MADRID.- El 24 de enero de 1977, Alejandro Ruiz, abogado laboralista de Comisiones Obreras, acudió como cada día al local que el sindicato tenía en la céntrica calle de Atocha. Ruiz se encontraba en una reunión con otros ocho compañeros. En el ambiente de la ciudad se respiraba el miedo. Ellos sabían que en la España de la época corrían peligro. Pero nadie imaginaba algo así. A las 22.40 horas de la noche un grupo de tres pistoleros asaltó el despacho. Preguntaron por Joaquín Navarro, histórico líder de Comisiones Obreras. No estaba. Desde entonces, nada fue igual.

“Nos agruparon en una esquina del hall del despacho y sin mediar palabra se liaron a tiros con nosotros. Era evidente que fueron a matarnos. Los altos teníamos tiros en el corazón y los bajos en la cabeza. Una vez que estábamos en el suelo nos intentaron dar el tiro de gracia. Yo salvé la vida porque tenía un bolígrafo en la camisa y me rebotó la bala. Me abrió una herida pero no tocó hueso y cuando nos dieron los tiros de gracia a mi sólo me hirieron en la pierna derecha porque era lo único que no ocultaba el cuerpo de mi compañero Enrique Valdevira, cuyo cadáver tuvo que levantar para sobrevivir”, rememora para Público Alejandro Ruiz, abogado superviviente de la matanza de Atocha.  

De los nueve abogados que se encontraban en la sala cinco murieron en el acto: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Cuatro lograron salvar la vida: Luis Ramos, Miguel Sarabia, Dolores García y el propio Alejandro.

El mismo 24 de enero, horas antes de la matanza de Atocha, un bote de humo lanzado por la Policía impactó en la frente de la estudiante universitaria Mariluz Nájera, causándole la muerte. En ese momento, Mariluz se encontraba en la manifestación protesta por el asesinato de otro joven estudiante un día antes: Arturo Ruiz, quien fue tiroteado por un grupo de extrema derecha durante una manifestación que pedía la amnistía para los presos políticos que aún estaban encarcelados.

“La Transición no es el cuento de hadas que nos cuentan. Cada vez que había una fecha decisiva para el cambio político se recrudecía la violencia política en la calle. El objetivo era que la calle no fuera de izquierdas, así como controlar el proceso sin tocar a los franquistas ni los grandes capitalistas. Se pretendía desestabilizar y frenar el proceso democrático”, analiza Mariano Sánchez, autor de la obra La Transición Sangrienta (Península).

Los datos que aporta Mariano Sánchez en su obra son demoledores. Entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes por violencia política (terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, guerra sucia y represión). De ellos, nada menos que 188 de los asesinados, los menos investigados, entran dentro de lo que el autor denomina violencia política de origen institucional. Es decir, los asesinatos “desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado”, explica Mariano Sánchez.

“Un ejemplo: al estudiante Arturo Ruiz lo mató un miembro de los guerrilleros de Cristo Rey de los que ayudaban a la policía a reprimir las manifestaciones. Es lo que entonces se llamaban grupos de incontrolados", agrega.

La investigación llevada a cabo por Mariano Sánchez detalla el origen de cada uno de los 591 asesinatos. Los grupos incontrolados de extrema derecha causaron 49 muertos; los grupos antiterroristas asesinaron a 16 personas, principalmente del entorno de ETA y el GRAPO; la represión policial le costó la vida a 54 personas; 8 personas fueron asesinados en la cárcel o en comisaría; 51 murieron en enfrentamientos entre la Policía y los grupos armados; ETA y el terrorismo de izquierdas asesinó a 344 y el GRAPO a 51.

Y un dato más. Sólo en 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones en España, el 76% del total. Había que controlar la calle porque, no hay que olvidar, la vía pública tenía un dueño. "El orden público fue un factor determinante de la Transición. Sirvió para frenar a la izquierda, que entró en el juego y renunció a las calles, donde se producían las reivindicaciones más fuertes. El cambio del franquismo a la democracia debía hacerse con el menor coste político y económico", explica Sánchez.El asesinato de Yolanda González

La violencia no cesó tampoco una vez aprobada la Constitución. En 1980, 30 personas fueron asesinadas por “violencia política de origen institucional”. Entre los numerosos atentados quedó grabado en la memoria el secuestro y asesinato en Madrid de la dirigente estudiantil Yolanda González, militante del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores, un pequeño grupo político que provenía de una escisión de la Liga Comunista Revolucionaria.

Yolanda, de apenas 18 años, fue secuestrada y ejecutada por un comando fascista compuesto por militantes de Fuerza Nueva, comandado por Emilio Hellín Moro, y organizado por el jefe de seguridad del partido de Blas Piñar. “La asesinaron y dejaron su cuerpo tirado en una carretera comarcal. Le quitaron la vida un tiro en la sien disparado por Hellín Moro, quien hoy vive plácidamente, a pesar de haber de que fue condenado a más de treinta años por el asesinato y secuestro de Yolanda”, escribe Sánchez.

La indulgencia de la justicia con los asesinos de extrema derecha de la Transición fue la tónica habitual. “Hay que partir de la base que los encargados de investigar los terrorismos era la misma gente que antes estaba en la Brigada Político Social de Franco. No se hizo una limpieza en las instituciones. Si la gente es la misma los resultados eran parecidos”, aprecia Sánchez. Una vez más, Atocha

La connivencia de la Justicia con los asesinos de ultraderecha se ejemplifica, una vez más, con el caso de la matanza de Atocha. Antes incluso del comienzo de la vista, el juez instructor del caso, Gómez Chaparro-que provenía del Tribunal de Orden Público- concedió un permiso de fin de semana a Fernando Lerdo de Tejada, sobrino de una secretaria de Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva) e imputado en la causa por asesinato.

Lerdo de Tejada jamás regresaría a la cárcel de Ciudad Real y, hasta hoy, permanece desaparecido. Su delito prescribió en febrero de 1997. Los otros dos imputados por el asesinato de los abogados, Fernández Cerrá y García Juliá, sí fueron juzgados y condenados, cada uno, a 193 años de cárcel. Además, el secretario provincial del Transporte de Madrid, Francisco Albadalejo Corredera, fue condenado a 73 años de prisión por haber dado la orden.

Apenas 14 años después de aquella noche de enero de 1977, en el año 1991, García Juliá obtuvo la libertad condicional. No obstante, su estancia en libertad duró poco tiempo. El 11 de mayo de 1996 era detenido por la policía boliviana bajo la acusación de tráfico de drogas. Por último, Fernández Cerrá cumplió 15 años de cárcel y salió con la condicional en 1992.

Nunca se investigó más arriba de Albadalejo. Las sospechas de que el asesinato fue organizado desde élites políticas cercanas al franquismo han circulado siempre entre los abogados supervivientes y su círculo. Sin embargo, nunca se investigó. “La investigación judicial impidió saber quien estaba detrás de los asesinos. Se impidió una investigación mayor que, probablemente, hubiese unido a estos asesinos a partidos de extrema derecha y a algún sector ultra del franquismo”, asegura Alejandro Ruiz, quien afirma que aun hoy hay gente reticente a reconocer que este atentado fue alentado por sectores del Estado.

“Nos movemos en un tiempo muy difícil entre la memoria y el olvido, pero sin memoria no se puede tener futuro. La democracia le costó la vida a cientos de personas. No fue fácil llegar hasta aquí ni construir una democracia en la que todos tenemos cabida. Recordémoslo”, sentencia Alejandro Ruiz.