Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres tienen hasta la medianoche de mañana, miércoles, para constituir la fianza de casi 8,2 millones de euros que les impuso la semana pasada el juez José Castro, que investiga el presunto desvío de fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nóos.

A menos de dos días para que se cumpla el plazo no hay ningún indicio o movimiento que indique que el yerno del rey vaya a hacer frente a la fianza . Ayer, lunes, el abogado de Urdangarin reconoció que el asunto 'pinta feo'. Este martes, el letrado del duque, Pascual Vives ha recurrido el pago de la fianza, lo cual no exime a Urdangarin de hacer frente al pago antes de que finalice el plazo si no quiere que se prodeda al embargo de sus bienes.

Pascual Vives ha asegurado en declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho que todavía no ha alcanzado un acuerdo 'en firme' con el abogado de Torres, Manuel González Peeters, sobre cómo harán frente a la fianza. 

Si en la medianoche de mañana el marido de la infanta Cristina y su exsocio no hubieran satisfecho la fianza, el juzgado puede iniciar el proceso conocido como 'apremio' e iniciar los trámites para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir los casi 8,2 millones de euros.

Según han indicado fuentes judiciales, la pasada medianoche concluyó el plazo para que los afectados presentaran recurso de reforma contra la fianza al propio juez Castro, aunque tienen toda la jornada de hoy y de mañana para interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

El pasado día 30, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear ordenó al duque de Palma y a Torres aportar, de forma solidaria, 8.189.448,44 euros en concepto de fianza de responsabilidad civil por las posibles responsabilidades que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos.

La cifra, que se ajusta con exactitud a lo que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.

En el auto en el que impuso la fianza, el juez instructor del caso Nóos señaló que en la causa hay 'más que suficientes indicios de criminalidad' en la actuación de Urdangarin y Torres al frente del Instituto Nóos.

Apuntó a la comisión por parte de ambos de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias en varios de los convenios que suscribieron a través de Nóos.

En el auto, el juez Castro detalló numerosas irregularidades en los convenios firmados entre el Instituto Nóos y las administraciones públicas, que calificó de 'transgresiones palmarias' de la ley.

Además acusó a los principales imputados de crear la entidad como supuesta asociación cuando estaba presidida por un 'desmedido ánimo de lucro'.

Hoy, martes, el abogado Pascual Vives ha asegurado que está preparando con Urdangarin su declaración del 23 de febrero ante el juez Castro, y ha asegurado no saber si el abogado de Torres puede estar preparando la entrega de nuevos correos electrónicos que impliquen a la Infanta Cristina.