Gisela, ecuatoriana, 38 años, cuatro de ellos en España. Tiene tres hijos, ha sufrido dos abortos espontáneos y recientemente acudió a un servicio de urgencias del hospital al que siempre había acudido porque sufría molestias y dolor en la barriga. Sospechaba que podía volver a estar embarazada. Le hicieron una revisión pero, ante la falta de confirmación al respecto, le dijeron que volviera en una semana. Si el resultado era negativo, le cobrarían la consulta. 

Esta es una de las consecuencias de la reforma sanitaria promulgada por la ministra del ramo, Ana Mato, que dejó a los inmigrantes irregulares sin seguro público. Los sin papeles son atendidos gratuitamente sólo si se trata de un caso de urgencia. En el caso de las mujeres, ellas también están cubiertas durante el proceso del embarazo. En el resto de casos, los afectados o pagan el servicio o se van a un centro privado. Gisela no volvió a su hospital. ¿Su diagnóstico final? Embarazo ectópico (fuera del útero) que no siguió adelante. 

María, dominicana de 33 años, está en el paro. Tiene tres hijos, el más pequeño, de menos de un año. Durante el último parto sufrió complicaciones y los médicos tuvieron que practicarle una histerectomía (le extirparon el útero). A finales de marzo su cartilla de la Seguridad Social, su tarjeta sanitaria, caducará y ya no tendrá a dónde acudir para que un médico controle -gratuitamente-  sus ovarios, sus sofocos, en definitiva, su estado de salud. 

Además, ni María, ni Gisela, ni ninguna mujer que se encuentre en su misma situación tampoco podrá prevenir embarazos no deseados. Al menos no al precio reducido en que las beneficiarias de la sanidad pública pueden conseguir anticonceptivos como la píldora o el implante de un DIU. Sin posibilidad de conseguir una receta, este derecho no es para ellas.

Médicos del Mundo calcula que entre 150.000 y 900.000 inmigrantes se han quedado sin tarjeta sanitaria

Así lo denuncian algunas de las plataformas que las atienden, como la Federación de Planificación Familiar (FPFE) o Médicos del Mundo (MdM), entre otras. Esta última calcula que entre 150.000 y 900.000 inmigrantes (hombres y mujeres) se han quedado sin cobertura sanitaria, ya que no habían conseguido regularizar su situación en España a 1 de septiembre del año pasado. 'El balance es desolador: no sólo la norma [la ley de reforma sanitaria] ha negado el derecho a la salud a estas personas, sino que incluso las que deberían estar recibiendo atención, no lo están consiguiendo fácilmente', denuncian en un comunicado. 'En algunos hospitales son obligadas a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas [...] También es especialmente preocupante que tengan que abonar íntegramente el coste de los medicamentos que precisan', señalan.

En resumen, Médicos del Mundo lamenta la 'vulneración de derechos humanos' que se ha producido en algunos casos. Como en el de Leydy Ruiz, que tuvo dificultades para conseguir una cita de seguimiento para su tratamiento de cáncer de mama y también para poder pagar la cara medicación que necesitaba. 

Leydy es cubana, tiene 28 años y lleva más de tres en España. En cuanto Madrid empezó a aplicar la nueva ley impuesta por el Ministerio de Ana Mato, en mayo de 2012, los profesionales que siempre le daban sus recetas para un medicamento que corta su ciclo menstrual, dejaron de hacerlo. Algunos incluso empezaron a tratarla mal. 'Mi tumor es hormonodependiente. A pesar de la quimioterapia, la radioterapia y la mastectomía (extirpación de la mama), cada 28 días tenía que ponerme un implante para no tener la regla', relata. Pero, después de dos años de tratamiento, que cuesta unos 200 euros, según sus datos, un día llegó a su centro de salud y se lo negaron. 'Una de las enfermeras me dijo que me volviera a mi país, que inmigrante tenía que ser', continúa Leydy. 

'Al quedarme sin tratamiento, lloré y lloré, pero un día me dije que si el cáncer no me había matado, no lo iba a hacer la ley', relata una afectada

Lejos de hundirse, esta cubana optimista y alegre le respondió: 'No vengo aquí de fiesta, mi bisabuela era española e, igual que ella emigró cuando las cosas estaban mal aquí, a mí me ha tocado venir cuando las cosas están mal en mi país'. 'Ojalá pudiera estar allí y tratarme allí, porque otra cosa no, pero los médicos cubanos son excelentes y salvan vidas de forma gratuita', reivindicó Leydy. Sin embargo, pese a su arrojo, tuvo que pasar casi un año sin tratamiento. Y sin revisión ginecológica ni oncológica. 'Lloré y lloré, pero un día me dije que si el cáncer no me había matado, no lo iban a conseguir éstos', cuenta. 

Intentó conseguir su tratamiento en farmacias, incluso a pesar de tener dificultades para poder hacer frente al coste de su tratamiento. 'Si hacía falta, estaba dispuesta a ponerme a bailar en el Metro para sacar dinero', asegura, medio en broma, medio en serio. Aun así, en ninguna farmacia se lo dispensaban sin receta. Un día, alguien le recomendó que acudiera a Médicos del Mundo, ONG donde ofrecen un servicio de información y acompañamiento a las personas que se encuentran en su misma situación. Después de muchos arreglos burocráticos, el caso de Leydy terminó bien, pudo volver a tener asistencia y, con la buena evolución de su enfermedad, ya sólo necesita un tratamiento mucho más barato que el anterior. Además, ha conseguido trabajo (de niñera, a pesar de estar licenciada en Historia del Arte) y está a punto de conseguir su permiso de residencia. 

