Las asociaciones de jueces y fiscales han acordado este martes amenazar por enésima vez con una huelga al ministro de Justicia, aunque en esta ocasión anuncian que el paro se convocará el 5 de febrero y tendrá lugar antes del 15 del mismo mes, siempre que Gobierno y PSOE traspasen las 'líneas rojas' que van a elaborar conjuntamente para la reforma prevista del Consejo General del Poder Judicial.

La Comisión Interasociativa comenzó a hablar de la posibilidad de una huelga de jueces y fiscales contra la política judicial del Gobierno el pasado mes de junio, aunque de momento no han conseguido concretarla, pese a haber llevado a cabo otras medidas de protesta como concentraciones y un paro parcial de una hora.

En un comunicado aprobado por las siete principales asociaciones de jueces y fiscales, se destaca que 'si no se obtiene una respuesta satisfactoria, el día 5 de febrero de 2013, la Comisión Interasociativa se reunirá y convocará una huelga de Jueces y Fiscales que tendrá lugar dentro de los diez días siguientes'.

De momento, lo que han salvado las asociaciones es su unidad de acción, puesta en peligro por la decisión de la mayoritaria Asociación  Profesional de la Magistratura de reunirse este lunes con el ministro Ruiz-Gallardón, a quienes los demás habían dejado de considerar interlocutor válido para negociar sus reivindicaciones.

El nuevo comunicado de las asociaciones anuncia que elaborarán un documento 'donde se recojan los límites de la reforma del CGPJ que entendemos no pueden ser traspasados', y que elevarán tanto al Ministerio de Justicia como al PSOE, que según ellos han pactado el  Anteproyecto aprobado por el Gobierno.

La Comisión reclama a ambos 'que retiren aquellas reformas que acaban con la independencia del Poder Judicial. La misma solución se adoptará respecto de aquellas líneas que deban potenciar la autonomía del Ministerio Fiscal en su Estatuto Orgánico'. Asimismo, darán traslado de dicho documento a los demás colectivos y fuerzas políticas.

Las asociaciones señalan que apuestan por la vía del diálogo, pero que 'el tiempo se agota', por lo que dan un ultimátum al Gobierno.

La Comisión plantea siete reivindicaciones principales:

 -. Un sistema de elección de Vocales Judiciales que garanticen la independencia del Poder Judicial y evite intromisiones políticas.

-. Garantizar las competencias del CGPJ y que el mismo pueda velar por la independencia de Jueces y Magistrados, asegurando las salvaguarda de este órgano frente al poder político.

-. Una reforma urgente del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce la autonomía e imparcialidad de los Fiscales frente al Poder Político y potencie al Consejo Fiscal

.-. Asegurar la estructura orgánica del Poder Judicial de modo que garantice que, a través del mismo, se ejerza el control sobre la correcta administración de justicia, apartando este control de injerencias políticas.

-. Una reglamentación sobre el sistema de sustituciones y bajas por enfermedad de Jueces y Fiscales que no produzca las disfunciones y dilaciones que ha generado la nueva modificación de la LO en este sentido.

-. Que no se legisle sin contar con la opinión de los colectivos jurídicos que tienen un mayor conocimiento de la realidad de la Justicia

.- Una modificación del sistema actual de tasas que impide el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.