Tres fiscales italianos vendrán a Madrid para interrogar a Emilio Botín, presidente del Banco Santander, como protagonista de la operación en la que su entidad compró el banco italiano Antonveneta  por 6.600 millones de dólares y que, tres semanas después, vendió a la entidad italiana Monte Dei Paschi, por 9.300 millones.

Documentos incautados a la entidad ilatiala revelaron que el banco Monte Paschi tenía un acuerdo secreto con el Santander para dividir las 'ganancias' de la venta de Antonveneta y abrían una nueva fase de la investigación en la que Botín está inmerso. 'Dado que el número uno del Banco Santander, uno de los mayores banqueros de Europa, no se presenta en Siena, serán los fiscales toscanos quienes vayan a Madrid', recoge el diario Il Sole 24 Ore.

El análisis de los documentos mostraba que, para cubrir el agujero en las cuentas del banco italiano por la compra de Antonveneta, se establecieron operaciones de alto riesgo como los bonos de 2008. Además, el juez está convencido de que los dirigentes de Monte Paschi inflaron el valor de las acciones, lo que confirma la especulación que éstos han llevado a cabo durante los últimos años, especialmente entre junio de 2011 y enero de 2012. Monte Paschi firmó un acuerdo secreto con la entidad de Emilio Botín y con JP Morgan para repartirse de manera ilegal las plusvalías de la venta.

Botín, citado para finales de enero por los ficales, comunicó su indisponibilidad para presentarse, por lo que, al no poder ordenar el acompañamiento coactivo de un testigo desde el extranjero, los magistrados italianos han decidido venir a España, aunque no hay una fecha concreta para su 'visita'.

En estos momentos, Emilio Botín se encuentra en México presentando'el plan de crecimiento más ambicioso en los últimos diez años' en este país, según el propio Banquero. Público ha intentado hablar con representantes de la entidad para que aclaren la postura que defenderá su presidente durante eln interrogatorio de los fiscales italianos pero, por el momento, nadie ha contestado.

La llegada de los fiscales concide con la anulación por parte del Tribunal Supremo de los efectos administrativos -cancelación de antecedentes- del indulto que concedió el Gobierno de Zapatero en noviembre de 2011,  al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáez, condenado a tres meses de arresto e inhabilitación por estafa cuando era presidente de Banesto, entidad recientemente absorbida por el Santander.