Iñaki Urdangarin actuó concertadamente con Diego Torres para aprovecharse de su parentesco con la Casa Real en su 'desmedido ánimo de lucro', con el objeto de 'rentabilizar' ante entidades públicas y privadas 'el área de influencia, real o de obligada imaginación', derivado de la posición del exbalonmanista a raiz de su matrimonio con la infanta Cristina.

Así lo señala el juez Castro en el auto, de 542 folios, dictado este miércoles, en el que impone una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8.189.144,44 euros a Urdangarin y Torres.

El juez recoge un amplio relato de hechos que recuerda como el Instituto Nóos de Investigación Aplicada nombró en septiembre de 2003 una nueva Junta Directiva en la que Urdangarin era presidente; Torres, vicepresidente; Miguel Tejeiro --cuñado del anterior--, secretario; Carlos García Revenga --asesor de las infantas--, tesorero; y la infanta Cristina, vocal.

Frente a la declarada definición legal de Nóos como entidad 'sin ánimo de lucro', el magistrado subraya que 'su propio actuar' desveló que 'en la realidad estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro'.

En otro pasaje del auto, el juez subraya, como contraste por la ausencia de formalidades legales que debieron seguir y no siguieron los gobiernos balear y valenciano al contratar a Urdangarin, que 'la Ley' es 'igual para todos, con inclusión del duque de Palma y, al no entenderlo así el entonces Presidente de esta Comunidad Autónoma (se refiere al balear Jaume Matas). lo que hizo fue aparcar toda la normativa sobre contrataciones de las Administraciones Públicas'.

Prosigue el magistrado que Matas se 'doblegó' 'ante quien se presentaba enarbolando una prepotencia, sin duda alguna derivada de su parentesco con S.M. el Rey, y quizá como conveniencia derivada de que aquél tradicionalmente venga eligiendo a Palma de Mallorca para sus estancias veraniegas'.

El magistrado hace un crudo relato de cómo el Instituto Nóos consiguió firmar convenios con los gobiernos de Baleares y Valencia, presididos entonces por Matas y por Francisco Camps, respectivamente, que le reportaron unos ingresos de 6,1 millones de euros, pese a que ninguna de las dos comunidades tenía necesidad alguna de celebrarlos, y de que se concertaron con carácter previo a firmarse, incumpliendo cualquier formalidad o previsión legal, aunque a posteriori trataban de revestirse de legalidad.

Como dice al referirse a alguno de los negocios --en concreto a los proyectados Juegos Europeos de Valencia-- se cambiaron los criterios de 'concurrencia y publicidad', propios de una contratación regular por parte de las administraciones públicas, por los 'de amiguismo y oficiosidad'.

En ese sentido, el juez destaca que Urdanagarin y Torres no son 'los únicos criminalmente responsables'. 'Deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión', dice el juez en alusión a los representantes de la Administración que podrían ser responsables.

Y en la esfera privada, donde existen suficientes indicios de que el protagonismo en los hechos en Urdangarin y Torres, añade que existen otra serie de personas, 'unas perfectamente identificadas y otras que previsiblemente lo estarán, que han colaborado de manera diversa en la actividad delictiva'.

Urdangarin y Torres, según ha establecido el juez de forma indiciaria, crearon un entramado de sociedades que les sirvieron para cobrar los fondos derivados de las adminsitraciones públicas, así como para su desvío a paraísos fiscales. En algunas de esas empresas figuraban sus esposas, la infanta Cristina en Aizoon, Namasté o como vocal en Nóos, y Ana María Tejeiro --mujer de Torres--, en más entidades.

Asimismo, el auto incide en que Urdangarin continuó al frente de Nóos tras abandonar el Instituto en marzo de 2006 por recomendacion de un emisario del rey Juan Carlos, el conde de Fontao, quien le aconsejó dejar ese tipo de negocios después de que en el Parlamento balear comenzase a debatirse sobre las condiciones de legalidad de uno de ellos --el Illes Balears Forum--. El juez destaca que ha quedado acreditado en la instrucción que el duque siguió al frente del Instituto, por lo que su desvinculación fue 'sólo aparente y no real'.

En el auto se atribuyen a Urdangarin y Torres presuntos delitos de falsedad en documento oficial, tráfico de influencias, fraude a la Administración, prevaricación y malversación de fondos públicos. Posteriormente a los hechos que desencadenaron la petición de fianza civil del fiscal y las acusaciones, el juez ha imputado a ambos también delito fiscal por un monto total de 470.000 euros.