Hasta ahora, las investigaciones en torno a la trama Gürtel sólo habían hecho referencias imprecisas sobre una posible financiación ilegal ('delito electoral') del PP nacional. Desde la sede de la calle Génova, se aseguró oficialmente que la dirección nacional había cancelado su relación directa con las empresas de Francisco Correa en 2004, coincidiendo con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP y se desvinculó de las cuentas del PP valenciano (PPCV), que sí muestra claros indicios de ese delito a través de la trama corrupta en la etapa de liderazgo de Francisco Camps. Sin embargo, el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, siempre mantuvo que la dirección nacional del partido auditaba todas las cuentas de sus formaciones regionales y, por tanto, tenía conocimiento de todos los movimientos de sus finanzas.

En febrero de 2009, la imputación del tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, por parte de Baltasar Garzón hizo saltar todas las alarmas en la calle Génova. Bárcenas, también senador por Cantabria, habría cobrado más de 1,5 millones de la trama Gürtel e iba a investigarse toda su contabilidad, que en definitiva, confluía con la del partido, pues el tesorero lo era desde 2008, pero estaba en las entrañas de la gestión financiera del PP desde hacía dos décadas. En septiembre de 2011, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, declaró el archivo de la causa en la que Bárcenas estaba imputado y el partido respiró aliviado. Pedreira, en un auto del 25 de mayo de 2010  en el que se inhibía a favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y a tenor de los informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, apuntaba, además de a la financiación ilegal de la campaña autonómica valenciana de 2007, a 'hechos que podrían ser también constitutivos, sin perjuicio de la calificación que resulte tras la completa instrucción, de un delito electoral vinculado a las elecciones de 2008', en referencia a los comicios generales  en los que Mariano Rajoy perdió por segunda vez la Presidencia del Gobierno. Lo que no se sabía entonces era que Bárcenas tuviera cuentas en Suiza, que llegaron a alcanzar los 22 millones de euros en 2007.

Con la salida a la luz de estas cantidades de dinero en manos de Bárcenas, el Partido Popular aguarda con expectación y temor a que se conozcan los movimientos de las cuentas de su extesorero nacional y que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está investigando en Suiza. Sobre todo, porque, según las cuentas que detalla el magistrado en su auto del 16 de enero, existe un desfase entre los movimientos bancarios de finales de 2007 (22.144.832,35 euros) y los de finales de 2008 (13.673.661,92 euros) de 8.471.170,37 euros cuyo destino se desconoce. El descenso abrupto de la cuenta en 2008, además, se produce después de un ascenso paulatino de la misma desde finales  de 2005 (14.885.976,99 euros) hasta 2007, pasando por 2006 (19.757.330,31 euros). En 2009 (con un saldo de 11.853.921,77 euros en octubre) y según el juez Ruz, al saberse investigado, durante el verano, Bárcenas procede a realizar varios traspasos del dinero a nombre de la sociedad Tedesul al mismo banco (Dresdner Bank (LGT) y al Lombard Odier Darier, en el que ya había tenido otra cuenta. Asimismo, realiza sendos movimientos por valor de 2,5 millones dos cuentas de Estados Unidos.

Ninguna fuente consultada confirma ni desmiente la vinculación del dinero desaparecido a la campaña electoral

Ninguna de las fuentes consultadas en el PP se atreve a confirmar o desmentir, de momento, que los 8,5 millones desaparecidos en 2008 estén vinculados a la financiación de la campaña electoral de Mariano Rajoy para las elecciones generales de marzo de ese año; tan sólo se remiten a la investigación en curso y al resultado de las dos auditorías encargadas, interna y externa. Los gastos de la campaña electoral de 2008 ejecutados por el partido ('Recursos declarados') ascendieron a 22,6 millones de euros, de los que 5,6 fueron 'Anticipos de la Administración' y 17, 'Operaciones de endeudamiento', según el informe del Tribunal de Cuentas.

En el seno del PP argumentan que nadie controlaba el aparato de financiación del partido, ni siquiera 'los que cobraron sobresueldos en negro, si los hubo'. Luis Bárcenas hacía y deshacía a su antojo y nadie le preguntaba de dónde procedía el dinero. Rajoy lo hizo tesorero en 2008, pero hasta entonces, el ex senador ejerció el idéntico control sobre las cuentas, aunque el tesorero fuera Álvaro Lapuerta, 'una especie de reina madre' que delegaba completamente en el cántabro.

En el PP aseguran que nadie excepto el extesorero controlaba la financiación del partido

De puertas adentro, de hecho, el partido mostró su sorpresa cuando, en el marco de la investigación de la trama Gürtel, un informe de la Agencia Tributaria (AET) solicitado por el juez concluía que, en el ejercicio de 2007, Bárcenas había sido 'titular de cuatro cuentas y autorizado de 13 más', entre ellas, una de la que también era autorizado -no titular- el también diputado Lapuerta. Dicha cuenta se abrió en el Banco Popular, en una sucursal madrileña al lado del Congreso de los Diputados y sumaba abonos en 2007 por valor de cerca de 17 millones, según el banco de datos de la AET, que decía desconocer quién era el titular de la cuenta.

Además, en ese año, Bárcenas poseía una cuenta personal en Caja Madrid -en una sucursal cercana a su domicilio- con una suma de abonos de más de 3 millones, mientras que su esposa, Rosalía Iglesias, tenía otra en la misma sucursal, con cerca de 11 millones. Todo ello, sin conocerse aún el dinero que acumulaba desde 2001 en Suiza el tesorero del PP. Al año siguiente, con todo el control sobre esas millonarias cuentas, Rajoy lo hizo tesorero nacional.

Entre los documentos que guarda celosamente Bárcenas -y que le serán solicitados por la actual tesorera Carmen Navarro para su auditoría-, estaría la explicación sobre la procedencia y destino de todo este volumen de dinero o, al menos, así lo creen en el PP, cuyos miembros dicen 'desear' que se conozca todo -incluida la financiación ilegal si la hubiere- y se depuren responsabilidades, aunque si se confirma este extremo, el partido podría resquebrajarse íntegramente.