La vicepresidenta y el ministro de Economía han anunciado esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo del Ministros la “creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda”. Sin embargo, y tal y como ha confirmado posteriormente Luis de Guindos, la bolsa de pisos que conforma este Fondo se nutrirá de inmuebles que están en manos de la banca debido a ejecuciones por impago, por lo que algunas han pasado ya al Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB).

Debido a que las negociaciones con los bancos están todavía empezando, el Ejecutivo no ha concretado cuántos pisos se incluirán en el Fondo o quiénes y cuándo podrán acceder a los mismos. El ministro ha matizado que en un país donde existen “700.000 viviendas vacías” no debería haber problema de disponibilidad. Lo que sí ha aclarado la vicepresidenta es que los alquileres de estas viviendas para desahuciados tendrán “precios muy bajos”.

El Gobierno ha decidido dar luz verde a esta medida urgente junto a la paralización durante dos años de los lanzamientos o fase final del desahucio que afecten a los colectivos que no superen un nivel de renta superior en tres veces al importe del Indicador Público de Rentas de Efectos Públicos (IPREM), situado en 532 euros al mes. Por tanto, tendrán una moratoria de dos años las unidades familiares que no superen una renta anual de 19.200 euros, la vivienda impagada sea la única en propiedad o cuando la hipoteca  suponga el pago de cuotas superiores al 50% de sus ingresos netos.

Estas primeras condiciones, además, deberán confluir en algún punto con otro paquete de ellas que enumera el Gobierno en una escueta referencia del Consejo de Ministros de hoy: “Ser familias numerosas conforme a la definición en la legislación vigente, constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo,  ser familias con algún menor de tres años, tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo, constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral, o estar en algunos supuestos de violencia de género”. La medida del Gobierno no aclara todavía en qué condiciones el deudor que cumpla los requisitos para la moratoria de dos años retomaría la hipoteca, aunque las fuentes consultadas las dejan en manos de los bancos y su adhesión a un Código de Buenas Prácticas reforzado.

La reforma de la Ley Hipotecaria de 1909 que incluía el PSOE en la intensa negociación de estos días con el Ejecutivo y que han pedido, además, todos los grupos de la oposición se queda, de momento, en el aire, porque lo que se ha buscado hoy es dar una “respuesta urgente y paliativa a la dura situación económica”, dentro de una “primera fase” de medidas que se adoptan, sobre todo, “por razones humanitarias” y que se dirigen a los sectores “más vulnerables” de la sociedad, ha recalcado Sáenz de Santamaría en las distintas ocasiones en que ha sido preguntada por esta modificación. Ahora, según explicó la número dos del Gobierno, este Real Decreto Ley de protección de los deudores hipotecarios pasará a ser tramitado en las Cortes, en donde el Ejecutivo confía en que todos los grupos parlamentarios hagan aportaciones, pero “especialmente el PSOE”.

La vicepresidenta y el ministro de Economía han emplazado a un debate “más sosegado” y un “análisis más profundo” de posteriores iniciativas que se tomen en relación con los desahucios y que afectan, sobre todo, al contenido de los contratos hipotecarios (intereses de demora, tasación de las viviendas o cláusulas abusivas, entre otras). El ministro de Economía ha informado de que para el Gobierno, la dación en pago no es considerada una medida urgente, sino de “última instancia”, pues ya está incluida en el Código de Buenas Prácticas de la banca, pero “deja a los deudores sin vivienda”, que es justamente lo que pretende evitar el Ejecutivo.