'La reforma pone en mayor peligro a los más pobres y, además, es totalmente inequitativa porque depende de la zona en que viva la mujer, de las instrucciones de cada Consejería de Sanidad', explica Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar. También dependen, en caso de que el Gobierno autonómico restrinja el acceso a la sanidad a los sin papeles al 100%, de la objeción de conciencia a la que se acogen muchos profesionales. 'La normativa pone en un aprieto a muchos profesionales porque podrían ser penalizados por ello y, en la situación de precariedad actual, muchos no querrán arriesgar sus puestos de trabajo', advierte la experta, que prefiere hablar del 'compromiso de conciencia' de sus colegas de profesión, más que de la objeción. 'Por ética, estamos obligados a atender a todo el mundo, diga lo que diga la ley', señala. 

'La reforma sanitaria pone en peligro a los más pobres', denuncia una experta de la Federación de Planificación Familiar

Sin embargo, incluso aunque los médicos quieran ofrecer sus servicios de forma gratuita a sus pacientes sin papeles, no pueden hacerlo con facilidad. 'En teoría no podrían ni darles hora, porque todo está informatizado ya y, sin tarjeta, es imposible', explica Serrano. José Vicente González Navarro, presidente de la Sociedad Española de Contracepción, está de acuerdo con ella en cuanto al compromiso de conciencia. 'La preocupación de los médicos es atender a las personas; no vamos a dejar de asistir a nadie que lo necesite. Yo nunca he pedido la tarjeta sanitaria y no lo voy a hacer ahora', asegura. Aun así, también reconoce que 'puede que algunas personas se encuentren con barreras antes de llegar a nosotros, barreras pre-médico que nosotros desconocemos', lamenta.

Lo mismo que ocurre con la cita médica, ocurre también con los materiales utilizados o con las recetas. 'En algunas Comunidades, los centros de planificación familiar tienen DIUs e implantes hormonales gratuitos, pero no todas', detalla Serrano. La consecuencia, de nuevo, es la misma: un ginecólogo puede querer atender la petición de una inmigrante irregular pero, en algunos casos, será la paciente la que, como mínimo, tenga que pagar el sistema de prevención de embarazo.

Aunque las afectadas consigan una receta, nunca obtendrán el fármaco a precio reducido

¿Los precios? Un DIU de cobre -el más utilizado-, entre 60 y 120 euros. El de hormonas, 165 euros. El implante anticonceptivo de hormonas para tres años, 150 euros. En caso de tener que acudir a una consulta privada, donde tenga que pagar la intervención y el material, prevenir embarazos no deseados le costará a la inmigrante en cuestión entre 200 y 250 euros, según los expertos consultados. Y si prefiere optar por métodos más baratos, como el parche, el anillo o la píldora, el precio oscilará entre 6 y 20 euros al mes, aproximadamente el doble de lo que costarían con receta médica. Una vez más, el médico puede extender el papel en blanco, pero, al llegar a la farmacia, la mujer sin papeles se encontrará de nuevo en un callejón sin salida.

'Punto uno: si no tienen acceso a médico, ¿quién les va a dar la receta? Y punto dos: los médicos pueden darles la receta que les permitirá acceder a métodos anticonceptivos, pero en ningún caso, a precio reducido', especifica la experta de la Federación de Planificación Familiar. 'La financiación pública se hizo para ayudar precisamente a quien tenía menos recursos, para mejorar el acceso a los anticonceptivos y evitar embarazos no deseados', recuerda Serrano.

Acai: 'Lo primero son las mujeres'

Si, finalmente, se llega a este extremo y la mujer decide abortar, entonces tiene dos opciones. La primera, si se tienen recursos, es acudir a una clínica privada y pagar entre 350 y 600 euros por la intervención, dependiendo del tiempo de embarazo, de si es anestesia local o general o de si se trata de una interrupción farmacólogica. Algunas, desesperadas, recurren a métodos peligrosos como las supuestas píldoras abortivas que se difunden por internet de forma clandestina. A este respecto, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha advertido, en varias ocasiones, de los peligros que conlleva restringir el acceso libre y gratuito.

Por suerte, la segunda opción legal, según fuentes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), obtener la tarjeta sanitaria como mujer embarazada -en cuyo caso sí estará cubierta por la seguridad social- y luego decidir abortar. 'En un aborto se juntan las dos excepciones en las que sí están aseguradas las mujeres sin papeles: están embarazadas y es un caso de urgencia porque, cuanto más tiempo pase, peor es', detalla también Serrano.

Aun así, desde Acai aseguran que, incluso en los casos en los que las inmigrantes son reticentes a entrar en el circuito administrativo por miedo a que sea una excusa para encontrarlas y poder expulsarlas, sus médicos las atienden igualmente de forma gratuita. 'Lo primero es pensar en las mujeres', concluyen.