El Estado financia una quarta parte de la ley de Dependencia cuando debería aportar prácticamente la mitad. De hecho, su inversión ha pasado del 39,2% en 2009 al 21,4% en 2012, que supone un total de 6.570 millones de euros. Son los datos que se desprenden del último diatamen referente a los seis últimos meses de 2012 elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que vaticina que en 2013 ese porcentaje ni siquiera llegue al 20%, lo que supondrá un recorte de 200 millones de euros adicionales. 

En contrapartida, son las comunidades autónomas -cada vez más asfixiadas económicamente- las que cada año aportan más dinero al desarrollo del sistema. Aun así, la mitad de ellas, según el informe, suspenden en la aplicación de la ley. El País Valencià, Canarias, Balears, Ceuta y Melilla tienen la calificación de muy deficiente, y el dictamen señala el descenso notable de alguna comunidad, como Aragón, que suspende por primera vez, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. Por el contrario, el observatorio señala que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.

'A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la ley, ya no hay un estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino un retroceso en los principales indicadores', ha señalado el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez. Según el documento, a pesar de la bajada del promedio de solicitudes mensuales -de 9.381 en 2011 a 2.478 en 2012- se mantiene una cifra constante superior a 100.000 personas a la espera de ser valoradas. Los datos oficiales también confirman que 'de la paralización del sistema se está pasando a su involución'. A 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con Programas Individuales de Atención-PIA-) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado, de 1 de diciembre, constata un total de 770.949 personas con atención.

Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas (el 23%) en el limbo de la dependencia, es decir, con derecho a atención pero que no la reciben. Esta cifra representa una reducción respecto a 2010 por las bajas resultantes de la modificación del calendario de la ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015, y por las bajas de aquellas personas que han fallecido durante esos meses. 'El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por  abandonarlas', señala el dictamen.