La supuesta contabilidad amanuense que llevaba el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, refleja, además de que los dirigentes conservadores -incluido el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- habrían cobrado sobresueldos en dinero negro desde hace 20 años, otra realidad muy ligada a la tan cacareada transparencia de la que ayer presumía la secretaria general, María Dolores de Cospedal. El partido en el Gobierno estuvo violando las distintas leyes de financiación de las formaciones políticas al aceptar, siempre según las informaciones publicadas ayer por el diario El País, donaciones por cantidades que superaban el máximo permitido.

Comenzando por lo más reciente, las supuestas anotaciones contables de febrero de 2008 en las que según se aprecia, el constructor y presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, habría donado 250.000 euros al PP, además de otros 150.000 supuestamente provenientes de Mercadona, podrían considerarse ilegales.

En ese momento estaba vigente la Ley Orgánica 3/1987 sobre Financiación de los Partidos Políticos, que estipulaba en el capítulo 2, apartado cuatro, epígrafe b que los partidos no podían recibir 'aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica, superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año'. Esos 10 millones de pesetas se traducirían en 60.000 euros, por lo que las cantidades supuestamente ingresadas tanto por Villar Mir como por la cadena de supermercados de Juan Roig, habrían pasado con creces el límite legal.

Cabe recordar que por aquel entonces el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero estaba preparando una revisión de la normativa de 1987 y que no entraría en vigor hasta julio de 2008. La legislación aprobada por los socialistas con el visto bueno del Congreso era más permisiva si cabe con respecto a las donaciones anuales que podían aportar privados o empresas, ampliando el límite hasta los 120.000 euros. En cualquiera de los dos supuestos, también se habría violado la ley. El País aseguraba ayer que tanto Villar Mir como Mercadona habían negado que hubieran hecho donativos al PP.

Según los documentos publicados por dicho diario, Villar Mir también habría hecho aportaciones en 2004 y 2006 por valor de 100.000 euros y 180.000 euros, que hubieran sobrepasado con creces los límites legales.

En esos papeles consta asimismo una supuesta donación de Pablo Crespo, imputado por la trama Gürtel y considerado número dos de Francisco Correa, por un valor de 21 millones de pesetas en mayo de 1999. En dicha anotación se lee '5/99 P.Crespo' y el importe de la donación. Nuevamente, en este caso se duplicaría el límite permitido por la L.O. de 1987. Otros personajes relacionados con la Gürtel que según El País habrían realizado pagos al PP serían Alfonso García Pozuelo y Juan Cotino.

En los asientos contables aparece el nombre de otro constructor, Luis del Rivero, expresidente de Sacyr que, según la supuesta contabilidad de Bárcenas habría donado al PP 100.000 euros el 5 de mayo de 2003. El empresario también negó ser 'De Javier (L. del R.)', como muestran los documentos publicados. 'L. Rivero' aparece como donante de nuevo el 6 de noviembre de 2006 con 60.000 euros. Cantidad que, en caso de que se hubiera producido, no se podría considerar ilegal al entrar dentro del límite de los 10 millones de pesetas.

Por último, de los datos revelados ayer, destacaría la presencia de José Mayor, hermano de Jaime Mayor Oreja y presidente de la constructora FCC, que habría aportado 165.000 euros en 2008, superando de nuevo el máximo.

La norma volvió a sufrir otra modificación el año pasado. El 22 de octubre el BOE publicaba el texto de la nueva Ley Orgánica 5/2012 sobre financiación de los partidos políticos que había sido aprobada en junio en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios a excepción de Amaiur, que se manifestó en contra y La Izquierda Plural, que se abstuvo. El límite legal se mantuvo en los 100.000 euros, pero se introdujo la obligación de que a partir de los 50.000 euros los partidos tendrían que comunicárselo directamente al Tribunal de Cuentas.

Precisamente uno de los cambios de los que se vanaglorió el PP es que el nuevo texto obliga a los partidos a publicar sus cuentas en sus respectivas páginas web, una vez que obtengan el visto bueno de dicha corte que, a la postre, es la encargada de fiscalizar a los partidos. El problema es que el TC acumula unos retrasos históricos difíciles de supera ya que las últimas cuentas fiscalizadas que ha publicado corresponden a 2007. En sus objetivos para el año pasado estaba ponerse al día, pero no lo consiguió. En 2013 promete emitir el informe sobre la fiscalización de los partidos desde 2008 hasta 2012.