El Gobierno ha decidido imponer el silencio total sobre el éscandalo de las cuentas en Suiza del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y los supuestos sobres con dinero negro que cobraron los dirigentes del partido entre 1989 y 2009. Pero Izquierda Unida ha seguido pidiendo explicaciones al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy y si el lunes solicitaba su comparecencia y la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, este viernes ha presentado toda una batería de iniciativas parlamentarias orientadas a que el Congreso aclare los casos de corrupción y financiación ilegal ligados a los partidos.

El plato fuerte  de la ofensiva de IU llega de la mano del portavoz del grupo La Izquierda Plural, José Luis Centella, y del Diputado por Asturias, Gaspar Llamazares. Ambos han pedido por escrito al Gobierno que traslade al Congreso toda la documentación relativa al “listado de sociedades y personas físicas que se han acogido a la regularización fiscal especial (amnistía fiscal) acordada por el Gobierno mediante el Decreto Ley 12/2012”. Esta solicitud llega después de que la Agencia Tributaria y el abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, protagonizaran una absurda polémica ayer de afirmaciones y desmentidos sobre cómo lavó el dinero el extesorero conservador, por lo que tanto Centella como Llamazares reclaman que se especifiquen claramente 'los nombres y la cuantía correspondiente regularizada en euros”.

Al hilo de esta solicitud, el coordinador federal, Cayo Lara, registró la siguiente pregunta al Ejecutivo: '¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para que sea posible conocer en el Congreso la famosa lista de defraudadores anunciada por el ministro Montoro a finales del año pasado con el fin de actuar inmediatamente contra ellos?'. El Gobierno, para no difundir los nombres, se había escudado en que la Ley no lo permite. Y es así, aunque en aquel momento Montoro vendió la idea de que estaba trabajando en una modificación al articulado para hacerlo posible. Por el momento no se ha vuelto a saber más, de ahí que Lara también pregunte '¿cuál es la fecha prevista para dar a conocer la lista?', '¿qué motivos existen para que esta lista no esté ya en manos de la Fiscalía, eliminando de esta forma la posible existencia de un caso de presunta prevaricación?' y '¿qué opinión le merece al Gobierno que antiguos cargos del partido que le sustenta en el poder se haya acogido a esta amnistía fiscal?'. 

Lara ha solicitado asimismo al Gobierno información sobre el 'número de investigaciones abiertas desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos, cuántos procedimientos judiciales se han abierto desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos' y el 'desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fecha de incoación de diligencias previas'.

El ministro Montoro va a tener complicado escaparse ya que la solicitud llega por partida triple

Llamazares, como portavoz en la Comisión de Justicia, ha hecho llegar también una solicitud para que se le entrege a IU un 'desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fase procesal en que se encuentran cada uno de ellos', y el 'número de sentencias condenatorias desde 2004 por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos'. Para completar la información que puedan recibir y 'teniendo en cuenta la creciente alarma social', desde IU se ha reclamado la comparecencia del fiscal anticorrupción cante dicha Comisión.

Por otro lado, Centella -como ya hiciera el lunes-, ha vuelto a pedir la comparecencia de Montoro. En este caso, para que detalle 'los resultados del proceso de amnistía fiscal e informe de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a la misma'. El ministro va a tener complicado escaparse ya que la solicitud llega por partida triple. A la de principios de semana se le une esta, firmada conjuntamente con el PNV, y otra petición para que Montoro haga una intervención ordinaria en la Comisión de Hacienda. IU pretende así sortear la tónica habitual: que el Gobierno frente en la Mesa de la diputación permanente cualquier intento de la oposición porque algún miembro del Ejecutivo comparezca en el Congreso. Dicha Mesa se reunirá el próximo día 22.