corrección se hará aprovechando que el Congreso está tramitando conjuntamente tanto el proyecto de ley derivado del decreto ley que analizó los desahucios como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago. Según Gallardón, 'afortunadamente' se está en plazo para hacer esas correcciones porque 'hay un plazo de enmiendas para introducir aquellas modificaciones que sean necesarias'. Dicho plazo de enmiendas concluye este viernes.

Gallardón no quiso pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios, a la espera de conocer sus términos exactos, aunque sí insistió en dejar claro que la legislación se modificará para incorporar los criterios que haya establecido.

Según el Tribunal de Justicia de la UE, 'la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión'.

La institución comunitaria, con sede en Luxemburgo, considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos.