El conductor 'kamizake' indultado hace unos días por el Gobierno, pese a tener una condena de 13 años de cárcel, fue defendido por Esteban Astarloa, hermano del diputado del PP y exalto cargo de Interior y Justicia Ignacio Astarloa, del despacho Uría y Menéndez, donde también trabaja el hijo mayor del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, firmante él mismo de la medida de gracia, según publica este miércoles el periódico Información, de Alicante. 

Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron que el hijo mayor del titular del departamento José Ruiz-Gallardón Utrera, trabaja como abogado ejerciente en ese despacho, aunque ha estado destinado hasta hace pocas fechas en Sao Paulo (Brasil) --donde sufrió un incidente en un atraco del que salió indemne, aunque un amigo suyo murió-- y actualmente tiene puesto en Madrid --en el área de fusiones y adquisiciones del despacho, según el periódico alicantino--.

Por su parte, Esteban Astarloa es socio del mismo despacho desde 2002, y se encarga de la defensa de Ramón Jorge R.S., el hombre que ha conseguido el indulto del Gobierno para eludir la cárcel pese a haber sido condenado a 13 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Valencia por conducir varios kilómetros en dirección contraria a alta velocidad por una autopista, hasta chocar frontalmente con otro vehículo que iba en sentido correcto, cuyo conductor resultó muerto y su acompañante, herida.

La sentencia le consideró autor de un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños. El hermano del abogado, Ignacio Astarloa, fue subsecretario del Ministerio de Justicia --departamento que tramita los indultos-- y secretario de Estado de Seguridad-

El Ejecutivo aprobó el 7 de diciembre de 2012, tal y como recogía el pasado 5 de enero el Boletín Oficial del Estado (BOE), indultar al hombre, condenado por la Audiencia de Valencia. En concreto, el Gobierno conmuta al acusado la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de dos años de multa, que satisfará en cuotas diarias de seis euros, cuyo inicio y forma de cumplimiento --según recoge el decreto-- serán determinados por el tribunal sentenciador, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del texto.

Respecto a que el hijo de Ruiz-Gallardón trabaje en el despacho Uría y Menéndez, fuentes de Justicia subrayan que en esa empresa trabajan 538 abogados en 15 oficinas abiertas en todo el mundo.

El indulto fue concedido pese all informe contrario de la Fiscalía y de la Audiencia de Valencia, según el diario Información. Otras fuentes conocedoras del caso señalan que sí hubo un informe favorable del centro penitenciario donde cumplía condena hasta recibir el indulto --sólo ha estado un total de diez meses en prisión--. La cárcel destacó que era una persona de 'conducta intachable' en la prisión. Asimismo, en el expediente se han estudiado informes médicos que señalaban que el hombre pudo padecer un ataque de epilepsia cuando ocurrieron los hechos, según las mismas fuentes.

El caso fue denunciado el lunes por la delegada de la Asociación Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico (Stop Accidentes) en la Comunidad Valenciana, Ana Novella, quien recordó que el accidente se registró en 2003 en la autopista AP-7, en el tramo Silla-San Juan (Valencia).

Novella explicó que elevarán su protesta contra la decisión del Ejecutivo a la Fiscalía de Seguridad Vial 'para que tenga conocimiento de este tipo de indultos'. Asimismo, extenderán su escrito de queja al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Esta portavoz lamentó que se concedan estos indultos 'teniendo en cuenta que cuesta mucho que salgan este tipo de sentencias' condenatorias. Así, ha criticado que 'una vez se han puesto, llega el Consejo de Ministros e indultan al acusado y no pasa nada'. De esta forma es, según ha dicho, 'como si no hubiera pasado nada'. Esta resolución es, a su juicio, 'incongruente' con la pregonada intención del Ejecutivo de paliar los accidentes de tráfico y bajar el número de víctimas.

Según consta como probado en la sentencia, el incidente tuvo lugar el 1 de diciembre de 2003. En la tarde de ese día, el hombre golpeó su vehículo contra otro cuando circulaba por la A-7, a la altura de Torrente-Calicanto. Éste tuvo que apartarse, se detuvo en el arcén y avisó de lo ocurrido a los servicios de emergencia.

Seguidamente, el conductor accedió a la AP-7 por el peaje de Silla, y cuando llegó a la altura del punto kilométrico 551-552, efectuó un cambio de sentido y comenzó a circular en sentido contrario entre los dos carriles, a gran velocidad.

Los coches con los que se cruzaba tenían que apartarse hacia el arcén o a la mediana para evitar una colisión. El hombre circulaba sin emplear ningún otro dispositivo para avisar al resto de usuarios de la vía de su conducción contra sentido, y sin efectuar maniobra alguna de evasión para eludir los vehículos que circulaban en sentido correcto.

Cuando se hallaba en el tramo Silla-San Juan, en el término municipal Polinya de Xúquer y Partido Judicial de Sueca, en tramo recto, a nivel y de buena visibilidad, colisionó frontalmente contra un turismo en el que viajaba una pareja. Como consecuencia del impacto, el hombre falleció de un traumatismo craneoencefálico y su novia sufrió diferentes lesiones.